El presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, dijo el jueves no tener competencia para definir que Leopoldo Fernández, candidato a la Vicepresidencia por Plan Progreso para Bolivia (PPB), haga campaña electoral desde la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde se halla detenido implicado en la matanza de campesinos amazónicos en setiembre de 2008 y recientemente formalizado por terrorismo.
"Existe una normativa en el régimen disciplinario para las penitenciarías. Es una normativa que rige para todas las personas que estén en las cárceles. No es una atribución de la Corte (por el OEP) ni fiscalizar, ni emitir criterio al respecto", afirmó.
De todas formas, dijo se dijo dispuesto a esperar a que exista una solicitud formal del PPB, que postula a la Presidencia al militar ex prefecto revocado de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, para que la sala plena del OEP analice el pedido y se pronuncie al respecto.
Entre tanto, Sandra Almanza, abogada de Fernández, acusado de terrorismo, asesinato, homicidio y asociación delictuosa en la tristemente célebre ‘masacre de Porvenir’, solicitó autorización a la Dirección de Régimen Penitenciario para que su defendido hable con la prensa.
"Mi cliente es candidato a la Vicepresidencia por el Plan Progreso para Bolivia, por lo que está en una carrera electoral y hemos pedido autorización a las oficinas pertinentes para que hable con la prensa", explicó.
En criterio de la jurista, la nueva Constitución y la Ley de Ejecución Penal establece que los privados de libertad gozan del privilegio de hablar o comunicarse permanentemente con la opinión pública a través de los medios.
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