Carlos Crespo
La nueva Constitución Política del Estado está inspirada en el desarrollo sostenible, enfoque que considera posible articular crecimiento económico indefinido y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. A estas alturas del partido, con una crisis ecológica global que ha visibilizado la imposibilidad de un crecimiento indefinido de la economía, debido a límites ecológicos establecidos por la naturaleza, el discurso del desarrollo sostenible ha operado como legitimador del capitalismo global, bajo un barniz verde. En Bolivia, este concepto lo usó el "gonismo" para mercantilizar la naturaleza, hoy se lo emplea para lo mismo, aunque con protagonismo estatal.
El presidente Evo Morales, hace unos días, durante una concentración en Santa Rosa del Sara, denunció a algunas ONGs que "usan algunos dirigentes sindicales para oponerse y no facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo".
Asimismo, reveló que estas ONG plantearon un proyecto para evitar se perfore en la Amazonía, "de qué, entonces, Bolivia va a vivir, si algunas ONG dicen ‘Amazonía sin petróleo'.... Están diciendo, en otras palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya (el bono) Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy" (ABI, 10 de julio), retó el presidente.
Las declaraciones del mandatario sintetizan los prejuicios, desconfianzas y estigmatización del tema ambiental por parte del actual proceso de cambio, y visibiliza la orientación dominante de la política pública sobre los recursos naturales y el medio ambiente, en los últimos veinte años, más allá de ideologías políticas. Veamos algunas de sus aristas.
Es el Estado, a través de la autoridad ambiental competente, en sus diversas expresiones, quien otorga las licencias ambientales, no las ONGs. Por el contexto de la afirmación, presumo que el presidente hace referencia a la acción de ecologistas, indígenas, ONGs, en América Latina, que están criticando las políticas gubernamentales de explotación hidrocarburífera intensiva en los países de la cuenca amazónica, poniendo en riesgo la subsistencia de estas poblaciones y amenazando irreversiblemente la estabilidad ecológica del Amazonas.
En las luchas y debates en el Ecuador, ha surgido la propuesta del parque nacional Yasuní, promovida por el gobierno de Correa, pero impulsada desde el movimiento y academia ecologista. El Yasuní, es un parque nacional, reserva mundial de la biósfera y territorio de poblaciones indígenas, algunas con escaso contacto externo... hasta que se descubrió petróleo, calculado entre 412 millones de barriles de crudo (verificado) hasta 920 millones de barriles (estimado). El gobierno ecuatoriano ha anunciado que renunciará a la explotación del petróleo en la zona, sellará definitivamente los pozos, para conservar la diversidad biológica y el hábitat de los pueblos indígenas, y con ello renunciar a ingresos anuales estimados en aproximadamente $US 700 millones. Todo ello bajo supervisión de entidades internacionales, como las NNUU.
A cambio, el país andino solicita a la comunidad internacional que financien la mitad de los ingresos esperados no percibidos como aporte a la conservación del parque, esto es $US 350 millones por año, durante trece años (tiempo de explotación calculado de los pozos).
Con este fondo, Ecuador quiere invertir en proyectos sociales, fuentes energéticas alternativas, proyectos de conservación de la naturaleza y del medio ambiente y ecoturismo. El Gobierno ecuatoriano asumiría la otra mitad. Alemania ha aceptado la propuesta y los países nórdicos han mostrado sumo interés. Pero, como aclara el análisis del parlamento alemán sobre el caso, "lo que se prioriza es la protección de la biodiversidad y no la renuncia al uso de los recursos petroleros".
Al dejar de explotar petróleo, hay menos emisiones efectivas de CO2 a la atmósfera; este sería el aporte de Ecuador a la lucha contra el cambio climático, a diferencia de los juegos contables que suponen los mercados de carbono y otras estrategias mercantilistas de conservación del Amazonas, que solo legitiman y dan el rostro humano a su destrucción.
Asimismo, se prioriza la justicia ambiental para las poblaciones locales, principalmente indígenas, potencialmente afectadas por la explotación petrolera. Por otro lado, permitiría al Ecuador conservar indefinidamente un ecosistema estratégico en el futuro, reducir la amenaza de desaparición de los pueblos indígenas dentro el área del parque, y al mismo tiempo recibir un ingreso destinado para la conservación ambiental y la vida de estas poblaciones.
En Bolivia tenemos situaciones similares, por ejemplo, en el TIPNIS, el parque Madidi, áreas protegidas de alta biodiversidad y al mismo tiempo territorios indígenas, con evidencias de la existencia de hidrocarburos (y minerales); pero las alternativas van en sentido contrario a la propuesta ecuatoriana, y ratificada por Evo en su discurso; en todos los casos mencionados, la intención es explotar los hidrocarburos existentes, con las menores normas ambientales posibles, como en el caso del TIPNIS, donde se ha decidido construir una carretera de conexión interdepartamental, que parte el parque nacional en dos, condenándola por tanto como tal, sin contar con un estudio de impacto ambiental, como establece la norma.
Pero, hay tímidas disidencias en el paisaje cooptado de las organizaciones sociales indígenas, como la de los pueblos indígenas del norte paceño, que han exigido la suspensión de la inconsulta exploración sísmica por parte de una empresa norteamericana, contratada por la sociedad PDVSA y YPFB, y que provocó la reacción presidencial.
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