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19.3.13

ONU ESTÁ PREOCUPADA POR LARGO CONFLICTO INDÍGENA

Foto CIDOB
17/03/2013 (CIDOB).- El informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca la reducción de la pobreza en Bolivia, sin embargo, expresa su preocupación por el largo conflicto indígena en torno al proyecto de construcción de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y los hechos de feminicidio.

El informe de la ONU, de la gestión 2012, indica que si bien el Gobierno comenzó un proceso participativo de elaboración de un proyecto de ley general de consulta a los pueblos indígenas, la consulta sobre el proyecto de carretera en el TIPNIS generó tensión prolongada entre el Gobierno y algunas comunidades indígenas. Dos marchas en  torno a la controversia del TIPNIS se registraron, así como otras protestas sociales, tuvieron lugar durante el año. 

(Sin embargo) “al momento de redactarse el presente informe, preocupaba a ACNUDH-Bolivia que el proceso de consulta no hubiese podido incluir a todas las comunidades del TIPNIS, ya que algunas se opusieron al proceso. Al no alcanzar un acuerdo sobre su realización con todas las comunidades residentes en el territorio, no fue posible aplicar a cabalidad la sentencia constitucional antes referida. (Por ello) ACNUDH-Bolivia ha manifestado en reiteradas ocasiones que la realización de una consulta en el TIPNIS, a través de un diálogo permanente en el marco de los estándares del derecho internacional, era el procedimiento más adecuado para satisfacer los reclamos de todas las partes”, señala el documento.

Por tanto, la ACNUDH-Bolivia recomienda que el Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional redoblen su esfuerzos para adoptar una ley general sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, conforme a los estándares internacionales aplicables y mediante un proceso participativo; y que el Ejecutivo y los sectores indígenas concernidos abran espacios de diálogo permanentes que propicien la construcción de acuerdos duraderos sobre el desarrollo del TIPNIS.

Pobreza
Naciones Unidas destaca la reducción de la pobreza en el país. En el documento, se indica que en 2012 se ha confirmado la  tendencia  registrada  en  las  últimas  gestiones, tal es así, que los  indicadores macroeconómicos   evolucionaron   positivamente.   

“Según   datos   oficiales,  hay  una perspectiva de crecimiento de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, y un aumento de la inversión pública programada que, en 2012, ascendió a más del doble del promedio registrado entre 2006 y 2010. Esta situación, sumada a la continuación de programas de transferencia monetaria, tuvo repercusiones positivas también sobre el goce de los derechos humanos, como evidencian la ulterior reducción de los índices de pobreza y de pobreza extrema 2 y el continuo incremento del salario mínimo, entre otros”, señala.

Feminicidio 
El informe resalta que datos oficiales indican que durante el primer semestre de 2012 se reportaron 61.251 denuncias de violencia en contra de las mujeres, que representan más del 90% del total de las registradas en 2011 (64.450 denuncias). En cambio, la policía registró 137 casos de muertes violentas de mujeres durante el primer semestre de 2012. 

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), basándose en un monitoreo de prensa y en otras fuentes, registró 97 casos de muertes violentas en los primeros nueve meses de 2012, identificando de estos casos 62 feminicidios y 35 asesinatos por inseguridad ciudadana

El Defensor del Pueblo señaló en un informe presentado en octubre que solo 27 de 335 casos de feminicidio reportados entre 2008 y 2011 concluyeron con una sentencia penal. 

Por ello, ACNUDH-Bolivia  recomienda que los Órganos Ejecutivo y Legislativo ejecuten con urgencia medidas efectivas para implementar las leyes ya en vigencia para poner fin a la violencia contra las mujeres, y continúen fortaleciendo la legislación a favor de los derechos de las mujeres, en particular en la penalización del feminicidio.

