La Ley de Reconducción Comunitaria y la nueva Constitución amplían la mirada indígena en Bolivia
Resulta una vergüenza para el periodismo boliviano la manera en que algunos medios informativos amplifican la versión en sentido de que la política de saneamiento agrario y la dotación de tierras fiscales disponibles a favor de nuevos asentamientos en Pando, tendrían el premeditado objetivo de aumentar el caudal electoral del partido gobernante en esa región. Sólo mentes corrompidas y espíritus mediocres pueden reducir un trascendental hecho histórico al tamaño de un efímero episodio electoral. Las agendas agraria y electoral se cruzan debido al genocidio y los sabotajes racistas que retrasaron el cronograma del INRA.
La verdad incuestionable es que en menos de tres años de gestión, el actual régimen ha triplicado lo que los neoliberales no pudieron ni quisieron en 10 años. Entre 1996 y 2005 se titularon apenas 9'322.000 hectáreas, mientras que del 2006 a lo que va del 2009, el Gobierno indígena firmó títulos por un total de 25'901.000 hectáreas dotadas a casi dos millones de campesinos pobres en zonas como Pando. Las cifras indican que el mundo agrario en Bolivia se viene revolucionando a un ritmo vertiginoso, a pesar de la mitomanía opositora.
En octubre de 1996, como efecto de una presión movilizada, desde la sociedad civil, por parte del movimiento campesino y los pueblos indígenas del país que se organizaron a comienzos de esa década exigiendo una nueva reforma agraria (el hito fue la Marcha por la Tierra y la Dignidad de 1992), el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que, se suponía, iba a resolver el problema de la tenencia de tierras que empobrecía más a los campesinos originarios y enriquecía grotescamente a un pequeño grupo de empresarios acaparadores.
La Ley INRA era una respuesta concertada ante el fracaso de la Reforma Agraria de 1953. Aquella ley encomendaba al Gobierno, a través del INRA, ejecutar el saneamiento de la propiedad agraria en un lapso de 10 años.
Pero esa Ley INRA de Sánchez de Lozada resultó un fraude descomunal. El dictador neoliberal se negó a cumplir las políticas de saneamiento prescriptas en esa norma y, por el contrario, persistía en el delito de entregar extensos territorios de propiedad fiscal a grupos mafiosos que terminaron creando su propio país en superficies que deberían ser dotadas a esa multitud de pobres sin tierra que pululan mendigando en las ciudades. Y en función a ello los terratenientes delincuenciales se inventaron un proyecto de "autonomía departamental" para balcanizar a Bolivia con un criminal sentido de impunidad.
Según un diagnóstico realizado por el Viceministerio de Tierras del actual Gobierno, el saneamiento de la propiedad agraria dispuesta por la Ley 1715 avanzó, con el gonismo y sucesores, apenas en un 20%, dejando al margen del proceso las tierras privadas individuales. En consecuencia se identificaron escasas superficies de tierras fiscales para la dotación colectiva a indígenas y campesinos carentes de tierras. "Los programas de asentamientos humanos ejecutados por el INRA fueron insignificantes" -aseguran los técnicos oficiales- "En cambio, la administración del INRA fue tolerante respecto a las ocupaciones ilegales de tierras (por parte de toda clase de actores) y estimuló abiertamente el mercado informal de la propiedad agraria".
La sociedad civil, sin embargo, no retrocedió en su demanda de justicia dentro la administración agraria, presionando para que la Ley INRA no sea tergiversada a favor de los latifundistas mafiosos apoyados, desde la sociedad política, por tipos como Sánchez de Lozada. El panorama cambió radicalmente, a favor de los campesinos pobres, una vez instalado el gobierno indigenal de Evo Morales.
En noviembre del 2006, a menos de un año de su posesión, el presidente Morales promulgó la Ley 3545 de "Reconducción Comunitaria del INRA". El Senado, controlado por los latifundistas del oriente, intentó sabotear la aprobación de esa Ley, lo cual obligó a una nueva marcha indígena que cercó el Parlamento para desarmar a los senadores que estaban armados de indolencia hasta los dientes. Una vez aprobada la ley comunitaria, entre los cambios introducidos al régimen agrario se destacarán los siguientes:
1. Define con mayor precisión el concepto de la Función Económico Social (FES), penalizando la simulación de pruebas y las actividades no sustentables como causales de Reversión de tierras. Asimismo consolida el derecho de propiedad a aquellos propietarios que cumplen verdaderamente con la FES.
2. Otorga un sentido eminentemente social al mecanismo de Expropiación que es aplicable en los casos donde los pueblos indígenas tienen tierra insuficiente y requieren complementar su territorio. Además es aplicable cuando comunidades campesinas solicitan la entrega de pequeñas propiedades abandonadas.
