Acusado. Leopoldo Fernández cumple un año de reclusión en La Paz
El proceso que enfrenta el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández ya lleva un año, el mismo tiempo que guarda detención en forma preventiva en la cárcel San Pedro de La Paz, por lo que los querellantes y defensores piden celeridad en el proceso para que se defina su situación jurídica.
El caso tiene abiertos tres juicios y hay uno previsto, todos relacionados a la matanza de Porvenir (Pando). Uno interpuesto por el Ministerio Público y los familiares de las víctimas, otro por organismos como DDHH, el tercero que fue abierto por el robo del expediente cuando fue trasladado a Cobija, y se prevé uno más cuando la comisión de Congreso presente su informe al respecto.
Los delitos que se le imputan a Fernández van desde genocidio, terrorismo, homicidio y lesiones graves, entre otros, que son rechazados de plano por su defensa legal.
La abogada Mary Carrasco, que asesora jurídicamente a las víctimas, señaló que Fernández no tiene otra que afrontar un proceso penal, una vez que la Suprema anuló toda la investigación tendente a levantar un juicio de responsabilidades.
Por su parte, el abogado defensor del ex prefecto, Carlo Brito, indicó que alistan un amparo constitucional para revertir el fallo de la Suprema, para que siga vigente la posibilidad de un juicio de responsabilidades.
En lo que ambas partes coinciden es en la falta de celeridad y claridad en el proceso en sí, ya que en principio, según dijo Carrasco, se trató de “fomentar la impunidad” que buscaba el acusado, al querer amparar sus culpas, primero en el Parlamento, porque es donde se autoriza un juicio de responsabilidades, y después en la Corte Superior de Justicia de Pando, donde tenía ‘compradas’ a todas las instituciones.
Entretanto, Brito considera que su cliente es un preso político, pues siempre fue un opositor al actual Gobierno.
“Su juicio no tiene las garantías de imparcialidad; así no se puede tener confianza en la objetividad”, dijo.
Para resaltar
- Detenidos. Leopoldo Fernández, el alcalde de Porvenir Edwin Ventura, el oficial mayor de ese municipio, Roberto Rea Ruiz, y el concejal Hernán Justiniano.
- Avance. 15 personas se sometieron a juicios abreviados, por lo que admitieron su culpabilidad en el hecho de Porvenir. La mayoría fueron los que estuvieron como confinados políticos en Viacha. Ahora esperan la audiencia para definir su sentencia.
- Perseguidos. Actualmente hay 114 personas citadas por la querella que abrió DDHH. La mayoría está refugiada en Brasil, y se trata de ex funcionarios de la Prefectura pandina.
- Acusados. El senador por UN Abraham Cuéllar y el ex alcalde de Cobija, Miguel Becerra, también están imputados en la demanda de la Fiscalía, pero ninguno siquiera comparecido para su declaración informativa.
- Acusados. Entre los nuevos acusados figura la cívica Carmen Eva Gonzáles, que, al igual que varios, ha requerido que el caso lo atienda la jueza pandina María Eugenia Romero, para que se ventile en Cobija.
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