Comunicado de prensa emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Mutuma Ruteere.

Mutuma Ruteere/ Foto opinion.com.bo

10/07/2012 (ODPIB).- Compartimos el comunicado de prensa emitido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, el 10 de septiembre de 2012 en La Paz, Bolivia:

“Señoras y señores”:

He llevado a cabo una visita oficial a Bolivia del 4 al 10 de septiembre de 2012. Durante mi visita he sostenido reuniones en La Paz, Sucre, y Santa Cruz. Me he reunido con representantes del Gobierno tanto a nivel nacional como departamental, regional, y local, así como con miembros de los poderes legislativo y judicial, representantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas y campesinas, miembros de la comunidad afroboliviana, víctimas del racismo y la discriminación racial, abogados de derechos humanos, y otros grupos y actores pertinentes.

Me gustaría dar las gracias al Gobierno de Bolivia por la invitación y cooperación, así como por la transparencia en la preparación y realización de mi visita. Agradezco a las autoridades por los debates interesantes y sustantivos que celebré con el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Culturas, Ministerio de Educación, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Autonomía, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Vice-Ministerio de Tierras, y las Cámaras de Senadores y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de sus Comisiones pertinentes. Agradezco también al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, y los gobernadores de Chuquisaca y Santa Cruz, así como a los miembros de las Asambleas Departamentales. Durante mi visita también me reuní con el Defensor del Pueblo, el Consejo Permanente del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, las Fuerzas Armadas, la autoridad policial, y el Consejo de las Autonomías Indígenas de Bolivia, y estoy agradecido a estas instituciones por su cooperación. Las Organizaciones de la sociedad civil también han sido de gran ayuda.

Vine a Bolivia para comprender mejor la situación en el país por medio de consultas que me permitan escuchar a actores pertinentes, así como para examinar los retos existentes en la eliminación del racismo y la discriminación racial en Bolivia, para dialogar de manera constructiva con el Gobierno sobre las posibles formas de garantizar el cumplimiento eficaz de las leyes, las políticas y las medidas adoptadas en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, y con el propósito de elaborar recomendaciones para ayudar al Gobierno a abordar eficazmente la discriminación racial y el racismo e identificar buenas prácticas. Me gustaría subrayar que emprendí mi visita sin ideas preconcebidas y con plena disposición de escuchar las opiniones, preocupaciones, y experiencias de todos los actores pertinentes en los ámbitos relacionados con mi mandato.

Durante mi visita a Bolivia he prestado especial atención a la situación de los pueblos indígenas, del pueblo afrodescendiente, y de otros grupos vulnerables. Mi visita a Bolivia tiene un significado especial ya que se trata de mi primera visita a un país desde mi nombramiento por el Consejo de Derechos Humanos como el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Mi visita se ha realizado en un momento oportuno en que Bolivia atraviesa un período de importante transformación política y social tanto a nivel nacional como local. He observado que ha habido avances y logros importantes que ofrecen un marco propicio para la eliminación del racismo y la discriminación racial en el país. Entre estos se encuentran la adopción de una nueva Constitución en 2009 y las reformas legales, políticas e institucionales correspondientes que el país ha estado llevando a cabo para construir una sociedad plural e inclusiva frente a retos considerables.

En este contexto cabe destacar de manera particular las políticas y las medidas legales adoptadas para hacer frente a la exclusión de los pueblos indígenas, afrobolivianos y otras comunidades y grupos vulnerables. También me gustaría señalar que todas las cuestiones tratadas durante mi visita deben ser entendidas en el contexto de la historia de Bolivia, en particular con respecto a la situación de los grupos desfavorecidos, especialmente las comunidades indígenas así como otras comunidades étnicas y raciales. A continuación figuran mis observaciones y recomendaciones preliminares.

Desde la aprobación de la nueva Constitución, Bolivia ha realizado esfuerzos significativos para cumplir sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos con respecto a la situación de las diversas comunidades desfavorecidas como las indígenas y otras comunidades raciales y étnicas, y con respecto a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Durante el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos en 2010, el Gobierno reafirmó su compromiso de intensificar y continuar avanzando en la aplicación de programas y
medidas destinadas a combatir el racismo y la discriminación racial; poner en marcha políticas sectoriales que tengan en cuenta las necesidades de ciertos grupos vulnerables; continuar con los esfuerzos para eliminar la discriminación contra los pueblos indígenas, afroboliviano, y otras comunidades vulnerables; tomar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de justicia tradicional indígena cumpla con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia; adoptar medidas adicionales encaminadas a enjuiciar a todos los responsables de la violencia y los insultos racistas con el propósito de poner fin a la impunidad de la que gozan los que cometen violaciones de derechos humanos; seguir fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas dando prioridad a la aprobación de una ley dirigida a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y a tipificar de delito dichos actos; intensificar las medidas destinadas a garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados en todos los niveles y: seguir consolidando los derechos de los pueblos indígenas tanto en la práctica como dentro de su marco legal, con lo cual se garantiza su participación y consulta.