3. Reafirma la norma de que las tierras fiscales a ser distribuidas y redistribuidas a comunidades indígenas originarias y campesinas, mantengan su calidad de tierras comunales prohibiéndose estrictamente su parcelamiento y venta.
Aquella Ley de Reconducción Comunitaria fue, finalmente, la manera en que la sociedad política se hizo eco fiel de las justas demandas que se emitían desde la sociedad civil. Esta trascendental conquista democrática sería luego reforzada con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado que consolida una auténtica revolución agraria impulsada por el Gobierno de los indios bolivianos.
Si una revolución está definida por sus resultados, en este caso las cifras indican que Evo Morales ciertamente viene revolucionando el mundo agrario en Bolivia a un ritmo vertiginoso. En menos de tres años de gestión, el actual Gobierno ha triplicado lo que los gobiernos neoliberales, en 10 años (con Sánchez de Lozada, Banzer, Tuto Quiroga y Carlos Meza presidentes), ejecutaban con mezquindad e ineficiencia. Veamos pues los datos oficiales, en registros proporcionados a Datos & Análisis por el Viceministerio de Tierras:
Entre los años 1996 y 2005, los regímenes neoliberales titularon apenas 9'322.000 hectáreas, mientras que del 2006 a lo que va del 2009, el gobierno de Evo Morales firmó títulos para un total de 25'901.000 hectáreas.
Respecto a los presupuestos para financiar aquella titulación de tierras, la corrupción burocrática es otro rasgo que diferencia al neoliberalismo del actual gobierno indígena, al menos en esta materia. Sánchez de Lozada y sus cómplices gastaron 85'107.000 dólares para titular 9'322.000 hectáreas (a un costo promedio de $us 9,13/Ha.) y Evo Morales gastó 114'157.000 dólares para titular 25'901.000 hectáreas (a un costo promedio de $us 3,24/Ha.).
La dotación de tierras fiscales (es decir de propiedad estatal) para beneficiar a trabajadores agrícolas y comunidades indígenas que no poseen ese bien capital, es otra obligación gubernamental definida tanto por la Ley INRA de 1996, así como por la Ley de Reconducción Comunitaria del 2006 y la nueva Constitución vigente desde enero del 2009. El artículo 395 de la nueva CPE institucionaliza esta política de modo integral:
"Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. (...)".
Según estadísticas del INRA, los gobiernos neoliberales cumplían esa obligación a regañadientes, pues entre 1996 y el 2005 se entregó un total de 36.815 hectáreas concentradas sólo en Beni, La Paz y Tarija; mientras el Gobierno actual dotó, entre el 2006 y 2009, un total de 1'014.792 hectáreas, o sea 28 veces más, en los departamentos de Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz y Tarija.
La política agraria de Sánchez de Lozada y sus secuaces benefició durante las últimas décadas a no más de 200 empresarios mafiosos que hacían de sus latifundios bastiones de narcotráfico y contrabando. Y en menos de 30 meses, el Gobierno que preside un indígena favoreció a casi dos millones de campesinos pobres especialmente en zonas, como Pando, que eran las más abandonadas por el viejo Estado.
De las 36.815 hectáreas de tierra fiscal entregadas por Sánchez de Lozada, Banzer, Tuto y Mesa en tres regiones, más de la mitad, el 53% (19.389 Has.), se concentraron en el Departamento amazónico del Beni, donde campean latifundistas ganaderos que acaparan toda tierra disponible. Y del millón y más de hectáreas fiscales entregadas por Evo Morales en cinco regiones, el 73% (738.946 Has.) se realizó en el Departamento amazónico de Pando, donde radica una mayoría de indígenas y campesinos desposeídos.
El neoliberalismo había convertido a Pando en el eslabón más débil del decadente Estado oligárquico. Unos mafiosos que incursionaron en política partidaria bajo la sombra neoliberal, y teniendo bajo su control la Prefectura pandina, habían inmovilizado casi un millón y medio de hectáreas de tierras forestales y agrícolas fiscales para convertirlas en feudos cautivos del narcotráfico y el contrabando activados desde el Brasil. Después de la entrega de 738.946 hectáreas a favor de los campesinos pandinos, aún quedan 706.250 hectáreas de tierras fiscales plenamente disponibles que, según la política del actual Gobierno, beneficiarán a campesinos e indígenas de otras regiones de Bolivia que están dispuestos a poblar el Departamento amazónico más despoblado del país.
Como se puede ver, las acciones que emprende el gobierno de Evo Morales en Pando responden estrictamente a una política dispuesta por la Ley de Reconducción Comunitaria del 2006 y consagrada por la nueva Constitución vigente. No es, de ninguna manera, un ardid para ganar votitos en las elecciones de diciembre ni un problema personal entre el Ministro de la Presidencia o el Viceministro de Tierras y los cuatro mafiosos que se oponen a este avance de la justicia social en Pando.
