El dirigente campesino Antonio Moreno reveló que los militares del Batallón de Ingeniería Riosinho lo protegieron y advirtieron que su vida corría riesgo el 11 de septiembre del 2008.
La investigación de la Fiscalía y de la Comisión Especial de Diputados sobre lo ocurrido el 11 de septiembre del 2008 en Porvenir no incorpora a miembros de las Fuerzas Armadas que habrían conocido de la magnitud de los sucesos que pasaban ese día, motivo por el que protegieron a un campesino en un cuartel.
El miembro de la comisión especial de diputados, el masista René Martínez, y el fiscal del caso Eduardo Morales, por separado, coincidieron en que no tomaron en cuenta en sus pesquisas a los militares porque consideraban que intervinieron después de los hechos de violencia y a partir del estado de excepción en Pando.
Mientras en Porvenir la violencia terminó con la quema de vehículos y al menos 13 víctimas fatales, en Cobija un militar fue hasta las instalaciones de la Federación de Campesinos de Pando para proteger al dirigente Antonio Moreno, a quien advirtió que su vida estaría en riesgo y que lo llevaría a un cuartel.
"El auto estaba allá (señala con su mano hacia una cuadra detrás de su oficina). Tenía vidrios raybanizados, entré y (un hombre) me tendió en el asiento: échate me dijo. De ese modo salí de la Federación, era un sargento (el que me llevó), había venido del (Batallón de Ingeniería) Riosinho y allá me encerraron", contó.
"Tenemos declaraciones de las principales autoridades departamentales y nacionales que tienen que ver con el orden interno (Policía). No contemplamos a ningún oficial de esa naturaleza (FFAA)", informó Martínez, quien hace referencia a la investigación que realizaron y que concluyó con un informe que espera la aprobación de Diputados.
Este documento, entre otros aspectos, prevé que operaron grupos armados y funcionarios de la prefectura que administraba Leopoldo Fernández, detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz. El legislador explicó que no se identificó a los responsables de la muerte de dos personas vinculadas a la Prefectura.
Uno de los fiscales del caso Eduardo Morales afirmó que no se tomó declaraciones a ningún militar sobre estos hechos.
"Estoy investigando sobre la masacre, sobre las muertes, ¿quiénes habrían organizado y participado?", respondió el fiscal cuando se le consultó si establecieron si los militares conocían de los sucesos en Porvenir.
Recordó que se tomó declaraciones a autoridades policiales y que incluso se abrió un proceso contra la suboficial Mirtha Sosa, quien dirigía la Policía en Porvenir. Sin embargo, no recordó haber tomado información de parte de la institución castrense.
Martínez afirmó que es un "elemento nuevo" el facilitado por Moreno, pero descartó se reabra, por lo menos la investigación congresal, sobre este particular.
Hasta antes de la revelación del dirigente campesino, sólo se tenía la certeza de que los militares actuaron a partir del estado de excepción que se dictó el 13 de septiembre. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, comandó el operativo.
El presidente Evo Morales rindió ayer en Porvenir un homenaje póstumo a los muertos el 2008 y aseguró que esos hechos fueron calificados como masacre.
Monseñor Luis Casey, titular del Vicariato de Pando, dijo que "a un año de los hechos en Porvenir no hay perdón, hay desconfianza entre los pandinos".
Piden se los declare mártires
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y los familiares de las víctimas de Porvenir exigieron justicia y que los fallecidos (13) sean declarados mártires de Bolivia. El presidente Evo Morales confió en que el nuevo ente legislador cambie leyes para una mejor justicia.
"Ojalá la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional cambie normas para que haya verdadera justicia. Cómo quisiera el pueblo boliviano que de verdad haya justicia", aseveró el Primer Mandatario en su discurso en Porvenir, Pando.
En La Paz, familiares de las víctimas del Porvenir realizaron una marcha desde el Cementerio General hasta el centro paceño, exigiendo justicia.
"Los asesinos tienen el derecho a defenderse, nosotros tenemos las pruebas suficientes. La sanción de la justicia tiene que llegar para este proceso", afirmó, según ABI el director del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Víctor Vaca.
Este 11 de septiembre se cumplió un año de los hechos de violencia en Porvenir.
http://www.la-razon.com/versiones/20090912_006848/nota_256_877536.htm