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12.8.09

El Gobierno prevé dotar hasta diciembre 600.000 ha de tierra

EL INRA ANALIZA 10.000 SOLICITUDES DE ENTREGA DE TERRENOS FISCALES

 

El INRA recibió solicitudes para la dotación de tierras saneada de 10.000 familias de todo el país. El INRA anunció que en la distribución se dará prioridad a campesinos del lugar.

El Gobierno del presidente Evo Morales planea distribuir hasta diciembre un total de 600.000 hectáreas de tierras fiscales saneadas en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz.

La oposición parlamentaria y los cívicos de Santa Cruz rechazaron este programa, al que tacharon de “medida electoralista”. El senador de Podemos por Pando Róger Pinto dijo ayer que con este plan el Ejecutivo prevé cambiar tierras con votos.

El presidente del Comité Cívico cruceño, Luis Núñez, opinó que se trata de una estrategia proselitista con miras a las elecciones del 6 de diciembre. “Los que reciban tierras tendrán que votar por gratitud por el Gobierno, eso es comprar votos”.

Sin embargo, el director nacional del Instituto de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, defendió la iniciativa gubernamental pues, dijo, esta distribución responde estrictamente a la política agraria planteada por el Gobierno “que establece claramente que debemos dotar de tierra a quienes no la tienen”.

La autoridad anunció ayer: “Tenemos tres millones de hectáreas de tierras para distribuir, ya están declaradas como tal; para este año nuestra planificación establece 600.000 hectáreas, de éstas, el área mayor va a ser en Pando”.

En la región pandina donde comenzó a ejecutarse el Programa de Asentamientos Humanos se distribuirán 208.449 hectáreas de las 600.000 hectáreas. El saldo, 391.551 hectáreas, está localizado en el norte de La Paz, Beni y la provincia Velasco de Santa Cruz.

En el departamento de Pando se determinó distribuir a 75 hectáreas por familia. Las 600.000 hectáreas disponibles divididas entre esa superficie alcanza para 8.000 familias. Esto en términos electorales hace 16.000 electores, tomando en cuenta la participación de dos adultos por familia.

El Director del INRA manifestó que las 600.000 hectáreas forman parte de los 3,1 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles en Bolivia.

Rojas proporcionó estos datos ayer durante un desayuno-trabajo con la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP). En la actualidad existen 10.000 solicitudes de campesinos, indígenas y otros sectores sociales que quieren acceder a predios fiscales, estas demandas son analizadas y el INRA terminará de depurarlas en las próximas semanas.

Dentro del Programa de Asentamientos Humanos, en la región pandina se distribuirán hasta diciembre 208.449 hectáreas entre 2.999 familias que ya comenzaron a asentarse el sábado reciente.

Rojas precisó que son 350 familias del Chapare las que llegaron al municipio de Santa Rosa del Abuná (Pando) y que se asentarán sobre 44.000 hectáreas, mientras que a otros 150 grupos familiares, constituidos por zafreros de Riberalta (Beni), se les dotará de 14.000 hectáreas en el municipio pandino de Nueva Esperanza.

De acuerdo con Rojas, en la actualidad están habilitadas 112.000 hectáreas y en esta primera etapa se prevé la llegada de 700 familias cuya presencia sentará soberanía en la frontera boliviana.

Al margen de este plan, el INRA planea distribuir este año tierras en las provincias del norte de La Paz, donde en días recientes han sido ubicados campesinos del altiplano paceño.

En Santa Cruz se entregarán tierras en la provincia Velasco, y en Beni, en zonas que están “ya identificadas”, pero evitó dar más detalles de los lugares.

El prefecto de La Paz, Pablo Ramos, manifestó ayer la necesidad de poblar la región norte del departamento, principalmente las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo, que tienen poca población, y sugirió una migración planificada hacia las zonas fronterizas con Perú y Brasil.

Para la distribución se dará prioridad a las familias campesinas originarias que viven en el lugar y luego a los pobladores de otras regiones del país.

En el caso de Pando, Rojas dijo que aquellas personas a las que no se les ha reconocido su derecho propietario durante el proceso de saneamiento y que concluyó en agosto de 2008 pueden registrarse en el Viceministerio de Tierras o en el INRA.

En Beni existen 206.052 hectáreas de tierras fiscales. El Gobierno aún no definió cómo llevar a los emigrantes a esa zona, aunque, según el INRA de esa región, se dará prioridad a los zafreros y habitantes locales y aclaró que el plan no es electoralista.

Conforme a datos oficiales, en el Gobierno de Evo Morales se han saneado 26 millones de hectáreas. De esta cantidad, entre 2006 y 2009 fueron distribuidas 994.880 hectáreas en los departamentos de Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.

El Vice ataca a los opositores

El vicepresidente Álvaro García Linera afirmó ayer que con la ejecución del Programa de Asentamientos Humanos se acabarán los feudos de terratenientes.

“Se acabó el jolgorio de territorios liberados por la ilegalidad, se les acabó el baile, se acabaron los feudos de familia, los feudos de hacienda; hoy el Estado, es decir, el pueblo boliviano, sienta soberanía en el millón doscientos mil kilómetros cuadrados que tienen nuestras tierras, y así va a ser”.

El Vicepresidente, en una conferencia de prensa, cuestionó de esta manera a quienes critican y se oponen a los asentamientos que el Gobierno promueve en el departamento de Pando, donde comenzaron a instalarse 350 familias campesinas del Chapare cochabambino y 150 de Riberalta.

Según dijo, a diferencia de lo que sucedía antes, ahora el Estado hace esfuerzos para generar condiciones mínimas para el traslado de colonos, pero que, por supuesto, habrá dificultades.

“En otras palabras, esos caballeros que están haciendo juicios, que dejen de mirar Bolivia a través de las postales y se vayan a dar una vueltita por cualquier zona de colonización y que se enteren por lo menos de cómo se hacen los trabajos de colonización”.

Para García Linera, la oposición no tiene argumentos para cuestionar el plan gubernamental porque supuestamente se busca desprestigiar al Gobierno.

El OEP deja que juez decida si “migración” es legal

El presidente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), Antonio Costas, dejó ayer en manos de la justicia ordinaria la decisión de si el traslado y los asentamientos de familias campesinas en Pando son actos legales o legales.

La autoridad afirmó ayer: “En el ámbito concreto de esta migración conducida, es un juez quien va a determinar esta situación. Si el juez establece algún defecto dentro de la normativa vigente en el país y consecuentemente si existe alguna anomalía, se tramitará la denuncia respectiva en el ámbito correspondiente”.

Costas habló sobre esta eventualidad, según reportó Erbol, durante un desayuno-trabajo con representantes de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), que se mostró interesada en conocer los detalles del proceso de empadronamiento electoral biométrico inaugurado el 1 de agosto en las áreas rurales y que este 15 de agosto se extenderá a las ciudades.

El sábado reciente comenzaron a llegar familias campesinas del Chapare cochabambino. Son 350 las que se instalaron en el municipio de Santa Rosa del Abuná y otras 150, compuestas por zafreros pandinos que viven en Riberalta (Beni), se asentaron en Nueva Esperanza, a 120 kilómetros de Guayaramerín.

El Programa de Asentamientos Humanos que promueve el Gobierno es cuestionado por sus opositores, que afirman que tiene un objetivo electoral para sumarle votos al presidente Evo Morales en las elecciones del 6 de diciembre, por lo que presentaron memoriales a la Corte Superior de Distrito y al organismo electoral.

El ex vocal de la entidad electoral Jorge Lazarte opinó ayer que el organismo electoral debe pronunciarse cuanto antes sobre el traslado de gente que se está dando en Pando para saber si es legal o ilegal y así despejar las dudas e incertidumbre en este tema. Ese pronunciamiento puede abrir una vía legal.

“En definitiva”, comentó, el OEP deberá decir al país si ese traslado de gente, “o cualquier otro que se produzca en pleno proceso electoral”, es legal o no.

La comida está garantizada para cinco meses

El Gobierno proveerá de alimentos durante los cinco meses próximos a las 500 familias campesinas que se trasladaron desde el Chapare cochabambino y Riberalta para asentarse en el municipio pandino de Santa Rosa del Abuná.

El Ejecutivo dota de harina, arroz, aceite y azúcar a los inmigrantes, que organizaron ollas comunes para preparar sus alimentos. En ese municipio se habilitó una pileta que recibe agua del río Orthon.

El Programa de Asentamientos Humanos que promueve el Gobierno tiene un presupuesto de 21 millones de dólares para la instalación de las 2.999 familias campesinas que ya comenzaron a llegar a ese departamento. Según Radio Erbol, en la localidad de Bienvenido (parte de Santa Rosa de Abuná) se instalaron sólo dos baños para 340 inmigrantes.

Uno de los inmigrantes, identificado como Gregorio Fernández, dijo: “Tenemos que pedir baños buenos, aquí no sabemos cómo estamos, también pediremos agua potable; sólo tenemos carpas, cuando llegue el agua se las va a llevar”.

Para acceder a esta zona, según la red ATB, se deben recorrer al menos seis horas por el monte desde el municipio de Santa Rosa del Abuná. La carretera fue abierta recientemente por tractores y tiene todavía baches profundos.

Denuncian coca en concesiones

Para el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, las cinco millones de hectáreas de concesiones forestales deberían ser revertidas. Desde Cobija, aseguró que algunas de estas áreas de manejo privado son utilizadas para fabricar cocaína.

