Evaluación. La ciudadanía sufre por la limitación económica y por la constante persecución policial. Sectores pro gubernamentales consideran que se está distorsionando la realidad
Porvenir, el municipio pandino que se hizo famoso por haber sido el epicentro de la matanza del 11 de septiembre del año pasado, no sale del shock.
En apariencia todavía es el pueblito apacible, cuya dinámica se limitaba a las actividades agrícolas y el comercio pesquero a pequeña escala, pero en el fondo ha cambiado notoriamente luego del suceso.
Lo primero que hacen los visitantes que llegan es preguntar por las muertes y se dirigen al sitio donde se produjo el enfrentamiento. “Sólo vienen a eso”, comentó en tono de cuestionamiento uno de los pocos mototaxistas del lugar, pero otro dijo que la curiosidad ajena les permite contar con un flujo de turistas y, por ende, ingresos.
Sin embargo, la herida sigue abierta y sufren más quienes han perdido a un ser querido, como la viuda de Pedro Oshiro, uno de los tres muertos del lado de los cívicos autonomistas. Oshiro fue el primero en caer en una ejecución a cargo de marchistas afines al MAS y a eso atribuyen algunos la reacción que derivó en una matanza.
“Aquí estoy con mis hijos tratando se sobrellevar la situación. Es duro, pero es la realidad”, señaló la viuda.
En el lugar donde sucedió el enfrentamiento, la Subprefectura levantó un miniobelisco como símbolo contra de la intolerancia y el racismo, según señalaron en la repartición.
“Servirá para recordar que aquí murieron personas inocentes, que las mataron por cuestiones políticas”, dijo la subprefecta Kerdy Aguilera.
El mojón de cemento y metal es considerado una provocación por otros vecinos, que reclaman justicia para todos los muertos.
“Los monumentos se levantan para los héroes, no para los que mandaron a matar”, dijo una mujer, que pidió no publicar su nombre por temor a represalias.
Es que, como lo confirmaron varios habitantes, las fuerzas policiales y militares aún rondan las calles del pueblo en busca de los autores materiales de la matanza. Por eso, la mayoría, que se considera acusada sin pruebas, ha optado por dejar el lugar y refugiarse en Brasil, para evitar que se repita lo de febrero, cuando fuerzas policiales detuvieron con violencia a seis personas, entre ellos dos concejales y el alcalde Evin Ventura, y los trasladaron a La Paz.
Tal acción dejó traumada a la comunidad, bastión autonomista de Pando y aún leal a Leopoldo Fernández. “Acá todos somos culpables para el Gobierno”, señaló un vecino, junto al monumento alusivo al 11-S, mientras otro, a modo de pedido, al saber que EL DEBER estaba allí, exclamó: “Que vuelva la paz, por favor”.
«No dejaron hacer más por ‘Leo’»
Pilar Soria | Esposa de Leopoldo Fernández
-¿Cómo afectará el ritmo de vida de su familia la postulación de Leopoldo Fernández?
-Estamos acostumbrados a este ajetreo, pues ‘Leo’ lleva 30 años en la política, pero ahora es muy diferente porque su situación ha girado 180 grados y los que afrontaremos la campaña seremos nosotros, su familia.
-¿Hubo temor por la integridad física de su esposo después del 11 de septiembre de 2008?
-Sí y hasta hoy sigue el temor. Desde que fue encarcelado en La Paz el riesgo para nosotras es permanente. La gente le creyó al Gobierno que ‘Leo’ fue el que organizó la matanza de Porvenir, pero eso es una vil mentira.
-¿En algún momento la familia sintió que lo abandonaron?
-Bueno, el país vivió momentos complicados y difíciles, pues estamos con un Gobierno dictatorial y eso no posibilitó que se haga algo más por ‘Leo’. Pero no, la verdad es que tal vez pudieron haber hecho algo más por él, aunque las personas más cercanas nunca lo abandonaron. Tal vez los políticos pudieron haber hecho algo más, pero, el país vivía una situación complicada.
-¿Es cierto que su esposo es rico?
-Rico de espíritu. Tiene lo que el trabajo le permitió tener.
La impunidad duele
Norah Montero, esposa de Bernardino Racua, uno de los diez campesinos que murieron el 11-S, recordó que el proceso judicial para dar con los autores del hecho sigue abierto y reclamó celeridad a las autoridades.
“Tengo diez hijos que siguen preguntando por su padre. ¿Por qué hasta ahora no se ha hecho justicia?”, señaló.
Entre tanto, en Filadelfia, el municipio cercano a Porvenir y de donde partieron afines al Gobierno para ‘reforzar’ la columna de campesinos que salían de Riberalta, cuando se enfrentaron a los autonomistas, los habitantes evitan hablar.
Empero, el alcalde Antonio Aguilera dijo que ya no se habla de la matanza que, asegura, fue cometida por cívicos pandinos y afines al prefecto Leopoldo Fernández. La queja actual, agregó, es que los perpetradores se muestran como si fueran las víctimas.
Aunque los informes oficiales dan cuenta de que hubo una masacre de campesinos, también se sabe que el enfrentamiento fue incitado por líderes pro Gobierno.
SITUACIONES
En Riberalta piden esclarecer
Fabriles y empresarios de la castaña de Riberalta han señalado que es necesario el esclarecimiento de la matanza de Pando para sentar un precedente jurídico. De ahí salió el contingente oficialista rumbo a Porvenir. Ahora, según el ex masista Iver Maguayo, el Gobierno ordenó desviar fondos desde una beneficiadora para financiar la movilización que se había organizado.
Con la mira en Puerto Rico
Esta comunidad que en su tiempo fue lugar de confinamiento político, será uno de los principales centros socioeconómicos de Pando, según lo proyecta el Gobierno. Allí se construirá las instalaciones del Comando Conjunto Militar Amazónico y se prevé trasladar la Aduana y la Renta. Se estima que tendrá más de 30.000 habitantes.
Municipios expectantes
Los municipios pandinos, nueve de los cuales están en manos de la agrupación MAR, de ‘Chiquitín’ Becerra, y cuatro en poder de Podemos, que maneja Fernández, no quieren la presencia de migrantes llevados por el Gobierno. Ambas fuerzas políticas han vuelto a aliarse en el último tiempo y están dispuestas a resistir la nueva colonización.
Tensión en la línea fronteriza
Los brasileños asentados de forma ilegal en territorio boliviano en la franja de los 50 km de seguridad consignada en la Constitución Política del Estado esperan ser resarcidos si las autoridades confirman su traslado forzoso. En reuniones con parlamentarios de su país han hecho conocer que se puede venir ‘otro Porvenir’ si no los atienden.
CIFRAS
Bs 50 mil la indemnización
El Gobierno dio ese monto a las familias de cada uno de los muertos en los hechos de septiembre
13 muertos la cifra oficial
9 campesinos (incluidos tres normalistas), dos autonomistas, un pastor y un conscripto
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-09-11/vernotanacional.php?id=090910222656