Evaluación. El juicio por los hechos del 11 de septiembre avanza lentamente. Las partes han interpuesto recursos que retrasan el proceso. Hay 25 imputados, cinco de ellos en la cárcel
“Ministerio Público contra Leopoldo Fernández y otros”, reza la carátula del voluminoso y ajado expediente que contiene todas las acciones judiciales que impulsó la Fiscalía contra el ex prefecto pandino, a quien acusa de cometer al menos cinco delitos: terrorismo, asesinato, lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones leves y homicidio.
El fiscal asignado al caso, Eduardo Morales, inició la elaboración del informe en conclusiones con los respectivos requerimientos. De los documentos a los que accedió EL DEBER se puede establecer que existen 25 imputaciones contra distintas personas, pero aún no figuran los delitos ni los nombres de los acusados. No todos serán imputados por los mismos delitos.
También preparan la petición de declaratoria de rebeldía de 33 personas, aunque tampoco están los nombres de los acusados. Los investigadores explicaron que los informes de Inteligencia de la Policía señalan que los perseguidos que se refugiaron en Brasil vuelven a Cobija ocasionalmente. Sin embargo, cuando detectan a algún ‘sospechoso’ que ha llegado a la zona, regresan a Brasileia o Epitaciolandia para estar a salvo de un posible ‘secuestro’.
De los 25 imputados, cinco de encuentran en la cárcel de San Pedro compartiendo un encierro que hasta ahora no tiene una acusación formal. Uno de ellos es el ex prefecto y ahora candidato vicepresidencial Leopoldo Fernández.
Pero, ¿ante quién presentarán la acusación los fiscales?, se preguntó a los abogados del ahora ‘presidenciable’. La abogada Sandra Almanza fue clara: “Si ellos quieren presentar una acusación formal deben hacerlo ante un juzgado de Cobija, porque La Paz ya perdió competencia para conocer este caso”.
Esa opinión no la comparte el fiscal Morales, que asegura que ellos tienen que presentar sus alegatos ante el juzgado que tiene a su cargo la causa, que es el Séptimo de Instrucción en lo Penal, a cargo de la juez Betty Yañíquez.
Almanza recordó que esta autoridad ya remitió los obrados a Cobija merced a una determinación del distrito judicial de Pando, y que el supuesto robo de obrados fue una acción ilegal impulsada por la abogada Mary Carrasco, representante de los familiares de las víctimas.
Almanza afirma que el caso está paralizado por las mismas acciones que impulsan los asesores legales del Gobierno, “porque no existe, al menos en La Paz, ninguna autoridad jurisdiccional que pueda conocer el mismo”.
Actualmente hay un proceso, que tampoco avanza, por el supuesto robo del cuaderno de control jurisdiccional. Hace dos semanas debía realizarse la reconstrucción de esa sustracción, pero se suspendió por una recusación al juez Rolando Sarmiento.
Más cambios
Policías. Desde hace nueve meses la guarnición policial de Pando suma alrededor de 1.000 efectivos, ocho veces más que los uniformados que tenían antes de los hechos.
Militares. El Comando Conjunto Amazónico, conformado por miembros de la Armada, Ejército y la Fuerza Aérea, cuenta con casi 2.000 efectivos. La meta a mediano plazo es tener 3.000, señalaron fuentes castrenses, pero cuando se concluyan las instalaciones del Comando Conjunto en Puerto Rico, se podrá albergar a 10.000 militares.
Efecto. La presencia visible de policías y militares ha reducido notoriamente los casos delictivos en la región. También bajó el índice de hechos relacionados con el narcotráfico.
Consecuencias. La presencia militar ha ocasionado que muchos turistas brasileños opten por no llegar a la zona en afanes de comercio, lo que repercute en las ventas del sector.
Leopoldo apela ante la CIDH
La defensa de Leopoldo Fernández ensayó una acción legal internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su abogada Sandra Almanza explicó que la demanda está en consideración ante la comisión de admisión y que esta instancia definirá si pide mayores informes sobre el caso o remite sus conclusiones al Gobierno.
Admitió que esos trámites toman su tiempo y no se sabe cuándo tendrán respuesta. Fernández enfrenta tres juicios, dos que son impulsados por el Gobierno, aunque los delitos son los mismos, y el tercero instruido por la Fiscalía General.
En este último caso, Almanza explicó que los otros coimputados -el dirigente Miguel Becerra y el senador disidente de UN Abraham Cuéllar- interponen recusas constantes contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia e impiden que el caso avance.
Por su parte, el presidente de la comisión especial de la Cámara Baja que investiga estos hechos, René Martínez (MAS) anunció que esperan crear un espacio en la agenda legislativa del pleno para presentar su informe, que está listo hace meses.
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