Pando es pues una histórica urgencia nacional incluso desde mucho antes del ascenso de Evo al Gobierno.
Del "Plan Vinto" al Plan Pando
Entre el 20 y 23 de enero del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, varias organizaciones indígenas y campesinas realizaron en Cochabamba el Encuentro Nacional de Tierra y Territorio, en cuyas conclusiones se acordó que dichas organizaciones debían "trabajar una nueva Ley de Tierra y Territorio, que otorgue derecho de propiedad, no solo de la tierra, sino también de los recursos naturales según usos y costumbres".
El pronunciamiento emitido en enero del 2004 por las organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que se habían reunido en la famosa Casa de Retiros de Vinto (a quince kilómetros de la ciudad de Cochabamba), buscaba influir en acciones gubernamentales inmediatas al exigirle al presidente Mesa desactivar algunos dispositivos de la entonces Ley INRA que favorecían a grandes latifundistas y especuladores de tierras agrícolas y forestales principalmente en el oriente del país.
"No permitiremos que se aprueben más decretos que atenten contra nuestros derechos" - decía el pronunciamiento de Vinto -. "Al actual Gobierno le decimos que debe tomar muy en cuenta nuestra frontal oposición a que se apruebe el proyecto de decreto sobre ‘usuarios tradicionales de la castaña' que solo busca favorecer a los grandes barraqueros del norte amazónico en Pando, Beni y el norte de La Paz".
En ese mismo documento, los representantes indígenas y campesinos debidamente asesorados por técnicos de entes especializados como el CEJIS y CIPCA, demandaban también una urgente reestructuración del INRA para emprender sin más dilación una nueva distribución de tierras en Bolivia. Era enero del 2004, reiteramos.
Los asistentes a ese encuentro ratificaron el pacto nacional de unidad "entre organizaciones campesinas, de colonizadores, indígenas, originarias, del movimiento sin tierra y mujeres campesinas, de las tierras altas y tierras bajas, del altiplano, valles, oriente y Amazonía", aclarando que ese pacto debía servir "para lograr la redistribución de la tierra y el respeto a nuestros legítimos derechos territoriales y sobre los recursos naturales, así como para avanzar en la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente".
En los puntos séptimo y octavo del pronunciamiento, los dirigentes campesinos e indígenas planteaban al gobierno de Carlos Mesa dar "rápida atención" a la titulación de tierras comunitarias de origen tanto en las tierras altas como las tierras bajas de Bolivia. Y para los indígenas y campesinos sin tierra, el Estado debía ceder todas las áreas fiscales aptas para la agricultura y actividades productivas afines. "El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra", planteaba el documento de Vinto. Y Mesa, el soberbio y engreído Presidente señorial, inconmovible, no alzó un dedo para atender ese clamor de justicia.
En el Encuentro de Vinto se había definido que la necesidad de una nueva política de distribución de tierras -y como parte indisoluble de ella la formación de nuevos asentamientos poblacionales rurales-, exigiría también una rigurosa planificación territorial. Estaba claro que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, tendría que pasar ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales según el uso que se deba dar a esos suelos ocupados. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.
Se podría afirmar que las conclusiones de aquel Encuentro Nacional de Tierra y Territorio fueron adoptados como discurso y fundamento programático de un indigenismo libertario que ya se había instalado en el horizonte del ascenso popular en Bolivia, derribando a Sánchez de Lozada durante las jornadas de octubre del 2003. Pero, sobre todo, ese documento fue una de las primeras "alertas rojas" que la derecha feudal, ya derrotada, intentó exorcizar echando gritos al cielo. La Nación Camba, ese engendro neofascista promovido precisamente por los latifundistas más parasitarios y expoliadores, satanizó al pronunciamiento de enero denominándolo "Plan Vinto".
"Este Plan es la pequeña Biblia que consagra la intentona de separar a los pocos aventureros que aun desafían la ley de la gravedad intentando sobrevivir en una sociedad de rechazos mutuos", escribió entonces, con un lenguaje encriptado y típicamente masónico, el activista de la Nación Camba Sergio Antelo.
El 9 de junio del 2005, 18 meses después del pronunciamiento de Vinto, dirigentes empresariales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) presentaron ante el Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) un "análisis profundo" que se había realizado acerca del "Plan Vinto". Los expositores eran Mauricio Roca de la CAO y Guido Náyar de FEGASACRUZ, sospechosos hoy de financiar al grupo armado del mercenario separatista Rózsa Flores.
"Esta Estrategia no es otra cosa que un plan del MAS para tomar el poder a partir de la consolidación del derecho a la tierra y el territorio por parte de los llamados 'originarios', quienes tienen un brazo ejecutor de toma de tierras en el Movimiento Sin Tierra", sostenía entonces un manifiesto racista emitido por los empresarios orientales.
