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5.11.09

Archivan el caso del teniente que torturó a discapacitado en la Policía

La Dirección Departamental de Responsabilidad Profesional exoneró de culpa a Roger Pérez Maldonado que torturó al discapacitado para que admita robos que no cometió.

Una denuncia de aprehensión ilegal y tortura perpetrada por policías, a un joven discapacitado de 23 años, en mayo de este año, reveló varias irregularidades dentro de la institución verde olivo como el tráfico de influencias de un teniente, el uso arbitrario e indebido de dependencias de la Policía para la ejecución de torturas y para obligar a las víctimas a realizar confesiones, en forma violenta. La Fiscalía Policial que investigaba esta denuncia, decidió archivar obrados y dejar sin sanción al uniformado.

Los hechos

La madrugada del 10 de mayo de este año, Luis Miguel Paredes Medrano, un joven al que le falta un brazo, se encontró con el ex enamorado de su hermana, un teniente de la Policía llamado Roger Pérez Maldonado, en la avenida América y Potosí, donde Paredes compartía con sus amigos. El policía, que estaba de descanso y de civil, le invitó un vaso de trago a Luis Miguel y retornó a su vehículo. A los pocos minutos volvió y él dijo a Paredes que había perdido su teléfono celular y que quizás uno de sus amigos lo había tomado. Todos lo negaron y el policía se fue en su carro.
Más tarde, Paredes volvía a su casa cuando fue interceptado por el teniente, quien se acercó a la ventana de su carro con una pistola y lo persiguió en un vehículo Toyota Caldina 689-NHP. El joven discapacitado llegó a la central del radiotaxi “Temporal” donde trabaja. El teniente y su hermano llegaron hasta allí, lo acusaron de robar el celular y el vehículo del policía. Paredes explicó que tiene testigos de que no fue así, que el policía partió en su vehículo de la avenida América y Potosí y que si le robaron el motorizado debió ser en el trayecto posterior, porque él se quedó con sus amigos en el mismo lugar.
En presencia de la operadora y de dos choferes de la empresa, el teniente y su hermano golpearon a puñetes y con la cacha del arma a Miguel Paredes. La operadora llamó a la Policía y los dos hermanos huyeron. El 11 de mayo, la víctima presentó una denuncia en la Felcc por lesiones y amenazas.

La “emboscada”

El martes 13 de mayo, cuando Miguel Paredes llevaba a un amigo de infancia al que se encontró minutos antes y a su acompañante apodado El Chino, fue interceptado por un vehículo Subaru Impreza en la avenida Medinaceli y Melchor Pérez de Olguín. Dos policías que tenían credenciales de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), lo agredieron y sacaron un arma de fuego de la parte trasera del auto de Paredes, que al parecer le pertenecía al Chino que acababa de recoger en la calle.
“Me acusaron de ser delincuente y al minuto apareció el teniente Roger Pérez, a quien le dijeron que vieron la placa del vehículo que él reportó como robado, pero no entiendo porqué me detuvieron a mí, si yo no estaba con ningún auto robado”, relata en su denuncia Paredes.
Paredes fue trasladado enmanillado, y sin ninguna orden de aprehensión, hasta el módulo de las avenidas Excombatientes y Perú. Allí lo interrogaron sobre el paradero del vehículo de Pérez, pero como el joven insistía en su inocencia lo llevaron a un lugar alejado.

La tortura

El discapacitado, acusado por el policía de haberle pildoreado para robarle su celular y su vehículo, fue sometido a torturas conocidas dentro de la Policía como “la bolseada” y la “teseada”, que consisten en cubrirle el rostro a la víctima con una bolsa plástica de basura para que se asfixie, mientras es golpeado a puñetes y patadas. “La “teseada” o “el tecito”, es una tortura que se caracteriza por taparle la nariz a la víctima y colocarle una esponja o un trapo en la boca donde le van echando agua constantemente, mientras otro efectivo se sienta en el estómago del torturado. El joven, temiendo por su vida, dijo que los llevaría a donde estaba el vehículo, pero los hizo dar vueltas por diferentes direcciones en su afán de pedir auxilio a los transeúntes.
Luego, los policías de Diprove lo encerraron en un cuarto oscuro de esa institución. A las 22:00 horas, el teniente Roger Pérez fue al cuarto oscuro, le puso una bolsa en la cabeza a Paredes y la golpiza continuó.
Paredes pasó la noche en el cuarto oscuro de Diprove, es decir, detenido por más de las ocho horas estipuladas por ley, sin derecho a llamar a su familia, ni a un abogado. El miércoles 14 de mayo, Roger Pérez llegó al cuarto oscuro lo amenazó con meterlo a la cárcel usando la pistola que hallaron en su auto y fabricándole antecedentes.
“No me dejaban llamar a mi familia, ni a un abogado, estaba desesperado, nadie sabía que yo estaba ahí, podían hacerme desaparecer, le dije que podía quedarse con mi auto y me dijo que además debía aumentarle 3 mil dólares más. Yo acepté por miedo, me ordenó que al fiscal no le cuente lo ocurrido el 10 de mayo, que sólo me incrimine y eso hice. Nos hicieron firmar un documento con el abogado de Pérez y recién me liberaron”, asegura Paredes en su denuncia.

