La representante legal de tres normalistas asesinados en la masacre de Pando, Mary Carrasco, denunció ayer que la defensa de Leopoldo Fernández y otros involucrados recusa a todos los jueces porque así ganan tiempo para la consideración de un amparo constitucional en la Corte de Distrito de Pando, que pretende anular la acusación formal recién presentada por el Ministerio Público.
Explicó que, por el momento, no se conoce si el planteamiento fue recibido, pero aseveró que se recurrió una vez más a las autoridades judiciales serviles al ex prefecto pandino para concretar sus objetivos.
“El amparo constitucional tiene que ser rechazado, pero veremos qué hace la Corte de Pando. Si la acepta eso sería un prevaricato absolutamente evidente y nosotros ya no iremos allá con notificaciones. Se cometería un delito en flagrancia y haremos detener a los autores de tales hechos”, manifestó.
La jurista lamentó, además, que no se pueda efectuar una queja formal por la preparación de ese ilegal acto porque se conoce que los miembros del Consejo de la Judicatura de Pando son familiares directos de Leopoldo Fernández.
Ante la probabilidad del procedimiento antijurídico, Carrasco recordó que no existe recurso alguno que anule una acusación formal, de acuerdo con el procedimiento penal vigente en el país.
Mencionó que cualquier recurso legal de la defensa de los implicados en la masacre de Pando sólo podrá ser resuelto por el tribunal de sentencia que sea conformado luego del sorteo respectivo de la causa.
Las declaraciones de la representante legal de una parte de las víctimas de la masacre de Pando surgieron a las pocas horas de que se recuse a otro juez para evitar el sorteo que definirá qué tribunal de sentencia procesará al ex prefecto pandino y a otras 26 personas. El abogado defensor del ex prefecto, Johnny Castelú, expresó que se solicitará que todos los administradores de justicia necesarios se aparten del conocimiento de la acusación formal porque jamás se reconocerá la competencia de la jurisdicción paceña en el caso.
Entre tanto, la representante legal de Leopoldo Fernández, Sandra Almanza, presentó un requerimiento a la Dirección de Régimen Penitenciario para solicitar que su cliente pueda dar declaraciones a los medios de comunicación como candidato a la Vicepresidencia por la agrupación Plan Progreso Para Bolivia (PPB).
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, le recordó al candidato a la Presidencia por el PPB, Manfred Reyes Villa, que en ninguna parte de la Ley de Ejecución Penal y el Estatuto Interno carcelario se da privilegios.
“Leopoldo, acusado de ser el autor intelectual de la masacre, como detenido preventivo debe cumplir la ley”, expresó.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-10-16&idn=9265