Temor. Un fiscal y su asistente llegaron a Cobija y Porvenir para hacer el trabajo. Los afectados aducen que se vulneran los derechos porque las comunicaciones no son personales ni cumplen los requisitos de ley
Varias personas en esta ciudad se vieron sorprendidas al ser notificadas para comparecer ante el fiscal de Materia de La Paz, Eduardo Morales, sobre los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir (Pando), cuando en un enfrentamiento entre campesinos pro gubernamentales y autonomistas cívicos pandinos afines al prefecto Leopoldo Fernández murieron 11 personas.
Los delitos por los que se los acusa son terrorismo, homicidio, asesinato, lesiones graves y leves, asociación delictiva y concurso real, de acuerdo con la querella presentada por Rolando Villena, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia; Delia Cortez Flores, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional; y Víctor Vacaflores, director del Capítulo boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
Esta acusación formal fue utilizada como base para hacer la notificación a más de una centena de personas, a las que se las sindica de ser autoras del referido hecho.
Este aspecto fue cuestionado por el abogado Luis Cardozo, asistente legal de alguno de los acusados, que reclamó porque no se cumplieron con los trámites previstos por ley para citar a sus clientes. “El documento fue pegado en las paredes de las casas de los acusados o en otros sitios, en franca violación al procedimiento, ya que debe ser personal”, dijo.
Algunos afectados, como la cívica Carmen Eva González, José Luis Sánchez y Nilma Banegas, la actual alcaldesa de Porvenir, comenzaron a movilizarse para evitar que el ‘dudoso trámite’, como lo calificaron, sea utilizado por el fiscal Morales para empezar a gestionar sus aprehensiones.
Cardozo indicó que presentará los recursos correspondientes ante las autoridades judiciales de Cobija para hacer notar la ilegalidad y evitar que se sigan vulnerando los derechos constitucionales.
Según testigos, el fiscal Morales, junto a un grupo de personas, supuestamente policías vestidos de civil, pegó las notificaciones y también tomó fotografías de los domicilios de los acusados.
En la nómina de los querellados figuran el prefecto Fernández, varios de los que ahora son refugiados políticos en Brasil, una persona que en Cobija se indica que está fallecida y se repite el nombre de otra. Además, también figuran algunos nombres de personas que fueron detenidas violentamente en febrero, por el mismo caso, para ser trasladadas a La Paz.
Morales llegó a Cobija el anterior jueves y se fue ayer. Estuvo alojado en el hotel Triller, según figura en el registro del establecimiento.
«La imagen que da la justicia es inquietante»
Denis Racicot / Representante en Bolivia de la oficina para los DDHH de las NNUU
-¿Qué evaluación tiene su despacho sobre los hechos de Porvenir?
-Hubo un informe sobre el tema en marzo y una serie de recomendaciones, y desde entonces hicimos un monitoreo del sistema judicial sobre el caso. Pensamos que hubo algunos avances, pero nos ha preocupado que todavía la Comisión del Congreso no haya hecho conocer a la opinión pública los cargos que se tenían que hacer a los imputados. Después de un año, la Comisión del Congreso debería hacer conocer su informe, pues las víctimas tienen derecho a la verdad, la reparación y la justicia, y para ello es importante un juicio. Y los imputados deben saber cuáles son los cargos y así puedan preparar una defensa frente a un juicio imparcial y justo, tanto para las víctimas como para los acusados.
-¿Dónde está la falla?
-El caso en sí mismo es una ilustración de los problemas estructurales y coyunturales de fondo que afecta a la justicia del país. La imagen global de la justicia es inquietante, porque proyecta la idea de que está inmersa en medio de muchos problemas.
-¿Cuáles fueron las recomendaciones?
-Hubo varias, pero las más importantes: investigación imparcial y juicio justo para todos, para que la población tenga fe en el resultado. En esta materia, las NNUU no están a favor de uno u otro resultado, sino que piden que el juicio sea conforme a estándares del debido proceso y garantías constitucionales bolivianas. Nuestro objetivo no es que una persona sea condenada o no, sino que la justicia funcione, que entregue un resultado creíble y que la población la acepte.
-Por sus características, ¿cómo se calificó el hecho de Porvenir?
-Los hechos tienen la característica de una masacre que constituye una violación grave a los DDHH, pero sin hacer una asignación de responsabilidades porque eso compete a las autoridades pertinentes.
Manfred espera que suelten a los presos políticos
El candidato a la Presidencia por PPB-APB, Manfred Reyes Villa, declaró ayer que espera que la justicia del país libere, a la brevedad posible, al pandino Leopoldo Fernández y a todos los presos políticos encerrados por orden del Gobierno.
“Esperamos que el Gobierno deje libre al prefecto de Pando y a todas las personas que están en la cárcel sin un debido proceso en la justicia”, dijo ayer el candidato de la convergencia nacional, que postula a Fernández a la Vicepresidencia. Reyes Villa cree que Leopoldo Fernández saldrá de San Pedro más temprano que tarde, por lo que afirma que “será el futuro vicepresidente del país”.
Entre tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Cardenal Julio Terrazas, pidió que en el país no se vuelvan a repetir jornadas sangrientas como las ocurridas el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir y Filadelfia.
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-09-13/vernotanacional.php?id=090913000407