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1.10.09

Almaraz ofrece tierra en Pando y anuncia juicio a los cocaleros

GOBIERNO CREE QUE DIRIGENTES DEL TRÓPICO E INDÍGENAS PROMOVIERON AVASALLAMIENTO

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, ofreció ayer tierras en el departamento de Pando a los avasalladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), aunque advirtió de que enjuiciará a los dirigentes por los hechos de violencia producidos entre el viernes y sábado.

Ayer, en conferencia de prensa, Almaraz sostuvo que “la situación está bajo control”, aunque lamentó la muerte de una persona y las heridas de bala sufridas por otras dos.

El sábado 26, en la comunidad San Miguelito, indígenas y cocaleros, quienes ingresaron unos 50 kilómetros en el área protegida, se enfrentaron con violencia.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, y el secretario general de la Prefectura de Cochabamba, David Herrera, fueron comisionados para reunirse con representantes de los cocaleros para hacer el ofrecimiento formal de dotación de tierras en Pando.

El encuentro debió cumplirse desde las 20.00 de ayer en Villa Tunari, pero la intensa lluvia, según explicó Herrera a La Prensa, caída a la altura de El Sillar hizo que el viaje se haga con mayor lentitud.

Herrera dijo que Rojas sufrió similar retraso, por lo que la reunión se llevará a cabo en el curso de las siguientes horas.

Este diálogo, que no supondrá negociaciones para la entrega de lotes en el parque, será el mecanismo que se aplicará para evitar que los casi 300 afiliados al Sindicato 16 de Octubre vuelvan a avasallar el territorio indígena, pese a la violencia con que actuaron el viernes 25, cuando se les entregaba memorandos para que salgan del área.

En el lugar se asentaron los sindicatos Valle Encantado, Nueva Estrella, Minera Llallagua, Urkupiña, Independencia, Uncía y Santa Rita.

Un contingente policial permanece en la zona para evitar que otras o las mismas personas se establezcan en la reserva, aunque se conoce que hay otros campamentos ilegales dentro de los límites del TIPNIS que, según Almaraz, serán desalojados.

Los títulos ejecutoriales fueron firmados y entregados el 12 de junio por el presidente Evo Morales, por lo que al ser tierras comunitarias de origen no son susceptibles de ser invadidas o transferidas a particulares.

Repliegue de cocaleros

Desde el lunes por la tarde y el martes por la mañana, 160 policías junto con efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) destruyeron cultivos ilegales de coca en el TIPNIS y quemaron alrededor de 100 chozas abandonadas por los cocaleros que se replegaron a Villa Tunari.

También fue demolida la sede del Sindicato 16 de Octubre, que no pudo —anotó— ser erigida por campesinos pobres, y los organismos del orden secuestraron motores generadores de electricidad, bicicletas y fulminantes para la detonación de dinamita.

Almaraz no concurrió a una reunión prevista para el martes a las 11.00 en la Alcaldía de Villa Tunari, porque dijo que el operativo de erradicación de cocales se prolongó más de lo que esperaba.

Esa acción fue la tercera de esta naturaleza que se realiza en el Isiboro Sécure desde que Evo Morales asumió la Presidencia. “El origen de este conflicto fueron los asentamientos ilegales en un área protegida, de propiedad legalmente constituida” a favor de las etnias chimane, yuracaré y mosetén.

Alejandro Almaraz dijo que ambos bandos estaban armados con machetes, cuchillos, escopetas, rifles, flechas y dinamita, que sólo portaban los avasalladores.

Los atacantes aseguran que permanecen en la zona desde hace unos cinco años.

El Gobierno no descarta la posibilidad de que los asentamientos ilegales hubieran sido promovidos por delegados de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino y ex dirigentes de organizaciones indígenas.

“Es la hipótesis que tenemos. Es plenamente válida. Hay personas que desde hace tiempo promovieron estos asentamientos y no es descartable que estas personas estén dentro de los sindicatos campesinos del trópico de Cochabamba y de los indígenas”.

Son “inmorales, irresponsables y despreciables” quienes se valen de sus cargos para lucrar y permitir los asentamientos, por lo que el Viceministerio de Tierras proseguirá la investigación del caso, independientemente de la tarea que desarrolla el Ministerio Público sobre el asunto.

“Como autoridades, tenemos la responsabilidad de enjuiciar con todo rigor a las personas que son causantes de estos asentamientos y realizar profundas investigaciones hasta determinar la responsabilidad de cada caso”.

La autoridad dijo conocer la identidad de los promotores de los problemas, aunque al igual que el fiscal de Villa Tunari, no quiso revelar quiénes son.

En el área invadida se encontraron grandes extensiones de hoja de coca y “pequeños cultivos” de maíz, soya y otros.

“Es evidente que estos asentamientos estaban dedicados sobre todo al cultivo ilegal de coca (...) y que esa coca ilegal puede ir al narcotráfico. Me parece altamente probable”.

Según versiones de los indígenas, los avasalladores son alrededor de 700, aunque el Gobierno calcula que se trata de unas 300 personas.

