Campaña de apoyo a la Conservación del Patrimonio Bibliográfico y
Documental en Bolivia
CONTRA LA BARBARIE, EL GENOCIDIO Y EL MEMORICIDIO
9 de Septiembre, Día Aciago de la Destrucción de la Memoria Cruceña
A la opinión pública nacional y mundial:
Los archivistas, documentalistas, bibliotecarios, historiadores,
investigadores e intelectuales, reunidos en la Sala de Lectura de la
Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional, denunciamos ante
la opinión pública boliviana y mundial el genocidio y el memoricidio
que asoló a varias ciudades bolivianas entre el 9 y el 12 de
septiembre de 2008.
El 9 de septiembre será recordado por el saqueo, quema y destrucción
de las instalaciones instituciones públicas y privadas de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, provocando la destrucción del Archivo del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la quema de la
Biblioteca del Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social
(CEJIS), delito de lesa cultura provocado por grupos violentos que
emplean métodos fascistas, que responden a la Unión Juvenil Cruceñista
(brazo paramilitar del Comité Pro Santa Cruz), adscritos a la
Prefectura del Departamento de Santa Cruz, que actúa en abierta
sedición contra el estado de Derecho y la democracia en Bolivia,
desacatando la ley y usurpando funciones del Gobierno Nacional hechos
que constituyen delitos penados por ley.
El 11 de septiembre de 2008, sicarios armados, provocaron una matanza
de campesinos e indígenas y estudiantes normalistas en el municipio
Porvenir del Departamento Pando, hecho tipificado como delito de
genocidio en la querella interpuesta de oficio por el Fiscal General
de la Nación, contra el prefecto Leopoldo Fernández. Las cifras
aterradoras señalan aproximadamente 30 muertos y 50 desaparecidos. El
12 de septiembre, el mismo grupo incendió la Alcaldía de Filadelfia,
por su afinidad con el partido de gobierno.
El 9 de septiembre de 2008 será recordado como una fecha negra contra
la memoria cruceña. La destrucción del Archivo del INRA y otras
instituciones como la Superintendencia Agraria, Forestal, Servicio de
Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, provocados por latifundistas, agroexportadores y
el capital financiero asociado a la agroindustria en Bolivia, que se
resisten al proceso de cambio democrático, particularmente en el caso
de la tenencia de la tierra y la plena participación de la población
indígena en la gestión del Estado y la sociedad, impulsando un golpe
de Estado cívico-prefectural, denunciado por autoridades de gobierno.
El ataque y destrucción de archivos, bibliotecas y centros de
documentación el 9 de septiembre, han sido cometidos en el curso del
desarrollo de esta estrategia de sedición contra el estado de Derecho
y la Democracia. Los atentados han sido selectivamente dirigidos
contra documentaciones con valor fiscal o legal, para destruirlos con
el fin de sostener así la ilegal ocupación de tierras de comunidades
indígenas y fiscales. No podemos olvidar que durante la dictadura del
General Hugo Banzer (1971-1978), se adjudicaron millones de hectáreas
para favorecer a estos grupos de poder.
Nosotros, consideramos que el resguardo, la conservación y acceso de/a
los documentos institucionales es un objetivo primario en el ámbito
profesional y del servicio a la sociedad.
Al mismo tiempo, sostenemos el interés supremo de preservar la vida de
las personas, el estado de Derecho y la Democracia, condiciones sin
las cuales los fines y valores profesionales que sostenemos carecerían
de genuina veracidad y valor.
Por lo expuesto, la Asamblea de Emergencia declara:
1.
Nuestro dolor por el genocidio perpetrado en el municipio
Porvenir, Departamento Pando, el 11 de septiembre de 2008.
2.
Declaramos al 9 de septiembre de 2008 como "Dia aciago de la
destrucción de los archivos institucionales y la Biblioteca del CEJIS
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra", crimen de lesa cultura que
debe ser sancionado.
3.
Exigimos a las autoridades nacionales, departamentales, locales
y/o institucionales, a erigirse en parte civil en procesos judiciales
para sancionar tanto a los autores intelectuales, materiales,
cómplices y encubridores del genocidio de Porvenir, como al
memoricidio provocado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
4.
