Foto CIDOB |
17/03/2013 (CIDOB).- El informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
destaca la reducción de la pobreza en Bolivia, sin embargo, expresa su
preocupación por el largo conflicto indígena en torno al proyecto de
construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS) y los hechos de feminicidio.
El
informe de la ONU, de la gestión 2012, indica que si bien el Gobierno
comenzó un proceso participativo de elaboración de un proyecto de ley
general de consulta a los pueblos indígenas, la consulta sobre el
proyecto de carretera en el TIPNIS generó tensión prolongada entre el
Gobierno y algunas comunidades indígenas. Dos marchas en torno a la
controversia del TIPNIS se registraron, así como otras protestas
sociales, tuvieron lugar durante el año.
(Sin
embargo) “al momento de redactarse el presente informe, preocupaba a
ACNUDH-Bolivia que el proceso de consulta no hubiese podido incluir a
todas las comunidades del TIPNIS, ya que algunas se opusieron al
proceso. Al no alcanzar un acuerdo sobre su realización con todas las
comunidades residentes en el territorio, no fue posible aplicar a
cabalidad la sentencia constitucional antes referida. (Por ello)
ACNUDH-Bolivia ha manifestado en reiteradas ocasiones que la realización
de una consulta en el TIPNIS, a través de un diálogo permanente en el
marco de los estándares del derecho internacional, era el procedimiento
más adecuado para satisfacer los reclamos de todas las partes”, señala
el documento.
Por tanto, la ACNUDH-Bolivia
recomienda que el Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional
redoblen su esfuerzos para adoptar una ley general sobre el derecho de
los pueblos indígenas a la consulta, conforme a los estándares
internacionales aplicables y mediante un proceso participativo; y que el
Ejecutivo y los sectores indígenas concernidos abran espacios de
diálogo permanentes que propicien la construcción de acuerdos duraderos
sobre el desarrollo del TIPNIS.
Pobreza
Naciones
Unidas destaca la reducción de la pobreza en el país. En el documento,
se indica que en 2012 se ha confirmado la tendencia registrada en
las últimas gestiones, tal es así, que los indicadores
macroeconómicos evolucionaron positivamente.
“Según
datos oficiales, hay una perspectiva de crecimiento de alrededor
del 5% del Producto Interno Bruto, y un aumento de la inversión pública
programada que, en 2012, ascendió a más del doble del promedio
registrado entre 2006 y 2010. Esta situación, sumada a la continuación
de programas de transferencia monetaria, tuvo repercusiones positivas
también sobre el goce de los derechos humanos, como evidencian la
ulterior reducción de los índices de pobreza y de pobreza extrema 2 y el
continuo incremento del salario mínimo, entre otros”, señala.
Feminicidio
El
informe resalta que datos oficiales indican que durante el primer
semestre de 2012 se reportaron 61.251 denuncias de violencia en contra
de las mujeres, que representan más del 90% del total de las registradas
en 2011 (64.450 denuncias). En cambio, la policía registró 137 casos de
muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2012.
El
Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), basándose en un
monitoreo de prensa y en otras fuentes, registró 97 casos de muertes
violentas en los primeros nueve meses de 2012, identificando de estos
casos 62 feminicidios y 35 asesinatos por inseguridad ciudadana
El
Defensor del Pueblo señaló en un informe presentado en octubre que solo
27 de 335 casos de feminicidio reportados entre 2008 y 2011 concluyeron
con una sentencia penal.
Por ello,
ACNUDH-Bolivia recomienda que los Órganos Ejecutivo y Legislativo
ejecuten con urgencia medidas efectivas para implementar las leyes ya en
vigencia para poner fin a la violencia contra las mujeres, y continúen
fortaleciendo la legislación a favor de los derechos de las mujeres, en
particular en la penalización del feminicidio.