El "Plan Vinto" lanzado el 23 de enero del 2004, y el pronunciamiento empresarial de la CAO, FEGASACRUZ y la CFB emitido el 9 de junio del 2005 en contra del documento indígena, son los antecedentes más esclarecedores de lo viene sucediendo actualmente en el Departamento de Pando, donde el problema de la tierra, ciertamente, es algo más que un casual asuntillo electoral.
No olvidemos que el 27 de enero del 2004, muy pocos días después del Encuentro Nacional de Tierra y Territorio que se celebró en Vinto, una Fiscal de Santa Cruz que investigaba delitos de acaparamiento de tierras agrícolas por parte de empresarios que no vacilaban incluso en irrumpir sobre tierras indígenas comunitarias, fue asesinada en un brutal atentado explosivo a manos del narco-terrorista italiano Marco Marino Diodato, socio de latifundistas y banqueros corruptos. La muerte de la fiscal Mónica von Borries era una sórdida advertencia de cómo los especuladores de la tierra estaban dispuestos a impedir la aplicación de cualquier "Plan Vinto".
El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre del 2005, con un índice de votación superior al 70% en las áreas rurales del país, especialmente en aquellas zonas donde el problema de la tierra es una urgencia nacional, se debió en gran parte a la oferta electoral que su partido, el MAS, enarboló ante los votantes campesinos con la promesa de impulsar una revolución agraria devolviendo a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y redistribuyendo tierras a los desposeídos.
Estaba claro, desde un principio, que Evo Morales en legítimo ejercicio de su poder como Presidente de la República, utilizaría todos los mecanismos para cumplir esos objetivos, afectando necesariamente intereses empresariales no siempre legítimos. Y estaba claro también, desde mucho antes, que los reducidos pero potentes grupos empresariales que detentaban, de manera ilegal, parasitaria y especulativa, extensas tierras agrícolas, ganaderas y forestales, opondrían resistencia con todos los recursos a su alcance, incluso lo más viles.
Este conflicto que se vislumbró ya en el 2004 cuando la CAO y FEGASACRUZ despotricaron contra el "Plan Vinto", iba configurado su epicentro más explosivo en la denominada "media luna", que es donde finalmente estallaron los hechos más dramáticos registrados dentro el actual gobierno de Evo Morales, impelido a enfrentar una escalada separatista que es la forma en que las logias terratenientes defienden sus ilegales privilegios.
Los sucesos sangrientos que ocurrieron en septiembre del 2008 en Pando y Santa Cruz -cuando hordas nazi-racistas promovidas por las prefecturas y los comités cívicos asaltaron y saquearon instituciones estatales, agredieron a funcionarios gubernamentales incluido el Comandante de la Policía cruceña y pretendieron linchar a dirigentes campesinos-, tuvo como única finalidad impedir y paralizar el ingreso de brigadas del INRA que cumplían una intensa labor de saneamiento de tierras y detección de latifundios improductivos susceptibles de Reversión. Esta resistencia fascista alcanzó su punto fulminante con el genocidio cometido en El Porvenir contra decenas de marchistas indígenas de Pando, el 11 de septiembre. La matanza fue auspiciada por el entonces prefecto Leopoldo Fernández -un latifundista corrupto, ex Senador de ADN (el partido del ex dictador Banzer) y ex Ministro de Gobierno de Tuto Quiroga-, cuya familia detenta tierras usurpadas abusivamente en los municipios de Cobija, El Porvenir y Bella Flor, ocupando una superficie total de 5.552 hectáreas. El feudo de Leopoldo Fernández y sus hermanos abarca el doble de la extensión territorial que ocupa la ciudad de Cobija, capital de Pando, sobre una superficie de 3.242 hectáreas.
Pisando fuerte en la Amazonía
A principios de junio del año 2006, el Gobierno indígena había detectado la presencia de una treintena de brasileños, supuestos empresarios, que ocupaban tierras fiscales en Pando, dentro la franja fronteriza de 50 kilómetros donde las leyes vigentes, y la propia Constitución, prohíben el asentamiento de extranjeros. Los invasores brasileños contaban con el apoyo del prefecto Leopoldo Fernández y del ex canciller del gobierno de Jaime Paz Zamora, Carlos Saavedra Bruno, otro connotado negociante de tierras.
El Gobierno informó entonces que el prefecto Fernández y el ex canciller Saavedra obstaculizaron el acceso de las brigadas del INRA para expulsar a los brasileños. Advertían, en tono intimidante, que los brasileños "defenderán con las armas sus propiedades", responsabilizando a Evo Morales de una eventual guerra con el Brasil.
