La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Julia Ramos, reconoció ayer que "algunos" colonos de los asentamientos que el gobierno impulsa en Pando abandonaron el lugar, pero negó que se trate de una deserción, sino de un retorno para arreglar los asuntos pendientes que dejaron, pero que después volverán.
“Están retornando para visitar a sus familias y volverán al lugar (Pando), ellos ya han tomado parte, ya tienen su terreno", justificó la ministra, aunque precisó que no tenía el dato de cuánta gente salió.
"Sabemos que ir a un campo donde ni hay nada todavía, donde no vivía la gente, va costar los primeros días. No estamos yendo al centro de la plaza, para vivir bien. Poco a poco se irán generando las grandes ciudades, tenemos esa esperanza", agregó la autoridad.
Sin embargo, según reportes de varios medios y denuncias de parlamentarios opositores pandinos, alrededor de 40 colonos procedentes de Chapare habrían abandonado la comunidad Bernardino Racua y retornado al trópico de Cochabamba, debido las pésimas condiciones en las que se encuentran: falta de comida y amenazas del monte.
Entrega ilegal
El diputado cochabambino Edwin Jiménez manifestó que toda esa gente que fue trasladada a Pando y la que será enviada a La Paz, Santa Cruz y Beni, como anunció el gobierno, con la promesa de contar con tierras, está siendo engañada debido a que nunca podrán ser propietarios de esas tierras fiscales.
Argumentó que esas dotaciones o títulos prometidos, van a ser nulos de pleno derecho, por la Constitución Política del Estado (articulo 395) y la Ley 3545 de Reconducción de Reforma Agraria prohíben la entrega de tierras fiscales a particulares o familias.
“Las tierras fiscales sólo pueden ser entregadas a pueblos indígenas originarios campesinos y estas dotaciones son comunitarias, no individuales, de manera que esos terrenos no pueden ser transferidos, vendidos ni permutados”, sostuvo.