Plazo. Esperan que el Gobierno responda en 15 días
La Confederación de Pueblos Indígenas de Guarayos (Copnag) denunció que en la provincia hay 40.000 hectáreas en riesgo debido a los asentamientos ilegales de campesinos afines al Gobierno.
Hildeberto Arinori, presidente de la Copnag, indicó que los campesinos provenientes de San Julián, Yapacaní y Chapare han invadido las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y sus dirigentes les prometen la titulación luego de las elecciones presidenciales.
El dirigente dijo que incluso ingresan a las propiedades que tienen mejoras y cumplen una función económica social, como establece la Ley INRA. "Estamos en estado de emergencia, dimos un plazo de 15 días al Gobierno para que nos responda a los reclamos que hicimos ante el INRA y la Autoridad de Fiscalización de Tierras y Bosques", señaló.
Además de las TCO también fueron afectadas las propiedades Minero 5 y 29 de Julio, donde se asentaron unas 25 familias de San Julián.
Genaro Moirenda, subprefecto de la provincia Guarayos, señaló que el lunes se van a organizar para evitar enfrentamientos entre los campesinos e indígenas por los asentamientos.
Robert Shock, alcalde de Ascensión de Guarayos, dijo que desconoce el tema de los asentamientos en la provincia.
Consultado sobre los asentamientos ilegales en Guarayos, Juan Carlos Rojas, director nacional del INRA, precisó que no tenía conocimiento del tema y por ello tampoco podía brindar información.
Asimismo, se llamó al secretario general del INRA, Juan de Dios Fernández, pero indicó que deberían hacer una denuncia ante la dirección regional.
Sobre el tema, el director regional del INRA, Amodeo Amorim, sostuvo que estuvo visitando varios lugares haciendo el trabajo de la institución y que hasta el momento no han recibido una queja formal sobre asentamientos ilegales en Guarayos.
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