Aquellos "empresarios" brasileños ocupaban más de 20.000 hectáreas sobre la franja fronteriza de Pando, como una "extensión natural" de propiedades que se originaban en territorio del Brasil. La ciudad boliviana de Cobija colinda con las ciudades brasileñas de Brasilea y Epitasolandia, desde donde se organizan líneas de narcotráfico y redes de contrabando de combustible, oro y maderas, actividades muy intensas en el territorio fronterizo de Pando que está bajo control de las familias mafiosas apadrinadas por Leopoldo Fernández.
El saneamiento de tierras en Pando era a todas luces una impostergable urgencia nacional.
Una vez promulgada la Ley 3545 de "Reconducción Comunitaria del INRA" en noviembre del 2006, Evo Morales pisó el acelerador para sanear la titulación de suelos legalizando propiedades colectivas en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) a lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual implicaba también revertir latifundios mal habidos que estaban siendo administrados bajo un mercado libre y negro. Se procedió igual con la urgente identificación de áreas fiscales disponibles para su distribución a favor de los indígenas sin tierra. En toda la década de 1996 al 2005, los regímenes neoliberales habían identificado con certeza apenas 106.886 hectáreas de tierra fiscal disponible, y durante los primeros meses de gobierno en el 2006, la gestión de Evo Morales detectó más de 175.000 hectáreas (cifra que llegaría hasta el 2009 a 9'817.000 hectáreas). En Pando se hallaron 1'445.196 hectáreas de tierras fiscales disponibles para su entrega prioritaria a los campesinos e indígenas pandinos, los más pobres entre los pobres de Bolivia. Similares avances se realizaron en las zonas rurales de Santa Cruz, en la amazonía del Beni y en el norte tropical de La Paz.
Pando es el pivote del rico y marginado territorio amazónico de Bolivia, el cual abarca, además de este Departamento, la provincia Vaca Diez del Departamento del Beni (Riberalta y Guayaramerín), y parte del Norte de Departamento de La Paz (Apolo e Ixiamas). Esta región amazónica inter-departamental abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados de ecosistemas donde predominan los bosques altos de tierra firme (74% del territorio) ricos en biodiversidad y únicos en el planeta, con valiosos productos no maderables como la quina, la goma vegetal y el palmito, que fueron base de la prosperidad del potentado Nicolás Suárez hace más de un siglo, y ahora la castaña y la madera tropical que son el botín de los "barraqueros" (latifundistas que explotan estos recursos bajo un sistema esclavista de trabajo por pulpería y dormitorio). La región amazónica es también rica en reservas petroleras y auríferas que despiertan la codicia trasnacional. No eran raras, por ello, las furtivas incursiones de tropas del Comando Sur para realizar labores de "asistencia social" a solicitud del solícito prefecto Fernández.
Cuando Evo Morales decidió pisar fuerte en Pando, lo hizo convencido de que recuperando Pando para la soberanía nacional, recuperaba también toda la región amazónica que durante casi 200 años de vida republicana permaneció tan alejada de Bolivia y tan subsumida por el Brasil. En junio del 2007, el Ministerio de la Presidencia organizó el Primer Foro Amazónico donde la estrategia para recuperar el entorno amazónico de Pando cristalizaba al fin muchas décadas de lucha y resistencia indígena en esa zona que era un Estado mafioso y criminal dentro el Estado oligárquico y antinacional.
El ministro Juan Ramón Quintana, un ex capitán del Ejército boliviano y magíster en Sociología, anunciaba entonces la creación del Comando Conjunto Amazónico como una inédita unidad integrada entre las fuerzas militares navales, aéreas y terrestres que conformarán batallones de ingenieros militares, "uno que estamos instalando en Trinidad, otro que lo vamos a instalar en Riberalta y el tercero que se instalará en Cobija con el objetivo de contribuir a los municipios, a las prefecturas y a las mancomunidades para que puedan llevar adelante sus proyectos de infraestructura y consolidación de los planes de vertebración territorial, preservando fundamentalmente el medio ambiente", explicó Quintana durante ese Foro. Profundizando el avance en ese camino sin retorno -el "buen camino" del que habló Lidia Limachi en un mensaje que la joven madre aymara le envió al Ministro antes de fallecer-, Juan Ramón Quintana anunció también la creación de cuatro centros tecnológicos universitarios bajo tuición municipal en Riberalta, Guayaramerín, Trinidad y Cobija para la formación de al menos mil estudiantes semestralmente en 20 especialidades profesionales que posibilitarán el surgimiento de un gran Centro de Investigación y Estudios Amazónicos.