Denunciamos ante el Consejo Internacional de Archivo, el Comité
de la Memoria de la Humanidad, la UNESCO, la Asociación
Latinoamericana de Archivos, la IFLA, y otras organizaciones de
profesionales del mundo, la destrucción de los archivos y la quema de
la biblioteca del CEJIS, para que estos delitos de lesa cultura no
queden en la impunidad.
5.
Constituir en el territorio de la República, Comités de Defensa
de la Memoria de la Nación, participativo e inclusivo de profesionales
y miembros de la sociedad civil, con el propósito de documentar y
denunciar los actos de destrucción, depredación, robo, incendio y
cualesquier otra forma de atentar contra su integridad.
6.
Repudiamos la violencia política que históricamente ha
determinado como objetivos insanos la destrucción de archivos,
bibliotecas y centros de documentación en Bolivia y cualquier otro
lugar del mundo, cuando estas deben ser conservadas por el interés
público y los derechos de la Humanidad.
7.
Llamamos a hombres y mujeres del país y el mundo a defender el
estado de Derecho y la Democracia en Bolivia, que sigue costando
sangre de los más humildes, como son los pueblos indígenas de Pando.
La Paz (Bolivia), 15 septiembre de 2008
Luis Oporto Ordóñez, Juan Carlos Fernández Peñaranda, Galo Jaime
Illatarco Peñarrieta, Luis Reynaldo Gómez, Martha Paredes Oviedo,
Simón Orellana Chávez, Olga Mogro Moreno, Miriam Agramont, Carola
Campos Lora, Mónica Montesinos Rojas, Norka Raquel Lara Gómez, Gaby
Gutiérrez Ramos, Lourdes Peñaranda Morante, René Armando Santos
Vargas, Liz Quiñones Vargas, Fernando Chuquimia Bonifaz, Gonzalo
Molina Echeverría, Demetrio Frontalilla, Juan Carlos Zurita, Ludmila
Zeballos Avendaño, Javier Saravia Gutiérrez, Patricia Suárez
Veintenillas, José Flores Mamani.
Documental en Bolivia
CONTRA LA BARBARIE, EL GENOCIDIO Y EL MEMORICIDIO
9 de Septiembre, Día Aciago de la Destrucción de la Memoria Cruceña
A la opinión pública nacional y mundial:
Los archivistas, documentalistas, bibliotecarios, historiadores,
investigadores e intelectuales, reunidos en la Sala de Lectura de la
Biblioteca y Archivo Histórico del Congreso Nacional, denunciamos ante
la opinión pública boliviana y mundial el genocidio y el memoricidio
que asoló a varias ciudades bolivianas entre el 9 y el 12 de
septiembre de 2008.
El 9 de septiembre será recordado por el saqueo, quema y destrucción
de las instalaciones instituciones públicas y privadas de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, provocando la destrucción del Archivo del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la quema de la
Biblioteca del Centro de Estudios Jurídicos y de Investigación Social
(CEJIS), delito de lesa cultura provocado por grupos violentos que
emplean métodos fascistas, que responden a la Unión Juvenil Cruceñista
(brazo paramilitar del Comité Pro Santa Cruz), adscritos a la
Prefectura del Departamento de Santa Cruz, que actúa en abierta
sedición contra el estado de Derecho y la democracia en Bolivia,
desacatando la ley y usurpando funciones del Gobierno Nacional hechos
que constituyen delitos penados por ley.
El 11 de septiembre de 2008, sicarios armados, provocaron una matanza
de campesinos e indígenas y estudiantes normalistas en el municipio
Porvenir del Departamento Pando, hecho tipificado como delito de
genocidio en la querella interpuesta de oficio por el Fiscal General
de la Nación, contra el prefecto Leopoldo Fernández. Las cifras
aterradoras señalan aproximadamente 30 muertos y 50 desaparecidos. El
12 de septiembre, el mismo grupo incendió la Alcaldía de Filadelfia,
por su afinidad con el partido de gobierno.
