Nelson Vaca pagará 50 mil dólares de fianza y cumplirá arresto domiciliario
El maderero Nelson Vaca Gutiérrez, detenido hace dos semanas por avasallar tierras en la provincia Marbán del departamento de Beni, tendrá que pagar 50 mil dólares de fianza para salir de las celdas de la Policía Técnica Judicial de La Paz y luego deberá cumplir arresto domiciliario.
El 3 de septiembre de 2009, funcionarios del Ministerio Público aprehendieron a Nelson Vaca, enjuiciado por el Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por los delitos de tráfico de madera, despojo de tierras fiscales y campesinas, destrucción de viviendas y sedición.
La detención de Vaca mereció amplia cobertura mediática y un inusual seguimiento periodístico, especialmente de las cadenas de televisión Unitel y PAT de propiedad de conocidos hacendados de Santa Cruz.
Unitel lanzó la primicia con un titular sensacionalista: Personas no identificadas "secuestraron" a un humilde "agricultor" en Beni y balearon a los reporteros que cubrían el incidente.
Desde ese día, el caso Vaca destaca en la agenda noticiosa de casi todos los medios audiovisuales y escritos del país. La esposa del detenido llora a diario por su infortunio en las pantallas de televisión y en las páginas de la gran prensa privada.
Casi todos los medios presentan a Vaca como una "víctima" más del gobierno, pero muy pocos investigan los antecedentes del sujeto.
¿Quién es y qué hizo Nelson Vaca?
El 24 de octubre de 2002, el INRA dotó a la comunidad campesina San Martín de Porres 5.975 hectáreas de tierra en la provincia Marbán, municipio San Andrés, cantón Perotó. Fue la primera dotación después de la reforma agraria de 1953 y la única en la provincia beniana de Marbán.
Dos años después, los comunarios enviaron una nota a la Dirección del INRA Beni denunciando el avasallamiento de una parte de sus tierras. En septiembre de 2004, el INRA verificó en una inspección ocular que Nelson Vaca y otras personas despojaron a la comunidad San Martín de Porres más de 1.700 hectáreas.
Vaca y compañía se declararon dueños absolutos de tierras comunitarias dotadas legalmente por el Estado, anunciaron que las poblarían con gente de la provincia Guarayos de Santa Cruz, conminaron a los campesinos a abandonar el área y comenzaron a explotar madera.
En noviembre de 2005, ocho comunidades de la Sub central 28 de Octubre bloquearon la carretera que une Trinidad con Santa Cruz exigiendo el desalojo de los avasalladores; y el INRA conminó a los sujetos a devolver la posesión ilegal, bajo apercibimiento de lanzamiento en un plazo de siete días.
Vaca y sus amigos no acataron la orden y continuaron hostigando a los dueños legítimos de la tierra, hasta que fueron desalojados con el auxilio de la fuerza pública el 2 agosto de 2006.
Sin embargo, los avasalladores retornaron a la zona a la semana de su primera expulsión, dispuestos a dar pelea. Vaca volvió furioso, tanto que amenazó a los comunarios con quemar sus viviendas si no salían de "sus" tierras.
El 10 de julio de 2007, el prefecto de Beni informó al INRA que la comunidad San Martín de Porres denunció otra vez a Vaca por despojo de tierras. Precautelando los intereses del Estado y de las comunidades, el 16 de julio de 2007 el INRA emitió un Auto Intimatorio de desalojo, pero el intimado otra vez se rió en la noticia.
Vaca y sus secuaces intentaron consolidar campamentos ilegales al interior de la comunidad con artimañas. Primero ofrecieron 10 mil dólares por la madera talada en el predio la Hermosura y luego, en presencia de su abogada Isabel Vaca, ofrecieron 15 mil dólares para que se les permita explotar madera en otras 200 hectáreas.
Los campesinos rechazaron el soborno, denunciaron a Vaca por tala indiscriminada de madera, y el 11 de diciembre de 2008 el INRA echó a los avasalladores por segunda oportunidad con el apoyo de la fuerza pública. En el operativo se decomisaron armas de fuego.
Pero Vaca no se resignó, ingresó nuevamente a la zona, advirtió que nunca más saldría, ocupó tierra fiscal colindante, y se dio a la tarea de vender predios a diestra y siniestra.
A fines de julio de 2009, Vaca Gutiérrez, Rubén Jaldín y otras 25 personas irrumpieron en los predios de las comunidades Tierra Nueva I y San Martín de Porres, instalaron campamentos e introdujeron maquinaria pesada para explotar madera.
Vaca y su tío Luis Montero expulsaron con violencia a campesinos asentados cerca del puente los Ventones, incendiaron sus viviendas, robaron sus herramientas de trabajo, víveres y combustible, los trasladaron hasta Guarayos en un tractor, y allí los abandonaron con sus pocas pertenencias salvadas del fuego.
El 6 de agosto de 2009, 45 comunarios se constituyeron en el área de conflicto para exigir explicaciones a los madereros. Jaldín indicó que nada tenía que ver en el problema de Vaca y advirtió que estaba dispuesto a matar o morir por sus supuestas propiedades ubicadas dentro de un área fiscal.
Al promediar las 5:30 de la tarde llegó Vaca e Isaac Méndez, uno de los supuestos propietarios de la tierra en disputa, acompañados por guardaespaldas fuertemente armados, entre ellos un colombiano que portaba una escopeta de doble caño.
Los comunarios propusieron enviar a una comisión a las oficinas del INRA Beni para averiguar quiénes son los propietarios legales de las tierras, pero Vaca y compañía no aceptaron. Al día siguiente, los madereros prohibieron la entrada a los dirigentes campesinos y les amenazaron de muerte.
El 10 de agosto de 2009, los afectados denunciaron penalmente a Nelson Vaca y a Rubén Jaldín por los delitos de asociación delictuosa, resistencia a la autoridad y daño calificado. El 16 de agosto, el Viceministerio de Tierras y el INRA formalizaron la denuncia por destrucción de bienes del Estado, delitos forestales y ambientales y sedición.
El 14 de septiembre llegaron a La Paz Justo Gabriel Cayuba, Evelyn Romay y Ciprian Colque, dirigentes de las comunidades San Martín de Porres y Tierra Nueva, para denunciar los atropellos y los abusos de Vaca,y exigir garantías al gobierno ante la permanente violación de sus derechos humanos en los últimos cinco años.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena decidió sumarse al proceso iniciado por el INRA y el Viceministerio contra Nelson Vaca y otras personas que comandan grupos armados y expulsan a indígenas de sus propias tierras, "una intolerable violación de derechos humanos que debe ser cortada de raíz", enfatizó Villena.
Los campesinos agredidos convocaron a conferencias de prensa y visitaron varios medios de información para contar su verdad, pero no merecieron ni la mitad de la cobertura que tuvo su agresor.
En este caso, la prensa privada silenció y falseó hechos, omitió y distorsionó información de contexto, incurrió en sensacionalismo y vulneró normas éticas fundamentales del periodismo como son la equidad, el equilibrio, la ecuanimidad y la imparcialidad.
Algunos periodistas de Unitel, PAT y de otros medios autonombrados "defensores" de los derechos humanos y "garantes" de la libertad de información insinuaron que los comunarios víctimas de un maderero abusivo son "masistas pagados" que llegaron a La Paz para defender al gobierno.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009091709&PHPSESSID=48ca1634b5aaf2f467868ca809da71c2