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1.9.09

Naciones Unidas constata trabajo esclavo guaraní

Los investigadores de las Naciones Unidas verificaron las denuncias de trabajo forzoso, servidumbre y abusos.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (NNUU) constató a través de una investigación hecha pública que los guaraníes del chaco boliviano viven en servidumbre, realizan trabajos forzosos, los niños son explotados por los hacendados y las violaciones a niñas son moneda corriente.

La afirmación se encuentra en las conclusiones del Informe de la Misión que realizó la indagación en las comunidades guaraníes entre el 20 de abril y el 5 de mayo de 2009, después de recibir denuncias.

Carlos Mamani, miembro boliviano del Foro, dijo en la presentación del informe: “Se constata que en el chaco y en las comunidades cautivas existen trabajos forzosos y servidumbre de hombres y mujeres guaraníes; la existencia de explotación del trabajo infantil y otras violaciones de derechos de los niños, como el abuso sexual de niños guaraníes, constricciones a la libertad de asociación y movimiento, violencia sistemática en contra de los pueblos indígenas, así como otras barreras contra el ejercicio de la ciudadanía y, en particular, el derecho a votar”

TRABAJO INFANTIL

La ONU constató que los niños guaraníes alimentan gallinas, crían cerdos, pastorean terneros, desgranan maíz y lavan platos, trabajos considerados como “naturales” y no renumerados por los patrones.

La infraestructura escolar en la zona es insuficiente, pues sólo la mitad de las comunidades posee una escuela, a veces con un curso multigrado de primero a quinto de primaria. La mayoría de las escuelas no son públicas porque están dentro de las haciendas y no son bilingües, pues los profesores son hijos o parientes de los hacendados.

El Foro de NNUU recibió informes de que interfieren con las oportunidades de niños guaraníes. Por ejemplo, los patrones de Alto Parapetí se opusieron a que los niños viajen a La Paz a un encuentro denominado Constructores de la Paz, organizado por la OIT y la Cooperación Suiza.

La práctica ancestral del “criadito” persiste porque niños guaraníes son separados desde niños y llevados a centros urbanos para servir en tareas domésticas, a cambio de educación, ropa y comida.

También hay evidencias de la explotación sexual. Se comprobó que niñas que sirven en las casas de sus patrones son embarazadas y devueltas a su comunidad, y el delito de abuso sexual, tipificado por el Código Penal, queda en la impunidad.

CONDICIONES LABORALES

El saneamiento de tierras realizado por el INRA ha encontrado un abierto y violento boicot por parte de los hacendados, así como las medidas para la expropiación de tierras por utilidad pública de reagrupamiento a favor de las comunidades indígenas y del pueblo guaraní.

Desde febrero de 2008, líderes guaraníes fueron golpeados, vejados y secuestrados por los hacendados para impedir que lleven adelante su trabajo de sanear las tierras.

La cadena de complicidades llega hasta dos diputados de Santa Cruz que presentaron una querella por allanamiento a la propiedad privada. El saneamiento se reanudó en noviembre de 2008, cuando funcionarios del INRA, con el apoyo de la Policía, ingresaron a la zona.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

El organismo mundial recibió denuncias de violaciones a la libertad de asociación, como restricciones a la libertad de movimiento, que son agravadas por el aislamiento geográfico de las comunidades. Trasladarse desde Alto Parapetí hasta Camiri lleva muchas horas, los caminos atraviesan haciendas, por lo que sus propietarios disponen de controles a través de trancas con candados.

Los ganaderos, apoyados por organizaciones como la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico pro Santa Cruz, bloquearon la entrada de policías a las regiones.

La creación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) no fue bien acogida por los hacendados, que promovieron las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), cooptadas y afines a los intereses de los hacendados chaqueños. Estas entidades cuentan con el apoyo de la Prefectura en proyectos de mejora de vivienda, alimentos por trabajo y otros cuya inversión es ilegal porque se utilizan fondos públicos en propiedad privada.

La ONU recibió informes de que los guaraníes asociados con la APG son estigmatizados como “malagradecidos”, “traidores a los que les dieron trabajo y comida”. Han sido expulsados de las haciendas y no pueden acceder a otros trabajos en las fincas, lo que generó una grave situación de inseguridad alimentaria.