La resistencia, por parte de los terratenientes, a esta acción gubernamental que era nada más el cumplimiento de un mandato legal, constitucional, se expresó por todos los medios al alcance de estos ricos potentados. El 14 de noviembre del 2006, el propietario de la empresa maderera Caramanu, que ocupa ilegalmente tierras fiscales dentro la llamada Zona Franca de Cobija, interpuso un recurso de inconstitucionalidad para impedir el ingreso a esos predios de las brigadas del INRA que reclamaban el auxilio de fuerza pública; pero el Tribunal Constitucional declaró improcedente ese recurso anti-saneamiento. De la resistencia legal se pasó pronto a la violencia organizada. Los latifundistas comenzaron a contratar sicarios del narcotráfico para amedrentar y ahuyentar a los técnicos gubernamentales encargados del saneamiento de tierras.
A pesar del constante sabotaje contra las acciones de saneamiento que ejecutaban las brigadas del INRA, finalmente, el 2 de agosto del 2008, Evo Morales anunció que el proceso de saneamiento y la dotación de tierras fiscales a todas las comunidades campesinas e indígenas de Pando, era una etapa que había concluido exitosamente. Un total de 1.852 familias campesinas de Pando, en 58 comunidades de indígenas productores de castaña en su mayoría, fue beneficiada con títulos comunitarios de propiedad sobre un territorio de 738.946 hectáreas. Siendo que en Pando se detectó un total de 1'445.196 hectáreas de tierra fiscal, todavía quedaban 706.250 hectáreas de abierta disponibilidad para ser distribuidas, en cumplimiento de la Ley 3545, entre campesinos e indígenas que pululan sin tierras en otras regiones de Bolivia. Evo Morales anunció que la próxima etapa de este proceso agrario consistiría en dotar aquellas tierras disponibles de Pando a campesinos de La Paz y Cochabamba, y simultáneamente se expulsaría a los extranjeros brasileños que ocupan ilegalmente la franja fronteriza de 50 kilómetros.
Aquel anuncio presidencial, en agosto del 2008, puso en apronte a los energúmenos cabecillas de la Nación Camba. En septiembre de ese año, el oriente boliviano se estremeció con el estallido de una nueva razzia organizada y financiada por los terratenientes. Hordas de jóvenes neofascistas y sicarios del narcotráfico tomaron las calles para asaltar y saquear las instituciones estatales involucradas con el proceso de saneamiento de tierras. Las oficinas del INRA en Santa Cruz, Riberalta y Cobija fueron desmanteladas y los archivos que guardaban documentos de titulación e informes técnicos de topógrafos y mensuradores fueron incendiados.
En Pando, las organizaciones indígenas se movilizaron con el propósito de defender las oficinas del INRA y garantizar el proceso de saneamiento. Los marchistas fueron emboscados por sicarios al servicio del prefecto Leopoldo Fernández, acaeciendo así la masacre de El Porvenir, el 11 de septiembre del 2008. El genocidio había sido cometido con intervención de matones que se desplazaron desde Riberalta, ciudad beniana donde curiosamente la Prefectura de Pando mantiene una "oficina de enlace". Riberalta, que se encuentra al extremo sur de Pando dentro la jurisdicción limítrofe del Beni, forma una tenaza de muerte con Cobija, la capital pandina en el extremo norte fronterizo con Brasil. Ambos puntos encierran una especie de campo de concentración donde los latifundistas tienen sometidos a miles de peones de la castaña que son usados como carne de cañón para enfrentarse a los indígenas libres. La principal amenaza de este esquema terrorista tiene su foco más activo en Riberalta (Beni), desde donde se viene organizando la nueva resistencia violenta para impedir la llegada a Pando, en agosto, de 2.000 familias andinas que recibirán una dotación comunitaria de 250.000 hectáreas en las localidades amazónicas de Federico Román, Abuná y Filadelfia.
Estremece sólo imaginar cómo sería un régimen de "autonomía" como el que pretende la Nación Camba de los apátridas. Aún sin esa "autonomía" legalizada, los mafiosos feudales, vinculados al narcotráfico y el contrabando dependientes del Brasil, no sólo ejercen un control territorial casi absoluto y federal en el eje Riberalta - Cobija, sino, lo más grave, detentan una estructura de poder basada en el más horrendo de los nepotismos, control que incluye además una extensa red de medios de comunicación que reproducen en escala nacional el discurso racista y separatista de estos delincuentes acostumbrados a alternarse en cargos electivos de diputados, senadores, concejales, alcaldes y ahora prefectos. Casi todos los jefes de estas familias mafiosas fueron ministros e influyentes autoridades durante los gobiernos de Hugo Banzer Suárez, Luís García Meza, Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge "Tuto" Quiroga y Carlos Mesa. Ya no caben en el esquema de Evo Morales y por eso odian al indio que gobierna hoy en Bolivia.
