Síguenos por correo electrónico

12.9.09

La ONU y Amnistía Internacional alarmadas por la "profunda crisis" y el "estado desolador" de la justicia boliviana

La derecha cruceña cierra filas en defensa de Branco Marinkovic y de presuntos terroristas "cruelmente victimados"

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia está preocupada por el lento avance de la investigación de la masacre de Porvenir ocurrida el 11 de septiembre de 2008. Amnistía Internacional (AI) denuncia que varios involucrados en la matanza aún caminan libres en la ciudad de Cobija.

En septiembre de 2008, hordas autonomistas alentadas por prefectos y dirigentes cívicos como Branco Marinkovic asaltaron y destrozaron instituciones públicas durante un fallido golpe cívico prefectural en Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca.

Informes de varias comisiones nacionales e internacionales arrojaron luces sobre algunos de los hechos e identificaron a presuntos responsables de la masacre de Pando, una grave violación de los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura, miembros del Comité Cívico y otros partidarios del ex prefecto Leopoldo Fernández.

Sin embargo, la justicia boliviana actúa con demora en la investigación e identificación de los responsables de la masacre, comentó la coordinadora residente de Naciones Unidas en Bolivia Yoriko Yasukahua.

La falta de investigación y resolución judicial de los actos de violencia cometidos hace un año compromete seriamente el derecho a la justicia de las víctimas, criticó Amnistía Internacional.

Según la Oficina de la ONU, una vez más queda en evidencia la profunda crisis estructural por la que atraviesa la justicia boliviana. "Resulta inquietante que a la fecha los imputados no conozcan aún su acusación, a fin de poder preparar adecuadamente su defensa, garantizándose el respeto a los principios de legalidad e igualdad de armas", observa.

Está claro que en Pando se han violado gravemente los derechos humanos; sin embargo, la confusión legal que rodea el caso pone en peligro la posibilidad de llegar a una verdadera justicia en el futuro. "El estado de la justicia en Bolivia es desolador. Este caso representa sólo un ejemplo de un problema que es sistemático", declaró Louise Finer, investigadora de AI.

En un comunicado público, la Oficina de la ONU en Bolivia "expresa preocupación porque la investigación penal desarrollada hasta ahora desemboque prontamente en un juicio justo, en el marco del respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso. Al centro de estos procedimientos están las víctimas, su derecho a conocer la verdad, a tener acceso a la justicia y a obtener una debida reparación. Todo esto se vería afectado si tan graves violaciones a los derechos humanos quedan en la impunidad".

"Lo que falta ahora es una investigación judicial comprensiva e imparcial que permita esclarecer los hechos en su totalidad y establecer las responsabilidades por las violaciones cometidas", sugirió Louise Finer.

AI recordó a las autoridades bolivianas la importancia de llevar a cabo investigaciones imparciales y bajo estándares estrictos que permiten la recolección de evidencia que pueda servir como base para juicios y posteriores sanciones a las personas responsables de los crímenes. Estas investigaciones deben ser realizadas con celeridad, pero sin menoscabar las garantías constitucionales y los principios del debido proceso.

AI comentó que la fragmentación del proceso investigativo pone en duda la posibilidad de que un futuro juicio abarque todos los sucesos relacionados con el caso. Una posible intencionalidad política al enfatizar algunos cargos sobre otros y apuntar sólo a ciertos responsables genera aún más dudas sobre el resultado final de los procedimientos en curso.

La Oficina de la ONU sugiere esclarecer los hechos en estricto apego a los principios procesales y sin que se incurra en dilaciones indebidas; e inclusive investigar si las acciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron las más adecuadas (a nivel administrativo, disciplinario y penal) para evitar la escalada de violencia, prevenir violaciones de derechos humanos y proteger a las víctimas.

La ONU pide al Ministerio Público que adopte de manera urgente medidas más eficaces e inmediatas para garantizar la seguridad de los testigos. Según AI, ciertos testigos, defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales fueron amenazados y amedrentados durante las investigaciones.

AI alertó que varios involucrados en la matanza aún caminan libres por la ciudad de Cobija o por cercanías de comunidades donde viven algunas de las víctimas o sus familias viven, y un número importante de presuntos responsables ha huido a Brasil para evitar un eventual juicio.

El gobierno también lamentó la apatía judicial, que no ha iniciado acción alguna contra los responsables del golpe civil que estalló hace un año. Muchos de los implicados en aquellos hechos violentos siguen en la impunidad, como si atracar instituciones del Estado fuera un hecho normal, reclamó el vocero presidencial Iván Canelas.

Los cívicos se sienten perseguidos

El Comité Cívico pro Santa Cruz manifestó su "profunda preocupación por las constantes violaciones del gobierno central a los derechos humanos, con lamentables pérdidas de vidas, detenciones ilegales y acoso judicial, incumpliendo el debido proceso de los perseguidos políticos".

El directorio del Comité pro Santa Cruz denunció ante la opinión pública nacional y ante los organismos internacionales "el permanente desconocimiento de los derechos, garantías, protección y respeto a los ciudadanos y las instituciones republicanas", y rechazó "la manipulación judicial que tiende a impedir el esclarecimiento responsable del trágico suceso del Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, que dejó el saldo de personas cruelmente victimadas, siendo usado al presente para perseguir ilegalmente a ciudadanos, con la acción torpe y abusiva de un fiscal ajeno a la jurisdicción".

Los opositores cruceños expresaron públicamente su solidaridad y pleno respaldo al ex presidente cívico Branko Marinkovic, "que viene siendo acosado por los organismos de represión y por un fiscal empeñado en la ilegalidad y el afán de dañar a personalidades e instituciones cruceñas".

Los cívicos y parlamentarios de Santa Cruz cerraron filas para defender al juez Luis Tapia Pachi, al fiscal Oscar Flores y a los unionistas procesados por la justicia y perseguidos por el "abusivo" fiscal Marcelo Soza que investiga un caso de terrorismo.

http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009091111&PHPSESSID=e17a56dadd4dc565c1dfebdde70d9e35

 

Páginas vistas en total

Archivo del blog