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13.9.09

Fiscal paceño cita a declarar a más de 100 personas en Cobija

EDUARDO MORALES SIGUE LAS INVESTIGACIONES POR LA MATANZA DE PORVENIR

Entre los convocados a declarar figura el ex prefecto pandino Leopoldo Fernández.

Cobija / El Deber y La Prensa.- El fiscal paceño Eduardo Morales citó, por cedulones, a más de 100 personas para declarar por la matanza de Porvenir, Pando, ocurrida el 11 de septiembre del año pasado y que dejó al menos 11 muertos y un número no determinado de heridos.

Los delitos, en concurso real, por los que se acusa a estas personas son terrorismo, homicidio, asesinato, lesiones graves y leves y asociación delictuosa.

La querella correspondiente fue presentada por Rolando Villena, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB); Delia Cortez, titular de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), y Víctor Vacaflores, director del Capítulo boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Esta demanda fue utilizada por Morales como base para hacer las notificaciones.

La actuación del Ministerio Público fue cuestionada por el abogado Luis Cardozo, asistente legal de algunos de los investigados, pues reclamó que no se cumplieron los trámites necesarios para citar a sus clientes.

“El documento fue pegado en las paredes de las casas de los acusados o en otros sitios, en franca violación del procedimiento, ya que debe la citación ser personal”.

La legislación establece que la conminatoria sea personal y no a través de cedulones, salvo en caso de que los sospechosos no sean encontrados en sus domicilios o no se tenga referencias de su paradero.

Los activistas cívicos Carmen Eva Gonzales y José Luis Sánchez, además de Nilma Banegas, actual alcaldesa de Porvenir, quienes figuran en la nómina, se movilizan para evitar que lo que calificaron como un trámite irregular sea elemento para aprehenderlas.

Cardozo indicó que presentará los recursos correspondientes ante las autoridades judiciales de Cobija para poner en evidencia la ilegalidad y evitar la vulneración de sus derechos constitucionales.

Carmen Gonzales denunció que dos personas que figuran en la lista de querellantes, Hugo Salvatierra y una periodista herida de bala en la toma del aeropuerto, aparecen también en la nómina de convocados a prestar sus declaraciones.

La convocatoria pública, dijo Gonzales, quien es asesora del Centro de Acción Pandina y candidata a la segunda senaduría del departamento por las listas de Plan Progreso, no determina hora, lugar ni autoridad judicial para que los llamados se presenten a declarar.

Según refirieron algunos testigos en Cobija, el fiscal Morales, junto con un grupo de personas, presuntos policías vestidos de civil, pegó las notificaciones y también tomó fotografías de los domicilios de los acusados.

En la nómina de los querellados figuran el ex prefecto Leopoldo Fernández, varios de quienes ahora son refugiados políticos en Brasil, una persona que en la capital pandina se asegura que falleció y se repite el nombre de otra. Además figuran algunos nombres de personas que fueron detenidas en febrero, por el mismo caso, para ser trasladadas al departamento de La Paz.

El fiscal Morales llegó a Cobija el jueves y regresó el sábado a La Paz. Estuvo alojado en el hotel Triller, cercano al aeropuerto de la ciudad, según figura en el registro del establecimiento.

Con ocasión de recordarse el primer aniversario del desigual enfrentamiento entre cívicos y campesinos, ambos sectores oficiaron diversos actos de homenaje en Pando.

El presidente Evo Morales estuvo en Porvenir, escenario de los acontecimientos, donde recibió el pedido para que los caídos fuesen declarados mártires.

El depuesto prefecto Fernández renunció formalmente a sus funciones el lunes para habilitarse como candidato a la vicepresidencia por la alianza opositora Plan Progreso para Bolivia-Autonomía para Bolivia (PPB-APB), que postula a Manfred Reyes Villa a la Primera Magistratura del Estado.

Suprema anula una indagación sobre Fernández

Al año de los hechos de la masacre de Porvenir, la Corte Suprema de Justicia anuló el inicio de investigación de la Fiscalía General en contra del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y otros dos imputados, y exigió a la Fiscalía promover la investigación basada en una proposición acusatoria.

La Sala Penal Primera de la Corte Suprema establece que la intervención del Fiscal General en el inicio de una investigación está condicionada a la presentación de una proposición acusatoria por parte de cualquier ciudadano.

El 15 de septiembre de 2008, el fiscal Mario Uribe comunicó a la Suprema el inicio de investigaciones y la apertura del proceso penal de oficio en contra de Leopoldo Fernández, entonces prefecto de Pando; Miguel Becerra, ex alcalde de Cobija, y el senador suplente Abraham Cuéllar por la presunta comisión del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta por los hechos de Porvenir.

Después de un año y de superar una serie de acciones legales de recusación en contra de todos los ministros que tenían conocimiento de este caso, la Sala Penal Primera dispuso la devolución de obrados al Fiscal General.

La defensa del ex Prefecto lamentó la decisión que prácticamente anula el inicio de investigación y planteó un memorial de reposición para dejar sin efecto el fallo incluso después de que defendiera su competencia para someter a juicio de privilegio a Fernández, actualmente recluido en La Paz.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/13-09-09/noticias.php?nota=13_09_09_segu1.php

 

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