Abogado del Estado casi muere en San Miguelito

El abogado Freddy Vásquez, funcionario del Viceministerio de Tierras, estuvo a punto de ser asesinado el viernes 25 en la comunidad de San Miguelito, situada dentro de los límites del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por unos 300 cocaleros exaltados que se resistieron a recibir órdenes de desalojo de la región.

Una comisión del Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto con un grupo de 15 policías, se presentó el viernes 25 en esa aldea para distribuir intimaciones para que los avasalladores abandonen el área protegida.

Los aproximadamente 300 afiliados al Sindicato 16 de Octubre reaccionaron con furia ante las explicaciones de los enviados desde La Paz.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que los avasalladores estaban armados con machetes y agredieron a Vásquez.

“Solamente la oportuna intervención de los policías evitó que el abogado sea asesinado”.

La comitiva huyó del lugar, mientras los indígenas se preparaban para resistir un nuevo avance de los colonizadores, por lo que establecieron un punto de bloqueo en el camino de acceso a la comunidad de San Miguelito. Entretanto, la comisión se establecía en Villa Tunari, capital municipal distante a aproximadamente dos horas de viaje en vehículo.

Un día después, los colonizadores avanzaron sobre el lugar y se produjeron los choques, que consistieron en intercambio de disparos y flechas, explosión de cachorros de dinamita y peleas cuerpo a cuerpo entre los bandos.

Los policías y fiscales encontraron en el lugar los casquillos de las balas, los impactos de éstas en los troncos de los árboles, pedazos de flechas en la vegetación y fulminantes empleados para la detonación de la dinamita.

El Ministerio Público de Villa Tunari colectó toda esa evidencia y otros elementos para determinar quiénes fueron responsables de los hechos.

El parque tiene 44 años

El Parque Nacional Isiboro Sécure fue creado el 22 de noviembre de 1965 mediante el Decreto Supremo 7401 y adquirió la característica de Territorio Indígena a través del Decreto Supremo 22610 de 24 de septiembre de 1990.

Tiene una superficie de 12.362,96 kilómetros cuadrados. El área está ubicada entre la provincia Moxos del departamento del Beni y la provincia Chapare de Cochabamba. Incluye a los municipios benianos de San Ignacio de Moxos y Loreto, además de Villa Tunari y Orochata, en Cochabamba.

En el lugar habitan los pueblos yuqui, yuracaré, chimán y mosetén.

Los primeros, de quienes quedan unos 140 individuos, viven en la parte del parque más próxima a Santa Cruz, y sufren enfermedades pulmonares que los diezman. Fueron contactados y reducidos hace unos 50 años.

Los yuracaré ocupan la parte central del área. Se calcula que son 2.800 personas. Se dedican principalmente a la agricultura.

La etnia chimán cuenta con unos 9.000 individuos. Éstos se dedican principalmente a la pesca y la recolección de hoja de jatata.

El pueblo mosetén habita tanto el área protegida como otras regiones del departamento de La Paz. Son alrededor de 1.700 personas que se dedican al cultivo de arroz, maíz, yuca, plátano y otros.

Colonos esperan a autoridades

Los aproximadamente 300 afiliados al Sindicato 16 de Octubre aguardaban anoche bajo una intensa lluvia la presencia del secretario general de la Prefectura de Cochabamba, David Herrera, y del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, en la población de Villa Tunari.

Parte de los colonizadores que se replegaron del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se hallaba a las puertas de la Alcaldía Municipal y otra parte ante una escuela próxima al Palacio Consistorial, en la plaza principal de esa localidad.

Los cocaleros esperan conocer la propuesta gubernamental de reubicación que ambas autoridades les formularán, para tomar decisiones en torno a las acciones que llevarán a cabo en los próximos días. La llegada de la comisión no se produjo hasta las 22.00, debido a las malas condiciones climáticas en la región.

Si la propuesta de desplazarse hacia Pando resultara atractiva, el contingente completo buscará acomodo en la región amazónica; pero si las condiciones no fueran consideradas favorables a sus expectativas, los colonos anunciaron que podrían regresar al área protegida o, en su defecto, dirigirse a la ciudad de Cochabamba para declarar una huelga de hambre masiva.

Los avasalladores aseguran que permanecieron en el lugar durante unos cinco años, lo que, según ellos, les da derechos; pero la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria prohíbe el asentamiento de campesinos o la transferencia a privados de tierras comunitarias de origen con títulos ejecutoriados, lo que sucede en este caso.

Datos

El secretario general de la Prefectura del valle, David Herrera, busca una solución al conflicto.

La autoridad partió a Villa Tunari alrededor de las 18.30 para reunirse con los cocaleros.

Lleva la misión de ofrecerles tierras en Pando o en otras regiones del país.

En Pando, el Gobierno asentó hasta el momento a unas 500 personas en tres puntos.

El Ejecutivo espera que unas 200 personas regresen a Pando desde sus lugares de origen.

En breve, 200 zafreros de la castaña serán asentados definitivamente en la provincia Abuná.

Reserva natural

Los cocaleros ingresaron unos 50 kilómetros dentro de los límites del Isiboro Sécure.

Los avasalladores se organizaron en al menos siete centrales sindicales agrarias.

El Gobierno desalojará a todas las personas asentadas en el área protegida.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/01-10-09/noticias.php?nota=01_10_09_segu1.php

 

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