Pero,
a la ONU le preocupa que no haya avances en la actualización de
datos del Sistema de Información de Violencia Intrafamiliar por
parte del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Tal es
así, que continúa a la espera de que la integración de dicho sistema al
nuevo sistema integral elaborado por el Viceministerio en 2012 para
responder a la violencia de género permita la futura actualización de
datos.
Todas las recomendaciones de ACNUDH-Bolivia
“En
aras de coadyuvar a las autoridades nacionales en todas sus ramas, a
instituciones públicas, a organizaciones de la sociedad civil, además de
reiterar sus recomendaciones anteriores que no han sido todavía
implementadas, la Alta Comisionada se permite formular las siguientes
recomendaciones:
a) Que el Gobierno
asigne los recursos suficientes para la implementación del Plan de
Acción contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación;
b)
Que el Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional redoblen su
esfuerzos para adoptar una ley general sobre el derecho de los pueblos
indígenas a la consulta, conforme a los estándares internacionales
aplicables y mediante un proceso participativo; y que el Gobierno y los
sectores indígenas concernidos abran espacios de diálogo permanentes que
propicien la construcción de acuerdos duraderos sobre el desarrollo del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS);
c)
Que los Órganos Ejecutivo y Legislativo ejecuten con urgencia medidas
efectivas para implementar las leyes ya en vigencia para poner fin a la
violencia contra las mujeres, y continúen fortaleciendo la legislación a
favor de los derechos de las mujeres, en particular en la penalización
del feminicidio;
d) Que el Órgano
Judicial implemente la carrera judicial y el régimen disciplinario
previstos en la Constitución y en la Ley del Órgano Judicial, defina una
política institucional nacional para reducir el rezago judicial al
nivel de los Tribunales Departamentales de Justicia e incremente la
cobertura de los servicios de justicia, incluyendo la implementación de
los servicios de conciliación en sede judicial, en todo el país;
e)
Que el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y
el Servicio Nacional de Defensa Pública definan e implementen con
urgencia una política integral de reducción del índice de personas en
detención preventiva, que contemple la aplicación de esta medida en vía
de excepción, y mejoren las condiciones carcelarias, destinando recursos
necesarios para tales fines;
f)
Que la Asamblea Legislativa Plurinacional implemente
su recomendación de adecuar la Ley N.º 73 de Deslinde Jurisdiccional
con arreglo a la Constitución y de las observaciones finales
formuladas en 2011 al Estado Plurinacional de Bolivia por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/BOL/CO/17-20,
párr. 22);
g) Que el Ministerio
Público realice una investigación urgente y de fondo a fin de
identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los
poderes ejecutivo y judicial, con miras a erradicar esta grave
e ilegal práctica de las instituciones públicas;
h)
Que el Ministerio Público disponga cuanto antes la elaboración de un
nuevo código de conducta y régimen disciplinario para fiscales, a fin de
prevenir la participación de integrantes del Ministerio Público en
actividades de extorsión;
i) Que el
Gobierno adopte un plan de acción para investigar la extendida práctica
de corrupción en los sistemas judicial y penitenciario y tome medidas
para prevenir estos actos en el futuro;
j)
Que el Gobierno adopte un plan de acción para combatir los
linchamientos que incluya, entre otras medidas, una campaña nacional de
prevención y medidas específicas para fortalecer la intervención de la
policía y del Ministerio Público en la prevención, investigación y
persecución penal de tales delitos;
k)
Que el Gobierno apruebe la reglamentación de la Ley General para
Personas con Discapacidad y adopte medidas para su implementación;
l)
Que el Gobierno y el Órgano Legislativo adopten medidas normativas y
administrativas que conduzcan a la efectiva realización de los derechos a
la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de violaciones
de derechos humanos durante los regímenes inconstitucionales, tal como
el proyecto de ley promovido por organizaciones de la sociedad civil con
miras al establecimiento de una comisión de la verdad para arrojar luz
sobre estas violaciones, y propicien una reparación para todas las
víctimas acorde con los estándares internacionales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario