La defensora del Pueblo, Rielma Mencias, se reunió ayer con el grupo de personas con discapacidad que tomó las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz para exigir al Gobierno el pago del bono anual de Bs 3.000 y de otros beneficios sociales para su sector.
En dicho encuentro, Mencias se comprometió a mediar en las peticiones del sector ante el Gobierno, pero esta promesa no convenció a los manifestantes, que decidieron continuar con la medida de protesta.
Desde la anterior semana, unas 30 personas con discapacidad instalaron su piquete de huelga en las oficinas de la Defensoría y desde entonces no permiten el ingreso de los trabajadores de esta institución para que desarrollen sus actividades normalmente.
En la reunión, un niño de 10 años, que sufre de parálisis y que se mantiene en la vigilia junto con su madre sufrió un ataque de convulsiones. Según la progenitora, su hijo se puso mal de salud porque no recibe la medicación a tiempo y por las altas temperaturas.
Entre tanto, el director nacional de Discapacidad del Ministerio de Justicia, Javier Salguero, explicó que luego de dialogar con otro grupo de personas con discapacidad que se encuentra en la población de Patacamaya, una comisión visitará a los huelguistas de Santa Cruz. Aseguró que no existe posibilidad de pagar el incentivo anual, pero hay la voluntad de buscar una salida al conflicto.
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