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28.9.09

Más policías rumbo al TIPNIS para echar a los avasalladores

HAY DESCONTENTO EN LOS INDÍGENAS, PERO LA CIDOB SE ALÍNEA CON EL EJECUTIVO

Al menos 700 colonos están asentados en el TIPNIS, propiedad de los yuracarés.

El Gobierno anunció ayer que utilizará “la fuerza que sea necesaria” para desalojar a los colonos que se asentaron ilegalmente y sembraron coca en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de propiedad de la etnia yuracaré, donde un enfrentamiento armado entre esos bandos dejó el saldo de un muerto y cuatro heridos el sábado.

Ese incidente originó que en las organizaciones indígenas surjan voces de descontento en contra del Gobierno, porque no hace respetar sus tierras.

La confrontación en el TIPNIS fue porque los indígenas, según sus testimonios, intentaron desalojar por la fuerza a los avasalladores y retomar posesión de su territorio, pero fueron recibidos a dinamitazos y disparos. Se libró una batalla, que incluyó un fuego cruzado, porque los originarios también estaban armados.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, informó que un contingente policial, encabezado por el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Carlos Quiroga, se trasladó ayer hasta Nueva Estrella, zona del conflicto, con la finalidad de evaluar la situación y proceder al desalojo de los invasores.

Ese grupo, cuya cantidad no fue revelada por la autoridad, se unirá a los 65 efectivos que ya se encuentran en el TIPNIS desde el sábado. Los policías están acompañados de tres fiscales, dos de ellos, junto con personal del INRA y del Viceministerio de Tierras, se encargan de verificar el avasallamiento y la siembra ilegal de coca y uno está a cargo de indagar el enfrentamiento.

El Viceministro aseguró que desde el sábado, día en que llegaron los efectivos, hasta ayer en la mañana hubo una actitud de amedrentamiento de los colonos con la detonación de dinamitas, cual si fuera “un verdadero campo de batalla”.

Farfán explicó que, como la situación es de “peligrosidad y beligerancia”, posiblemente sea necesario enviar a más policías, situación que deberá ser evaluada por el coronel Quiroga.

La autoridad afirmó que para su expulsión “se va a utilizar la cantidad de efectivos que se requiera; si se necesita duplicar, se duplicará; si se requiere triplicar, se triplicará, ésa es la instrucción que se le ha dado (al Comandante Departamental). No se puede actuar a priori sin un conocimiento en terreno de la situación”.

En función de ese diagnóstico, Farfán aseguró que se dará vía libre al plan de desalojo y también a la erradicación de cocales.

Según el Gobierno, el grupo de colonos está integrado por al menos 700 personas, quienes portan armas de fuego, dinamitas y armas blancas, como machetes y palos.

Farfán, al igual que el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, aseguró que el Ejecutivo no permitirá la siembra de coca en los parques nacionales ni tampoco el avasallamiento de tierras originarias.

Reiteraron que los invasores no son cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión del MAS, partido en función de Gobierno.

El repliegue

Tras el conflicto armado, los indígenas yuracarés que habitan en la zona, aproximadamente 150 personas, se replegaron a la comunidad San Miguelito, donde se mantienen en alerta ante cualquier situación.

El vicepresidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Pedro Nuny, dijo que ayer mantuvo contacto con dirigentes del TIPNIS que se encuentran en esa comunidad y le confirmaron que en la zona hay una tensa calma por la presencia de los policías.

Dicha localidad está a tres horas y media de distancia de Nueva Estrella.

Explicó que los originarios evalúan la situación, pero que por el momento no ven conveniente una nueva arremetida para desalojar a los invasores por la fuerza, porque se encuentran en una situación de desventaja numérica. Esperarán los resultados de las acciones policiales.

Sin embargo, según ANF, el secretario de Tierras de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Cochabamba, Juan Fisher Fabricano, informó que para defender la tierra comunitaria de origen Isiboro Sécure, el cacique del TIPNIS convocará a los comunarios de distintas regiones para desalojar por la fuerza a los cocaleros asentados en la reserva.

Aseguró que esa acción será asumida si la fuerza pública no echa a los avasalladores.

Descontento

Entretanto, en las organizaciones originarias surgen las voces de descontento contra el Gobierno, porque no hace respetar el territorio, que ya fue titulado.

Sin embargo, la dirigencia de la CIDOB se alineó con el Ejecutivo y aseguró que el respaldo al presidente Morales sigue firme y recomendó que el tema no sea politizado. Además, consideró que esa organización y el Gobierno deben analizar en otro momento cómo garantizar que sus propiedades, en diferentes puntos del país, no sea afectadas por los avasallamientos.

Teresa Limpias, secretaria de Educación de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, emplazó ayer al presidente Evo Morales, según Erbol, a defender los derechos de los pueblos indígenas.

La dirigente sostuvo que el ataque realizado por los colonos a los nativos del Isiboro Sécure debió ser de conocimiento de las autoridades nacionales.

“El Presidente sabe dónde va su gente”, dijo Limpias, en alusión a que el Mandatario también es el máximo líder de las Seis Federaciones del Trópico cochabambino, que agrupa a los productores de coca del Chapare.

Añadió que “será grave si el Presidente no defiende los derechos de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, Nuny aseguró que no hay cuestionamiento al Gobierno en el entendido de que los cocaleros no son parte de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, sino de otras partes del país.

“No tiene por qué haber una ruptura con el relacionamiento con el Ejecutivo, pero le exigimos al Ministerio de Gobierno que realmente pueda garantizar que no se avasallen nuestras propiedades”.

El número de heridos del conflicto sube a cuatro

En el enfrentamiento del sábado se confirmó la muerte de Laureano Amargo, miembro de los colonos, y también resultó herido otro integrante de ese grupo, lo mismo que tres indígenas yuracarés.

El viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, aún no tenía ayer precisión de los nombres.

Sin embargo, los pobladores de San Miguelito informaron que los originarios lesionados son: Jesús Dávalos y Agustín Noza, corregidor y comunario de esa población, respectivamente; además de Florencio Silvestre Soria, de San Benito.

Farfán informó que los heridos fueron evacuados a una posta médica en la comunidad 12 de Octubre, donde también hay un puesto policial. De ese lugar, y de acuerdo con la gravedad de sus heridas, serán trasladados a Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, o a un nosocomio de la capital del valle.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunciaron, por separado, que los lesionados serían llevados en un helicóptero de la Fuerza de Tarea conjunta (FTC), situación que, según la versión de Farfán, no se dio hasta ayer por la noche.

Sin dar nombres, este último precisó que el colono fue herido de bala; y en el caso de los indígenas, hay un lesionado de bala, uno con un arma blanca y otro que presenta una fractura en uno de sus miembros inferiores.

Los detalles

El TIPNIS es una zona de 1.096.000 hectáreas, que pertenece a los yuracarés.

El Gobierno entregó a los originarios el título de tierra comunitaria de origen.

Sin embargo, los trabajos de saneamiento no concluyeron por los colonos.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/28-09-09/noticias.php?nota=28_09_09_regi1.php

 

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