El experto mexicano Rodolfo Stavenhagen pidió el lunes en La Paz a las Naciones Unidas (NNUU) un seguimiento a la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en Bolivia.
Ex relator especial de NNUU, Stavenhagen pidió un seguimiento de las conclusiones que aportó en su misión en Bolivia, donde ratificó las malas condiciones a la que estaban sometidos los pueblos originarios en este país andino amazónico.
"Me interesa que se haga el seguimiento al informe, no sólo por razones académicas sino por el compromiso desde hace años, con los derechos humanos de los pueblos indígenas", señaló Stavenhagen.
Manifestó que el tema del seguimiento "siempre surge" en los debates con el Poder Ejecutivo, con el Fondo Indígena, con la oficina de Derechos Humanos de NNUU y con los propios pueblos indígenas.
"Me preguntan ¿cuándo vamos a dar un seguimiento a este informe? ¿Si se ha logrado algo y si hay cambios?, ¿cómo los medimos?, ¿cómo sabemos si vamos en la buena dirección?, ¿cuáles son los problemas que se enfrentan?, ¿dónde estamos fallando?, ¿qué es lo que no funciona?, entre otras", insistió al tiempo de demandar la prosecución de trabajo.
"Probablemente, en un plazo no demasiado largo, se pueda hacer una misión y un encuentro de seguimiento de este informe que ya le tocaría, por parte de la ONU, a mi sucesor, sobre los derechos humanos de los indígenas que es de interés de todo el mundo", dijo en un conversatorio organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz.
Stavenhagen, quien realizó una visita oficial a Bolivia el año 2007 en su condición de Relator Especial y emitió el informe adjunto sobre la situación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Bolivia, regresó al país para participar de un proyecto con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe.
El informe que fue presentado oficialmente a principios de este año, recomienda al Congreso reformas legislativas necesarias para regular el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
En el marco del ejercicio a la libre determinación y a la autonomía indígena, propone que las autoridades del Estado tengan en cuenta las estructuras tradicionales de gobierno y de organización territorial de los indígenas.
Encarga a las autoridades departamentales y locales, el desarrollo de políticas públicas, en relación con los pueblos indígenas.
Exhorta la formación de las autoridades y funcionarios públicos bolivianos y especialmente de los jueces, magistrados y operadores de justicia, en el molde de las normas jurídicas relativas a los derechos indígenas.
Recomienda que se dé prioridad al proceso de saneamiento de la propiedad agraria y hace un llamado especial a las autoridades públicas de todos los niveles, partidos políticos, organizaciones indígenas, cívicas medios de comunicación e instituciones académicas a evitar toda expresión de discriminación contra personas, por su origen indígena, e insiste en tipificar el delito de "discriminación racial" en la legislación nacional.
También propone que, con carácter prioritario, se refuercen las medidas tendentes a la supresión de todas las formas de servidumbre y trabajo forzoso en el país.
Insta a reforzar la acción intersectorial de atención al pueblo Yuqui y otros pueblos en situación de alta vulnerabilidad, con miras a desarrollar una acción coordinada y sistemática que garantice la salud y la protección territorial de estos grupos.
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