VIOLENCIA CONTRA EL INRA

Del 9 al 15 de abril de 2008, funcionarios del INRA, miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní, fueron secuestrados y torturados por autoridades locales de Cuevo y hacendados de la zona, con un saldo de 46 heridos.

El 24 de mayo de 2008, funcionarios de la Alcaldía, Prefectura y la Universidad San Francisco Xavier instigaron hechos de violencia contra indígenas, que fueron humillados y torturados en la plaza principal de Sucre bajo el grito de “muera Evo”.

El 15 de agosto de 2008, funcionarios de la Prefectura de Santa Cruz, con el apoyo de la Unión Juvenil Cruceñista, tomaron la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), donde golpearon a los líderes de la organización. Los abusos son numerosos.

Testimonios de abusos

Transcribimos testimonios recogidos por los funcionarios del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, cuyas identidades son resguardadas para evitar represalias de los patrones.

“Los patrones vienen y dicen que se llevan a nuestros hijos a la ciudad a aprender, pero cuando vuelven no saben decir ni pe. A muchas niñas las abusan y cuando se quedan embarazadas del patrón, las devuelven a la comunidad. Algunas nunca vuelven”.

“Vivimos en chozas que tienen bolsas de plástico de fideos por techo, cuando viene el viento, los ancianos que ya no pueden trabajar intentan sostenerlos, pero se vuelan. La gente se muere de frío. No hay servicios de salud, hace poco murió una mujer embarazada. La Iglesia nos compró un poco de tierra, pero no es suficiente, hemos de trabajar en la hacienda. El dueño nos da maíz, sal... pero no nos da carne. Vivimos entre vacas, pero nunca comemos carne”.

“Así es como vivimos aquí, con miedo. Con miedo por vivir tan cerca de los dueños. Si hablas mal del patrón, te castigan”.

“Es conocido que los hijos de los patronos se inician sexualmente con las niñas guaraníes”.

“El dueño vino y nos quemó la escuela hace poco. Ahora los niños no tienen escuela”.

Fin al trabajo forzoso

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas recomienda que el Estado, a través de sus tres poderes, el Defensor del Pueblo, las prefecturas y las alcaldías, debe asumir su responsabilidad para poner fin a las prácticas de trabajo forzoso y la discriminación.

El Gobierno del Estado Plurinacional debe adoptar medidas que garanticen la adecuada presencia de las instituciones estatales en las zonas donde hay trabajo forzoso e infantil mediante el fortalecimiento de entidades, como el Defensor del Pueblo, Fiscalía, ministerios de Trabajo, Educación, Salud, Culturas y otros.

El Gobierno debe proporcionar al Ministerio de Trabajo recursos para realizar inspecciones de trabajo adecuadas y oportunas en la región del chaco. Los recursos deben incluir sueldos adecuados para los inspectores, computadoras, vehículos y otros.

La ONU recomienda el fortalecimiento del sistema judicial. La Fiscalía, la Justicia y el Defensor del Pueblo deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas conforme se reconoce en la Constitución Política del Estado.

El Defensor del Pueblo debe establecer una Mesa Defensorial en la región chaqueña que asesore sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Paramilitares acribillaron a campesinos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala en su informe que entre el 11 al 14 de septiembre de 2008, más de un centenar de paramilitares organizados por el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acribillaron una pacífica marcha de campesinos.

Indica que la violencia dejó entre 11 y 19 muertos, más de 50 heridos y un número indeterminado de desaparecidos, según investigaciones que realizan la Fiscalía, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP), el Defensor del Pueblo, Unasur y Amnistía Internacional.

La ONU señala que los paramilitares asesinaron a sangre fría a niños y ancianos, se torturó y mutiló a profesores y estudiantes de una normal, a quienes les amputaron sus lenguas y ojos. Algunos cuerpos fueron trasladados en camiones con rumbo desconocido y otros fueron echados al río.

Las autopsias y análisis forenses confirman el uso indiscriminado de armas de fuego contra campesinos e  indígenas. El Defensor del Pueblo, Unasur y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizaron investigaciones y concluyeron que entre los culpables figuran funcionarios del Servicio Departamental de Caminos y de la Prefectura.

Tras las pesquisas, el entonces prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue enviado a la cárcel de San Pedro acusado de los delitos de terrorismo y genocidio. La Fiscalía adelantó que pedirá 30 años de presidio sin derecho a indulto por los crímenes cometidos.

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-09-01&idn=6763

 

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