Pero, a la ONU le preocupa  que  no  haya  avances  en  la  actualización  de  datos  del  Sistema  de Información  de  Violencia  Intrafamiliar  por  parte  del  Viceministerio  de  Igualdad  de Oportunidades. Tal es así, que continúa a la espera de que la integración de dicho sistema al nuevo sistema integral elaborado por el Viceministerio en 2012 para responder a la violencia de género permita la futura  actualización de datos.

Todas las recomendaciones de ACNUDH-Bolivia
“En aras de coadyuvar a las autoridades nacionales en todas sus ramas, a instituciones públicas, a organizaciones de la sociedad civil, además de reiterar sus recomendaciones  anteriores  que  no  han  sido  todavía  implementadas, la  Alta Comisionada se permite formular las siguientes recomendaciones:

a)  Que el Gobierno asigne los recursos suficientes para la implementación del Plan de Acción contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación;

b)   Que el Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional redoblen su esfuerzos para adoptar una ley general sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta, conforme a los estándares internacionales aplicables y mediante un proceso participativo; y que el Gobierno y los sectores indígenas concernidos abran espacios de diálogo permanentes que propicien la construcción de acuerdos duraderos sobre el desarrollo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS);

c) Que los Órganos Ejecutivo y Legislativo ejecuten con urgencia medidas efectivas para implementar las leyes ya en vigencia para poner fin a la violencia contra las mujeres, y continúen fortaleciendo la legislación a favor de los derechos de las mujeres, en particular en la penalización del feminicidio;

d) Que el Órgano Judicial implemente la carrera judicial y el régimen disciplinario previstos en la Constitución y en la Ley del Órgano Judicial, defina una política institucional nacional para reducir el rezago judicial al nivel de los Tribunales Departamentales de Justicia e incremente la cobertura de los servicios de justicia, incluyendo la implementación de los servicios de conciliación en sede judicial, en todo el país;

e)  Que el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Defensa Pública definan e implementen con urgencia una política integral de reducción del índice de personas en detención preventiva, que contemple la aplicación de esta medida en vía de excepción, y mejoren las condiciones carcelarias, destinando recursos necesarios para tales fines;

f)   Que    la    Asamblea    Legislativa    Plurinacional    implemente    su recomendación de adecuar la Ley N.º 73 de Deslinde Jurisdiccional con arreglo a la Constitución   y   de   las   observaciones   finales   formuladas   en 2011  al  Estado Plurinacional de Bolivia por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial  (CERD/C/BOL/CO/17-20, párr. 22);

g) Que el Ministerio Público realice una investigación urgente y de fondo a fin de identificar a los involucrados en la presunta red de extorsión en los poderes ejecutivo  y  judicial,  con  miras  a  erradicar  esta  grave  e  ilegal  práctica  de  las instituciones públicas;

h)  Que el Ministerio Público disponga cuanto antes la elaboración de un nuevo código de conducta y régimen disciplinario para fiscales, a fin de prevenir la participación de integrantes del Ministerio Público en actividades de extorsión;

i) Que el Gobierno adopte un plan de acción para investigar la extendida práctica de corrupción en los sistemas judicial y penitenciario y tome medidas para prevenir estos actos en el futuro;

j) Que  el  Gobierno  adopte  un  plan  de  acción  para  combatir  los linchamientos que incluya, entre otras medidas, una campaña nacional de prevención y medidas específicas para fortalecer la intervención de la policía y del Ministerio Público en la prevención, investigación y persecución penal de tales delitos;

k) Que el Gobierno apruebe la reglamentación de la Ley General para Personas con Discapacidad y adopte medidas para su implementación;

l) Que el Gobierno y el Órgano Legislativo adopten medidas normativas y administrativas que conduzcan a la efectiva realización de los derechos a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos durante los regímenes inconstitucionales, tal como el proyecto de ley promovido por organizaciones de la sociedad civil con miras al establecimiento de una comisión de la verdad para arrojar luz sobre estas violaciones, y propicien una reparación para todas las víctimas acorde con los estándares internacionales”.

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