EL VICEMINISTRO ALMARAZ DICE QUE SE ESPERA DENUNCIA FORMAL
El Director del INRA dijo que los profesionales que están en los campamentos son hijos de los colonos.
El Gobierno revisará la dotación de tierras que se hizo en el departamento de Pando para verificar la existencia de colonos que se beneficiaron de tierras indebidamente o que tienen recursos económicos.
Ante las denuncias de que entre los inmigrantes beneficiados existen profesionales y campesinos con tierra y recursos económicos, el vocero gubernamental Iván Canelas, en conferencia de prensa, anunció que en caso que se confirme esta situación se revertirá la distribución que hizo el Programa de Asentamientos Humanos.
“Se va a hacer una revisión de la gente que ha llegado a Pando y, si efectivamente hay gente que tiene tierras, que tiene recursos económicos, esto se va a revertir”.
Sin embargo, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aclaró que esa verificación se hará en tanto se reciban de manera formal las denuncias y elementos de prueba al respecto.
Los primeros días de agosto pasado llegó a Pando el primer contingente de 350 familias de colonos, provenientes del trópico de Cochabamba, que se asentaron en el municipio del Santa Rosa del Abuná y crearon la comunidad campesina Bernardino Racua.
Otro grupo de 150 familias de zafreros de la provincia beniana Vaca Díez fue llevado al municipio Federico Román.
Medios televisivos difundieron testimonios de colonos chapareños que manifestaron que tenían tierra en el lugar de donde provenían y que entre ellos había agrónomos, odontólogos e incluso una ex fiscal.
Para Almaraz, esto no es suficiente prueba como para hacer una revisión del proceso de distribución de tierras en Pando, aunque el martes había opinado que “sería grave” si se confirmara la presencia de una ex fiscal entre los beneficiarios.
“En los medios yo no he visto absolutamente nada que nos impulse a hacer un proceso de investigación”.
De acuerdo con el Viceministro, mientras no haya una denuncia formal, el Gobierno presume la “legitimidad, la legalidad y la pertinencia del proceso de asentamiento”, porque se dotó de tierras a quienes correspondía, si no, “que nos demuestren lo contrario”.
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, explicó que en la dotación de tierras que se hizo en Pando se cumplieron los requisitos básicos legales que establece la norma: “Que no tengan tierra o que ésta sea insuficiente y que sean campesinos originarios”.
Aclaró que se considera que un terreno es insuficiente cuando éste no permite la “subsistencia digna” de una familia.
“Los que no estén de acuerdo —agregó— que nos impugnen, que nos presenten pruebas, nosotros estamos en condiciones de demostrar con datos lo que estamos haciendo”.
El INRA, dijo, verifica el cumplimiento de los requisitos a través de entrevistas con los beneficiarios y se revisa la base de datos de la entidad para confirmar si están o no registrados como beneficiarios en la dotación de tierras. Asimismo, una vez hecha la distribución, se hace un seguimiento permanente.
Sobre los colonos profesionales en Pando, Rojas afirmó que esto no les impide acceder a tierras mientras cumplan lo que exige la ley y además, subrayó, pueden ser útiles para la comunidad. “Los profesionales que están son campesinos o hijos de campesinos y cumplen los requisitos legales”.
Dentro del proceso de asentamientos humanos que impulsa el Gobierno, para septiembre tiene programado el traslado de otro grupo de 200 familias del norte de La Paz. Hasta diciembre tenía proyectado llevar a 2.999 familias; sin embargo, según Almaraz, se trasladarán menos de 1.500 grupos familiares.
Lo que dice la CPE
Artículo 395. I.- Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.
II.- Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación
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