En 2008 fueron victimadas al menos 13 personas en Pando, la mayoría campesinas. Unasur señaló a funcionarios prefecturales.
La Comisión Especial Legislativa con facultades de Ministerio Público, que investigó la masacre de Porvenir, Pando, entre el 10 y el 14 de septiembre de 2008, aprobó ayer su informe en conclusiones. El documento, que fue remitido al plenario de la Cámara de Diputados, establece proceso penal para el ex prefecto Leopoldo Fernández y otros 77 presuntos implicados en la matanza de al menos 13 campesinos y un número indeterminado de heridos.
Luego de casi un año de pesquisas en la instancia congresal, parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) justificaron la aprobación del informe toda vez que se evidenciaron “serios indicios” de participación del ex Prefecto pandino recluido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz y otras personas de su entorno prófugas de la justicia boliviana.
“Aparecen como principales responsables Leopoldo Fernández, Ana Melena y otros que responden al Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), a la Prefectura y al Comité Cívico. Se los acusa de los delitos de asesinato, terrorismo, sedición, alzamiento armado y otros. Todos ellos deben ser sometidos a la justicia ordinaria”, expresó el secretario del Comité del Ministerio Público de la Cámara Baja y miembro de la instancia especial, Jorge Silva (MAS), según un boletín de la Cámara Baja.
Silva dijo que el documento tiene tres componentes fundamentales: el primero está relacionado con la sucesión de hechos que se produjeron del 10 al 14 de septiembre de 2008.
Un segundo recoge los testimonios de autoridades y familiares de las víctimas, obtenidas a través de varias declaraciones informativas, tanto en Pando como en La Paz.
Y un tercer elemento apunta a los delitos cometidos, como asesinato, terrorismo, sedición, alzamiento armado, privación de libertad.
Finalmente, se incluye una extensa lista de las personas responsables de todos los delitos que se han cometido en Porvenir, agrega el reporte informativo.
“Se ha decidido que se ponga en conocimiento de todo el plenario de la Cámara de Diputados, que deberá aprobar el informe para posteriormente remitirlo a la Fiscalía General de la República con la finalidad de proseguir con el proceso y juzgamiento a los autores y coautores”, agregó el legislador, quien especificó que 24 personas se encuentran en el país y otras 54 en el Brasil.
Consideró que la Fiscalía tiene plena potestad de profundizar en la investigación, en función de las declaraciones que reciba de las personas involucradas en la comisión de estos delitos. “En síntesis, puede ser ampliado por los fiscales”, dijo.
La Cámara Baja conformó esta instancia especial el 16 de septiembre de 2008 para investigar los sucesos registrados en el departamento de Pando, que dejaron un saldo de al menos 13 personas muertas y un número indeterminado de desaparecidos, además de heridos, como consecuencia de las emboscadas y ataques ocurridos en las poblaciones de Porvenir, Filadelfia y otras comunidades.
La Comisión —agrega el boletín de la Cámara de Diputados— está conformada por: presidente René Martínez (MAS), vicepresidenta Lourdes Millares (Podemos), secretario Gonzalo Lazcano Murillo (MAS), vocal Jorge Silva Trujillo (MAS), vocal Arminda Méndez (MAS), vocal Alejandro Colanzi (UN), vocal Marisol Abán (MNR), vocal William Chávez García (MAS) y vocal Ronald Camargo Suzuki (Podemos).
Síntesis del informe de Unasur
La masacre de Porvenir, Pando, fue calificada como “un crimen de lesa humanidad” por la comisión de la Unasur. Recomendó el juzgamiento de los responsables en los tribunales ordinarios.
“El 11 de septiembre de 2008 en Porvenir y otros sitios de Pando se cometió una masacre, en el sentido empleado para este término por las Naciones Unidas”, indica.
“Las víctimas de ejecuciones sumarias o extralegales constituían población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura, desde el punto de vista del derecho penal internacional, un crimen de lesa humanidad”.
“Aun cuando hubo personas que actuaron particularmente, los agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al servicio de la empresa criminal”.
Fiscal anticipa que se acusará a más de 20 personas
La comisión de fiscales encargada del caso de la masacre de Porvenir, Pando, informó ayer que la acusación formal que tiene previsto presentar en octubre incluirá a más de 20 personas.
El fiscal Eduardo Morales explicó que aún no se puede mencionar los nombres de los involucrados, aunque recordó que hace seis meses se entregó la imputación contra quienes tuvieron alguna participación, de acuerdo con los indicios colectados.
Dijo que por el momento se realiza la evaluación de los antecedentes y los elementos probatorios almacenados para que se llegue a una determinación jurídica. “Si se cuenta con las suficientes pruebas se hará la acusación formal, y si no hay, corresponderá presentar el sobreseimiento”, manifestó.
El fiscal recordó que todavía se trabaja en el margen de los seis meses de preparación del juicio, pero adelantó que en cualquier momento presentará la acusación respectiva. Sin embargo, dijo que podrían surgir algunos inconvenientes por una recusación presentada contra la juez séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, que aún no fue resuelta.
Respecto del informe final de la comisión legislativa que investiga el caso, Morales dijo que sólo se tomará en cuenta los datos que puedan servir al Ministerio Público. Lo demás será desechado.
Entre tanto, la definición del destino legal de los cuadernos de control jurisdiccional de la masacre de Pando fue suspendida ayer por una recusación presentada contra el juez primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero.
Defensa: Un informe ilegal
Sandra Almanza, abogada del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, señaló que el informe final de la masacre de Pando elaborado por la comisión de Diputados es “completamente ilegal”.
“El informe final que ha emitido esta comisión es uno más de los atropellos que estamos viendo con relación al caso denominado masacre en Pando”, señaló Almanza.
Según la defensa del ex Prefecto, la creación de la Comisión se dio en un marco de irregularidad, porque se instaló cuando previamente estaba abierto un proceso en la jurisdicción ordinaria.
Almanza acusó a los miembros de este equipo parlamentario de no realizar un trabajo idóneo.
“Esta Comisión no ha hecho nada por investigar, no ha hecho nada por realizar actuaciones transparentes, idóneas, y lo único que ha hecho es plegarse a la voluntad de quienes quieren perjudicar políticamente a Leopoldo”, señaló. “Lastimosamente, Leopoldo es sometido no a dos, sino a cuatro juicios por los mismos hechos”, sostuvo.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-09-25&idn=8088