Las denuncias

Las huellas de las torturas, moretones, rasmilladuras y otras heridas, fueron fotografiadas y certificadas por un médico forense. Cuando fue a la Felcc, el teniente Orozco se negó a recibir la denuncia de Paredes en contra de su camarada.
El mayor Johnny Corrales ordenó que se le tome la denuncia. Orozco estaba empezando a tomar el testimonio, cuando se acercó otro policía que le dijo algo en la oreja y Orozco cambió su conducta diciéndoles que no podía recibir la denuncia hasta el día siguiente. Cansados, el denunciante y su familia se fueron a casa, pero a las 22:00 hora, recibieron la llamada de Orozco, que muy amablemente les invitó a volver a la Felcc, para efectuar la denuncia.
Los familiares acudieron al día siguiente, pero los policías no abrieron una denuncia por torturas en dependencias policiales, sino que ampliaron la primera de lesiones y amenazas. El caso fue denunciado a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección de Responsabilidad Profesional.

El resultado

El fiscal policial encargado de la investigación, Martín Arequipa Azurduy, presentó el 15 de septiembre un requerimiento de archivo de obrados sin hacer referencia siquiera a la denuncia concreta de Luis Miguel Paredes sobre la ilegalidad de la aprehensión e interrogatorio, ni sobre las torturas y golpizas a las que fue sometido en el módulo de la avenida Perú y en un cuarto oscuro de Diprove.
Tampoco hace referencia a las pruebas literales y testificales aportadas por Paredes lo cual, según su abogado Víctor Gutiérrez, demuestra que hubo un erróneo cotejo y una incorrecta valoración de los elementos acotados.
En la relación de hechos del requerimiento del fiscal policial, donde debe mencionarse la denuncia y describirse el cotejo de las pruebas, existe un relato de hechos que no corresponde a la realidad y que se basa en recortes de un periódico de corte sensacionalista que un día publicó una nota de apoyo al discapacitado y al otro lo destruyó defendiendo al policía.
El fiscal policial señala que el teniente de la policía Roger Pérez presentó una certificación de que fue dopado con benzodiazepine y que fue Miguel Paredes el que le invitó un trago al policía, cuando existen testigos que dicen que fue al revés y que el policía se fue en su carro en perfecto estado.
El fiscal policial ignora la golpiza que le dieron el policía y su hermano a Paredes delante de la operadora y dos taxistas en la central del radiotaxi el mismo 10 de mayo. La tortura sufrida por Paredes es descrita por el fiscal policial como un “traslado a Diprove para una entrevista en la que el joven admitió haber robado el vehículo y dopado al policía” (ignora que el mismo Paredes denunció que tuvo que decir lo que querían oír los policías y firmar lo que exigían, porque estaba siendo torturado y temía por su vida). En lugar de eso, afirma que el documento transaccional fue firmado por Paredes en pleno uso de su sano juicio y pide el archivo de obrados, “ante la inexistencia de pruebas fehacientes”.

Objeción

El 24 de septiembre, el abogado de Paredes presentó una objeción al requerimiento de archivo de obrados antes la Dirección Departamental de Responsabilidad Profesional (DDRP), protestando por todas las irregularidades.
“Estamos a la espera de que la DDRP resuelva la objeción presentada hace más de un mes”, señaló el defensor. En la DDRP, explicaron que la objeción es revisada analizada por el coronel Raúl Poma, que se pronunciará en los próximos días.

http://www.opinion.com.bo/Portal.html?CodNot=79375&CodSec=6

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