Después del sangriento fracaso en los intentos por frenar la irreversible revolución agraria que está en curso, y tras el encarcelamiento del genocida Leopoldo Fernández por su innegable responsabilidad en la masacre de Pando, a los nazi-racistas bolivianos no les quedaba más que contratar a un balcanizador desquiciado como Eduardo Rózsa Flores y su banda de mercenarios húngaros y croatas. Las logias que encabezan la oposición anti-indígena en Bolivia no tienen otro camino que el delito terrorista y el crimen organizado; tal el único método de aquellos que pretenden detener el reloj de la historia, a balas y con bombas.
La mitomanía nazi-racista
Los argumentos que esgrimen estos latifundistas delincuenciales para frenar el avance libertario en la conquista popular de la tierra y el territorio, son deleznables y un insulto a la inteligencia. Aseguran que el traslado de campesinos del occidente destruirá el medio ambiente amazónico, que es "anti-ecológico", y no explican cómo es que extensas áreas forestales, casi la mitad del Departamento de Pando bajo dominio latifundista, son los más depredados del país por los intensos chaqueos (desbosques) destinados al contrabando de madera. Califican el plan de nuevos asentamientos poblacionales como una "improvisada colonización quechua" para destruir la cultura amazónica, ignorando que el diseño conceptual de este proceso recoge los criterios más científicos y modernos en esta materia. El plan enmarcado en la Ley 3545 no es una colonización a la usanza de los años sesenta y setenta, cuando los dictadores Barrientos y Banzer introdujeron a los menonitas y pretendieron poblar tierras nativas con farmers rodesianos. "No estamos colonizando tierras ajenas, estamos ocupando nuestro propio territorio", afirman las voces indígenas. La nueva Constitución Política del Estado emplea el concepto de "comunidades interculturales" para referirse a los asentamientos humanos de nueva generación. De hecho, en Pando, donde la densidad demográfica es la más baja de todos los tiempos, se desarrollan constantes planes de asentamientos para ocupar tierras baldías. El propio Leopoldo Fernández fue promotor de un nuevo asentamiento urbano en Cobija, entre varios, con migrantes del altiplano, en un naciente barrio denominado "El cacique".
Otra diatriba que cubre primeras planas en los informativos de la prensa escrita, radial y televisiva, para vergüenza del periodismo boliviano, consiste en asegurar que el "traslado" de campesinos occidentales a Pando tiene el único fin, por parte del MAS, de ganarle votos a la derecha en las elecciones de diciembre. Quizá porque la especulación es un arte que reditúa, los periodistas que se hacen eco de esta forma corrupta y mediocre de entender el nuevo proceso agrario, ignoran deliberadamente que los asentamientos proyectados debían iniciarse en agosto del año pasado, una vez finalizada la dotación previa a los campesinos pandinos. El proceso se retrasó todo un año debido a la matanza del 11 de septiembre y a causa de los constantes obstáculos y amenazas que anteponen los latifundistas al ingreso de las brigadas del INRA. De no mediar aquellos obstáculos interpuestos por el nazi-racismo, los nuevos asentamientos ya debían haber concluido sin necesidad de interferir ni cruzarse con el proceso electoral. Son aquellos que mueven cielo y tierra para impedir las labores de saneamiento a cargo de las brigadas del INRA, los directos causantes de que el cronograma agrario se haya cruzado con el cronograma electoral. Por lo que Datos & Análisis ha podido verificar en fuentes directas, no estaba en los planes del INRA, ni del Viceministerio de Tierras, ni del Ministerio de la Presidencia, convertir el proceso de la revolución agraria que impulsan los pueblos originarios de Bolivia en una vulgar chacota electoral. Para los indios bolivianos, indios campesinos, indios obreros, indios desempleados, indios sin tierra, indios profesionales, indios sentipensantes, indios sin color, indios interculturales, vale más la sensación de que esa utopía referida a que la tierra es para quien la trabaja, está realmente a la vuelta de la esquina. Esa sensación, esa certeza, esa certidumbre ética de que estamos a un paso de tomar el cielo por asalto, de dotar ocultas tierras fiscales, y cada vez más, a cada vez menos miserables y harapientos bolivianos y bolivianas que luchan mendigando en las ciudades, eso, pesa y vale mucho más que una maliciosa sospecha de cohecho electoral. No necesitan los indígenas bolivianos reducir su conciencia histórica y su heroica memoria (son un pueblo elegido porque supieron resistir siglos de despojo) a un circunstancial comercio electoral. El voto de los indígenas y pobres de Bolivia será por ellos mismos, estén donde estén. Y es que la lucha de los pueblos indígenas de Bolivia no es una lucha por el poder, es una lucha por la vida. Para los pueblos aymará, quechua, guaraní, mosetén, chiquitano, tacana, araona, las elecciones de diciembre serán un episodio efímero, un mero acto administrativo, rutinario, frente a la grandiosidad histórica que puede representar, en esta parte andino-amazónica del planeta, una transformación radical en las estructuras de tenencia de tierras y en las gestiones territoriales con los criterios del ayllu, del ayni y de la Pachamama. Todo esto emerge de la Ley de Reconducción Comunitaria y de la nueva Constitución. Y ninguno de aquellos preceptos legales dispone que el colosal desplazamiento poblacional y logístico emergente de este revolucionario proceso agrario, debe servir sólo para ganarle votitos a Leopoldo Fernández y su banda de sicarios narco-terroristas que campean rampantes en Cobija y Riberalta llevando droga y maderas preciosas a Brasilea. Sólo mentes decadentes podrían concebir semejante negocio con más costo que beneficio. Las leyes indígenas que ahora rigen en Bolivia han sido concebidas para transformar las conciencias sin necesidad de incurrir en cohechos electorales como a los que están acostumbrados tipos como el barraquero Róger Pinto, quien llegó a Senador con el voto obligado y controlado de sus miles de peones sometidos a extorsiones y trabajos forzados en la zafra castañera.