“Se dice de manera muy injusta que los colonos están llegando (al asentamiento de Santa Rosa del Abuná) a sembrar coca por el sólo hecho de que vienen desde el trópico de Cochabamba, pero no se dice que los cocales en Pando están en concesiones forestales y destinados a la ‘pichicata’. Tenemos la certeza de que hay cocales en concesiones forestales”, dijo la autoridad, aunque aclaró que en ese momento no tenía el dato de qué concesión se trataba.

El Deber consultó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Pando (ex Superintendencia Forestal) y su director, Wílder Suárez, informó que recibió una comunicación del Instituto de Reforma Agraria que certificaba que en la concesión Sinma Pando se había descubierto sembradíos de coca, con la cual se elabora cocaína.

Suárez precisó que el hallazgo se produjo mientras se realizaban las pericias de campo para el saneamiento, aunque no se le informó de cuántas hectáreas de cocales había. Sinma Pando pertenece a Alfredo Abuawad, quien a través de un contacto telefónico aseguró que todo se trató de un montaje orquestado por el riberalteño Iverth Maguado para que se le revierta la concesión.

Los siringueros, en emergencia

Los trabajadores siringueros (extractores de caucho y otros productos) “sin tierra” de Pando se declararon ayer en estado de emergencia y amenazaron con iniciar acciones de hecho si el Gobierno no les atiende y les dota de parcelas de tierra como a las familias campesinas de occidente que llegaron a esa región.

El presidente de ese sector, Rudy Atiare, en contacto con la red PAT, manifestó que quieren reunirse con autoridades gubernamentales para dialogar sobre el particular y aclaró que no existe oposición a la llegada de agricultores, pero que antes “exigen” que se atienda la solicitud de los pobladores originarios del lugar.

“Caso contrario, vamos a tomar acciones que no van a ser nada agradables para nuestra República y eso es lo que no queremos”.

Atiare añadió que ese sector, que está formado por 3.000 familias, demandó durante años la dotación de tierras sin ser escuchado y que hoy se siente avasallado por los nuevos asentamientos.

“El Gobierno tiene que ser más flexible con nosotros, también somos bolivianos y hemos cuidado la amazonia por cientos de años sin causarle ningún impacto ambiental negativo”. El dirigente dijo que a esta demanda se sumaron 15.000 familias de zafreros.

Antecedentes

  • El Programa de Asentamientos del Gobierno comenzó a ejecutarse primero en Pando.
  • El Gobierno dice que existe suficiente tierra para distribuirla entre campesinos e indígenas.
  • El INRA, entre 2006 y 2009, saneó 26 millones de hectáreas en todo el país.

Testimonios

Olimpia Barrientos

Inmigrante de Cochabamba

Según Radio Erbol, esta mujer llegó de Cochabamba con sus nueve hijos y su esposo en pos de trabajo y una vivienda propia. En una entrevista con ese medio dijo: “Antes vivía en una casa alquilada y mi esposo no tenía trabajo. Pero ahora podré criar animales, trabajar la tierra”. Ella forma parte del primer grupo de colonos.

Marco T.

Inmigrante del Chapare

“Vivía de los jornales (en el Chapare cochabambino), ayudaba a la gente a recoger coca o trabajaba en los chacos con contratos. Nunca pude tener un pedazo de tierra. Me inscribí en este plan y me aceptaron, ahora con mi familia sembraremos algunas frutas para vivir, es como comenzar de nuevo. Mis hijos seguirán con sus estudios”.

María Y.

Inmigrante de Cochabamba

“Lavaba ropa para la gente, pero no alcanzaba la plata porque mis hijos quieren estudiar en la universidad. Mi esposo trabajaba de albañil en la ciudad de Cochabamba, le pasó un accidente y ahora no puede trabajar (…) No sabemos mucho de la vida en el monte, pero estamos dispuestos a quedarnos (…) Es peor vivir sin trabajo”.

No identificado

Inmigrante de Santa Cruz

“No tenemos agua suficiente, hace calor. Es otro ambiente, necesitamos toda la ayuda posible (…) Como ha dicho el ministro (de la Presidencia) Juan Ramón Quintana, esto es para patriotas. Es muy diferente a las tierras de donde venimos (…) Pedimos que habiliten más piletas para el agua (en Santa Rosa del Abuná) y baños”.

Antecedentes

  • El Programa de Asentamientos del Gobierno comenzó a ejecutarse primero en Pando.
  • El Gobierno dice que existe suficiente tierra para distribuirla entre campesinos e indígenas.
  • El INRA, entre 2006 y 2009, saneó 26 millones de hectáreas en todo el país.

 

http://www.laprensa.com.bo/noticias/12-08-09/noticias.php?nota=12_08_09_poli2.php

 

 

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