A un año de la toma y saqueo de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por parte de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), el vicepresidente de esta organización, Pedro Nuni, expresó su indignación contra la justicia cruceña, puesto que hasta la fecha no existe ninguna persona detenida y tampoco se ha preocupado por esclarecer estos hechos.
De la misma manera expresó su malestar contra la candidatura de Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando, y principal acusado de la masacre de Porvenir. Señaló que esta ex autoridad departamental sólo representa el odio, el racismo y la discriminación de los sectores campesinos e indígenas.
Asimismo, Nuni afirmó que la candidatura de Fernández a la vicepresidencia tiene la intención de apañar y dejar en el olvido la masacre del porvenir donde perdieron la vida muchos campesinos. Sin embargo, enfatizó que si la justicia no le ha dado la sentencia que se merece y será el pueblo boliviano quien lo juzgue el próximo seis de diciembre en las urnas.
El dirigente indígena señaló que las familias víctimas de la masacre de Porvenir se encuentran “desamparados, tristes, llorando a sus muertos, exigiendo justicia, muchos de ellos esperando recuperar su ánimo porque ven sombras de amenaza, de amedrentamiento”.
Por su lado, Leonardo Tamburini, director del centro de Estudios Jurídicos, (CEJIS), lamentó que la justicia de Santa Cruz no haya dado curso a las demandas emitidas contra Rubén Costas, prefecto del departamento; Branko Marinkovic, ex presidente cívico; y David Sejas, ex presidente de la UJC. Resaltó que, tanto la policía, la fiscalía y los órganos de investigación, son los responsables de que estos hechos continúen en la impunidad.
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