Bolivia mantiene permanentemente abiertas las puertas para que comisiones internacionales verifiquen que en el país existe un pleno respeto pleno de los derechos humanos y constitucionales, manifestó el lunes el viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.
En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Llorenti hizo una amplia relación de la situación de los derechos humanos, de la justicia, y de los avances logrados en la lucha contra la pobreza y la corrupción.
“El Presidente Evo Morales ha manifestado que su Gobierno respetará con rigor la vigencia de los derechos humanos en Bolivia porque es un derecho inalienable que nadie puede violarlo”, dijo.
Agregó que en Bolivia funciona ya una Oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y si la OEA y si la CIDH quieren instalar una oficina similar, el Gobierno les proporcionará las facilidades que sean necesarias.
El Viceministro hizo una amplia relación de los avances que se han logrado en el país en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos, mucho más tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado mediante el voto del `pueblo y su promulgación en febrero pasado.
Reconoció que hay aún muchos temas que serán abordados para ser solucionados como la retardación de justicia. Reconoció que 75 por ciento de la población de los penales permanece en esos recintos sin un una condena ejecutoriada.
Sin embargo subrayó que ese asunto será abordado con una reestructuración institucional y de leyes como un nuevo Código Penal y su correspondiente Código de Procedimiento e invitó a la CIDH a cooperar con Bolivia para la adopción de otras medidas que posibiliten solucionar algunos problemas pendientes.
Llorenti subrayó que por ejemplo en la lucha contra la corrupción en Bolivia se han logrado avances, al punto que de ser considerados subcampeones mundiales de la corrupción entre los años 2001 y 2002, el actual gobierno ha adoptado drásticas determinaciones para sancionar todos los casos en los que sean detectados hechos de corrupción, por considerar este delito una violación a los derechos humanos porque afectan la marcha de un país y sus valores.
También anotó que existe la necesidad de mejorar el sistema penitenciario, lo que se hizo parcialmente por la falta de un adecuado presupuesto, aunque anotó que se inició una clasificación de los detenidos a fin de que los menores de edad que hayan sido imputados por algún delito sean trasladados a recintos especiales.
Con relación a la justicia, Llorenti anotó que es una deficiencia del Estado, no solamente del Gobierno, la no designación de magistrados para los Tribunales Constitucionales y Supremo de Justicia, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio Público, pero dijo que ese hecho se produjo porque no se lograron acuerdos en el Congreso y por la posición asumida por el Senado, que es controlado por la oposición, para bloquear esas decisiones y algunas Leyes de suma importancia para Bolivia.
Entre esas leyes mencionó el proyecto de Ley del Seguro Universal de Salud, que busca beneficiar a todos los bolivianos, y la Ley de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Esos proyectos de Ley fueron bloqueados por la oposición en el Senado por un cálculo político con el fin de afectar la gestión del Ejecutivo, sin medir que el verdadero perjudicado es el pueblo boliviano”, aseveró.
Otro de los asuntos abordados por el Viceministro ante la CIDH en Washington ha sido el relacionado al tema tierras, la titulación y saneamiento.
Reveló que entre 1996 y 2005 se entregaron títulos con el saneamiento de 9,3 millones de hectáreas, mientras el actual Gobierno ha entregado títulos y saneado tierras por una extensión total de 25 millones de hectáreas. Es decir “que en poco más de tres años se hizo mucho más en este campo que en diez años”, anotó.
Subrayó que en esta área se sigue trabajando, en especial si se ha detectado en algunas regiones, como en el Alto Parapetí, poblaciones que viven en condiciones de servidumbre y semiesclavitud a cargo de terratenientes, que se adjudicaron extensas áreas en base a la prebenda política durante las dictaduras y los gobiernos neoliberales.
Informó que el año 2007 grupos armados conformados por los latifundistas impidieron que una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ingrese a algunas zonas para sanear tierras fiscales. Agregó que ese grupo contaba con el respaldo de grupos de poder económico y del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Sobre la inclusión social de la mujer en la toma de decisiones en Bolivia, Llorenti afirmó que se han logrado avances, al punto que la nueva Ley Electoral obliga a los partidos y agrupaciones ciudadanas a incluir en sus listas de candidatos a un 50 por ciento de mujeres.
Sin embargo lamentó que el Gobierno se ha visto impedido de avanzar en la búsqueda de soluciones para el procesamiento judicial de de juicios de responsabilidades contra los responsables de los hechos de octubre de 2003, cuando 65 personas fueron muertas y centenares heridas por efectivos militares ordenados por un Decreto Supremo firmado por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros
Dijo que el Estado boliviano hizo el reclamo correspondiente al Gobierno y justicia de Estados Unidos para posibilitar la extradición de Sánchez de Lozada y de sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes fugaron a ese país en octubre de 2003.
Adelantó que se hará lo mismo con el gobierno y justicia peruanas, una vez que cuatro ex ministros de Sánchez de Lozada viven en ese país en condición de refugiados, Jorge Tórres Obleas, Mirtha Quevedo, Javier Tórrez Goytia y Date Pino.
La no entrega de esos políticos para que respondan ante la justicia boliviana por los delitos que les acusa impide que la justicia avance, dijo.
Sobre la designación de magistrados para que cubran las acefalías existentes en el Poder Judicial, dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que será elegida en los comicios del seis de diciembre, iniciará sus funciones en enero de 2010 y tiene un plazo de 180 días para definir la Ley del Órgano Electoral, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y las Autonomías y Descentralización.
Subrayó que se evitará que los jueces sean designados por el cuoteo político sin tomar en cuenta su capacidad y otros factores, por lo que se han adoptado mecanismos para evitar la partidización y el sometimiento a los intereses políticos.
Con relación a la pobreza, Llorenti anotó que el Gobierno ha impulsado una política social desde el año 2006 que ha permitido reducir en un cinco por ciento ese problema que afecta a la población.
Dijo que la aprobación de bonos para la niñez, los ciudadanos de la tercera edad y las mujeres embarazadas ha permitido avanzar en la lucha contra la pobreza.
Por ejemplo dijo que el Bono Juancito Pinto, que beneficia a 1,8 millones de niños entre el primero y el octavo año escolar ha reducido los índices de deserción escolar de 5,3 al 2,8 por ciento. Adelantó que el Gobierno pretende ampliar el número de beneficiarios por este bono para que los niños de Kinder y prekinder ingresen al programa.
En lo que se refiere al acceso de la población al agua potable, manifestó que en tres años se ha incrementado el acceso del 74,5 al 81 por ciento y de saneamiento del 47,7 al 57,3 por ciento.
Informó que el Gobierno ha aumentado la dotación de equipos de salud e insumos a los centros sanitarios, Como ejemplo citó que entre 20093 y 2005 solamente fueron entregadas 25 ambulancias, mientras que desde 2006 el número llegó hasta hoy a 800.
El Viceministro dijo que una Comisión de la CIDH podría visitar Bolivia para verificar la situación del respeto a la libertad de expresión, al informar que una otra comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se reunió con el presidente Evo Morales Ayma, expresó que en Bolivia se respetaban esas libertades
Otro de los temas destacados por Llorenti se ha referido a la puesta en marcha de un Padrón Electoral biométrico, calculados por el órgano Electoral Plurinacional (OEP) inicialmente en 3,5 millones, pero que ha sobrepasado los cinco millones gracias a la voluntad y ciencia del pueblo boliviano.
La presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero, expresó la satisfacción de ese organismo por el informe presentado por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales de Bolivia y adelantó su cooperación para la consecución de los objetivos de mejoramiento de la justicia y la inclusión social de las poblaciones vulnerables.
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