El 9 de septiembre de 2008 será recordado como una fecha negra contra
la memoria cruceña. La destrucción del Archivo del INRA y otras
instituciones como la Superintendencia Agraria, Forestal, Servicio de
Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, provocados por latifundistas, agroexportadores y
el capital financiero asociado a la agroindustria en Bolivia, que se
resisten al proceso de cambio democrático, particularmente en el caso
de la tenencia de la tierra y la plena participación de la población
indígena en la gestión del Estado y la sociedad, impulsando un golpe
de Estado cívico-prefectural, denunciado por autoridades de gobierno.
El ataque y destrucción de archivos, bibliotecas y centros de
documentación el 9 de septiembre, han sido cometidos en el curso del
desarrollo de esta estrategia de sedición contra el estado de Derecho
y la Democracia. Los atentados han sido selectivamente dirigidos
contra documentaciones con valor fiscal o legal, para destruirlos con
el fin de sostener así la ilegal ocupación de tierras de comunidades
indígenas y fiscales. No podemos olvidar que durante la dictadura del
General Hugo Banzer (1971-1978), se adjudicaron millones de hectáreas
para favorecer a estos grupos de poder.
Nosotros, consideramos que el resguardo, la conservación y acceso de/a
los documentos institucionales es un objetivo primario en el ámbito
profesional y del servicio a la sociedad.
Al mismo tiempo, sostenemos el interés supremo de preservar la vida de
las personas, el estado de Derecho y la Democracia, condiciones sin
las cuales los fines y valores profesionales que sostenemos carecerían
de genuina veracidad y valor.
Por lo expuesto, la Asamblea de Emergencia declara:
1.
Nuestro dolor por el genocidio perpetrado en el municipio
Porvenir, Departamento Pando, el 11 de septiembre de 2008.
2.
Declaramos al 9 de septiembre de 2008 como "Dia aciago de la
destrucción de los archivos institucionales y la Biblioteca del CEJIS
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra", crimen de lesa cultura que
debe ser sancionado.
3.
Exigimos a las autoridades nacionales, departamentales, locales
y/o institucionales, a erigirse en parte civil en procesos judiciales
para sancionar tanto a los autores intelectuales, materiales,
cómplices y encubridores del genocidio de Porvenir, como al
memoricidio provocado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
4.
Denunciamos ante el Consejo Internacional de Archivo, el Comité
de la Memoria de la Humanidad, la UNESCO, la Asociación
Latinoamericana de Archivos, la IFLA, y otras organizaciones de
profesionales del mundo, la destrucción de los archivos y la quema de
la biblioteca del CEJIS, para que estos delitos de lesa cultura no
queden en la impunidad.
5.
Constituir en el territorio de la República, Comités de Defensa
de la Memoria de la Nación, participativo e inclusivo de profesionales
y miembros de la sociedad civil, con el propósito de documentar y
denunciar los actos de destrucción, depredación, robo, incendio y
cualesquier otra forma de atentar contra su integridad.
6.
Repudiamos la violencia política que históricamente ha
determinado como objetivos insanos la destrucción de archivos,
bibliotecas y centros de documentación en Bolivia y cualquier otro
lugar del mundo, cuando estas deben ser conservadas por el interés
público y los derechos de la Humanidad.
7.
Llamamos a hombres y mujeres del país y el mundo a defender el
estado de Derecho y la Democracia en Bolivia, que sigue costando
sangre de los más humildes, como son los pueblos indígenas de Pando.
La Paz (Bolivia), 15 septiembre de 2008
Luis Oporto Ordóñez, Juan Carlos Fernández Peñaranda, Galo Jaime
Illatarco Peñarrieta, Luis Reynaldo Gómez, Martha Paredes Oviedo,
Simón Orellana Chávez, Olga Mogro Moreno, Miriam Agramont, Carola
Campos Lora, Mónica Montesinos Rojas, Norka Raquel Lara Gómez, Gaby
Gutiérrez Ramos, Lourdes Peñaranda Morante, René Armando Santos
Vargas, Liz Quiñones Vargas, Fernando Chuquimia Bonifaz, Gonzalo
Molina Echeverría, Demetrio Frontalilla, Juan Carlos Zurita, Ludmila
Zeballos Avendaño, Javier Saravia Gutiérrez, Patricia Suárez
Veintenillas, José Flores Mamani.