Asentamientos. Pretenden evitar que colonos voten en las elecciones
El Comité Cívico de Pando decidió denunciar al Gobierno ante el Ministerio Público por tres delitos que supuestamente se cometieron al llevar a más de 500 personas al departamento amazónico, a menos de 180 días de las elecciones generales del 6 de diciembre. Según informó la asesora jurídica del Comité Cívico, Carmen Eva González, el memorial de denuncia será presentado hoy ante la Fiscalía de Distrito de Cobija a las 10:00.
En una entrevista con EL DEBER, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, aseguró que ellos cumplieron una planificación de asentamiento que data de dos años y que la decisión de si los colonos pueden emitir su voto o no es de la Corte Electoral de Pando.
González explicó que se ha decidido demandar al Gobierno por tres grupos de delitos: el primero es por movimiento ilegal de personas seis meses antes de una elección, previsto en artículo 202 del Código Electoral.
El segundo es por intento de genocidio, ya que consideran que los colonos han sido trasladados a Pando en condiciones infrahumanas, sin viviendas, servicios básicos y atención médica adecuada para preservar sus vidas. Sin embargo, el Gobierno ha dispuesto que haya tres médicos de manera constante en el asentamiento, denominado Bernardino Racua, y les otorgará alimentación gratuita hasta fin de año.
Ayer en Santa Cruz, el ministro Luis Arce señaló, sin especificar montos, que los recursos económicos para los asentamientos fueron presupuestados el año pasado, así que no va a haber ningún desfase en esta gestión.
El otro delito que ve el Comité en el asentamiento es avasallamiento de propiedad privada. “No es como dicen los del Gobierno que de ahí han sacado a empresarios brasileños que estaban depredando el bosque. Se trata de un aserradero legalmente establecido, propiedad de la empresa Tropical Andes, que sacaba la madera de una concesión”, dijo González.
Para Almaraz, el aserradero estaba asentado en tierra fiscal, por lo tanto estaba apropiándose de terrenos que no le pertenecían y sus ejecutivos deberán ir a la cárcel.
González añadió que están recurriendo al Ministerio Público, porque consideran que éste se trata de un delito de orden público, con una sentencia de cumplimiento obligatorio por parte del Gobierno. Esperan que el caso sea evaluado por la Fiscalía y que ésta presente un recurso ante la Corte Superior de Pando, para que emita una orden de no inscripción de los colonos a la Corte Departamental Electoral. Su presidente, Jorge Valdez, expresó que la CDE no se pronunciará hasta que haya una resolución judicial sobre este caso.
Procedimientos
El lunes 11, el Gobierno, a través del Viceministerio de Tierras, procedió a crear dos asentamientos en Pando, uno en el municipio de Santa Rosa del Abuná y otro en la Provincia Federico Román, denominado Nueva Esperanza.
El Comité Cívico de Pando considera que esto viola el artículo 202 del Código Electoral vigente, que indica que se prohíbe el traslado masivo con fines electorales de personas seis meses antes de cualquier elección.
El Ministerio Público, si encuentra indicios de responsabilidad pasará el caso ante la Corte Superior de Justicia. Si ésta halla que hay culpabilidad en el Gobierno, ordenará a la Corte Electoral no inscribir a estas personas.
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-08-14/vernotanacional.php?id=090813235859