Pero el cretinismo con que los genocidas pretenden desacreditar y detener el vertiginoso proceso agrario en Bolivia, alcanza también al propio partido gobernante, el MAS, desde donde surgen las voces más insólitas sumándose al corifeo de los terratenientes anti-evistas. Recordemos que a la misma hora en que se producía la masacre de El Porvenir, después del medio día de aquel infausto 11 de septiembre del 2008, un grupo de periodistas y operarios del Canal 7 de la televisión estatal, seguidores del ex vocero presidencial Alex Contreras, interrumpieron abruptamente las emisiones evitando que el país conozca lo que ocurría en Pando. El objetivo de aquel sabotaje televisivo era promover la caída del ministro Juan Ramón Quintana sobre cuyas espaldas se asentaba la responsabilidad del Estado en Pando; Contreras quería ver sucumbir a Quintana en medio del baño de sangre desatado por Leopoldo Fernández. Hoy en Cochabamba, Contreras tiene una tribuna "estelar" en el canal televisivo de la familia Sánchez Berzain, desde donde persiste en sus ataques contra el ministro Quintana y el viceministro Almaraz exactamente con las mismas infamias que propalan los voceros del racismo feudal. Le sigue la corriente el "candidato presidencial" Román Loayza, quien pretende ser el principal contendiente de Evo mendigando apoyos en la "media luna". A diferencia de Loayza, lo raro es que Alex Contreras continúa desacreditando a la avanzada gubernamental que Evo Morales destacó a Pando, todavía como militante del MAS, en nombre del masismo.
Finalmente, una última y perversa insidia que los racistas vienen esgrimiendo en su afán de impedir que el mundo gire, consiste en afirmar que el Gobierno pretende convertir a Pando en una "sucursal del Chapare", donde los comunarios recién asentados fundarán su república de la coca "generalizando el cultivo cocalero en tan frágiles suelos". Efectivamente, de acuerdo al Programa de Distribución de Tierras en el Departamento de Pando, los grupos poblacionales beneficiados con las primeras dotaciones interculturales en esa región son "familias jóvenes que no tienen tierra o la tienen insuficiente, de las comunidades campesinas del Chapare y del Norte de la Paz". Por lo tanto el Departamento de Cochabamba es uno de los directos beneficiados con esta marcha a Pando, ya que el desplazamiento de más de mil campesinos del subtrópico cochabambino aliviará sustancialmente la presión demográfica que induce a un incremento en los cultivos de coca. "Pero esos campesinos vendrán ahora a Pando a sembrar coca", dicen los feudales, haciendo gala de una supina ignorancia sobre el uso de suelos, si no una descarada mala fe, o ambas. Es imposible, científicamente, que las tierras de Pando sean aptas para el cultivo de coca; y aunque se pretenda incurrir en ese atentado medioambiental, el sistema de registros que se emplea para formalizar el beneficio de la dotación garantiza un control técnico en estricto ajuste a la definición de aptitud de suelos y sistemas de producción en aquellos terrenos. En el departamento de Pando, dice un informe técnico del Viceministerio de Tierras, "las tierras fiscales corresponden en mayor proporción a la recolección de castaña, extracción de goma, en algunos casos combinada con extracción de madera. También se tienen tierras de uso restringido con protección de llanuras aluviales, protección del suelo, de la fauna, vegetación, e incluso alguna recae en áreas de reserva de inmovilización y reserva nacional amazónica. Áreas muy reducidas son de uso ganadero extensivo y de uso silvopastoril". Si fuera posible sembrar coca en estos terrenos, ya lo habrían hecho hace mucho tiempo atrás los avezados parientes y ahijados de Leopoldo Fernández.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009072101