Al llevar a cabo la evaluación de la situación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia en Bolivia, he tomado nota de que en el país se han tomado importantes medidas legislativas, institucionales y políticas. En este sentido, acojo con beneplácito la adopción de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009 que prohíbe todas las formas de discriminación y reconoce los derechos de todas las personas y comunidades, entre los que se incluyen los campesinos, los pueblos indígenas, y el pueblo afroboliviano, la Ley de 2010 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Ley N º 045), y la aprobación de la Política del Estado de Bolivia contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (Plan de Acción 2012-2015). Todo lo anterior proporciona un marco legislativo y de políticas bastante amplio y valioso dirigido a la eliminación del racismo y la discriminación racial.

A nivel institucional, se han dado pasos importantes tales como la creación del Viceministerio de Descolonización, cuyas tareas incluyen, entre otras, la prevención y eliminación del racismo, así como el establecimiento del Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

Como he señalado anteriormente, el Gobierno y el pueblo de Bolivia han registrado numerosos logros en los últimos años en la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, sigue habiendo retos, en particular en relación con la aplicación de las políticas y medidas legales. También me gustaría destacar otras áreas que merecen una atención especial y una acción decidida por parte del Gobierno a todos los niveles.

Si bien elogio los logros alcanzados en la promulgación de diferentes leyes y en el establecimiento de las instituciones necesarias en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, observo que su ritmo y aplicación eficaz se ven obstaculizados por la falta de recursos y de capacidad. En este sentido es fundamental asignar recursos suficientes a las instituciones pertinentes, y fortalecer sus capacidades y pericia. Por lo tanto, aliento a los distintos ministerios a que incluyan suficientes recursos en sus presupuestos anuales con el fin de lidiar con problemas relativos al racismo y a la discriminación racial dentro de sus ámbitos de competencia, y a que continúen su cooperación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, y en particular con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia.

La discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades y grupos vulnerables aún persiste, y esto se ve exacerbado por las desigualdades estructurales subyacentes que refuerzan su exclusión y su vulnerabilidad ante el racismo y la discriminación. En este sentido, es importante hacer frente a las desigualdades estructurales y la exclusión, sobre todo en sectores como la educación, la salud, y el empleo.

El acceso a la justicia continúa planteando importantes desafíos a las víctimas del racismo y la discriminación racial, en particular los pueblos indígenas y otras comunidades y grupos vulnerables. La administración de justicia es, por lo general, lenta y costosa y en muchos casos inaccesibles para las víctimas del racismo y la discriminación racial. De manera particular, es importante que se acelere la determinación y conclusión de los casos de racismo y discriminación racial a fin de fortalecer la credibilidad del sistema de justicia y de hacer frente a la demanda de justicia que exigen las víctimas.

Además de los esfuerzos y las acciones judiciales y administrativas dirigidas a hacer frente a los casos de violencia racial, es importante reforzar las medidas encaminadas a proporcionar diversas formas de asistencia a las víctimas, en especial la asistencia médica y psicológica, así como el apoyo para crear oportunidades que favorezcan sus medios de vida.

Una de las cuestiones más preocupantes es la situación de algunas de las comunidades altamente vulnerables, entre las que figuran diversas comunidades indígenas y campesinas, los sometidos a servidumbre o trabajo forzoso, así como los afrobolivianos. Entre las diversas manifestaciones de racismo en contra de estos grupos se incluyen los ataques e insultos racistas que ocurren en muchas esferas de la vida.
Por lo tanto, es de vital importancia suprimir todas las formas de racismo en contra de estos grupos altamente vulnerables mediante el fortalecimiento de la aplicación de medidas legales y otras medidas útiles como la sensibilización, la educación y la formación.

La educación es el medio fundamental para erradicar el racismo y la discriminación racial. No obstante, es motivo de gran preocupación la existencia de denuncias de insultos racistas y actos discriminatorios dirigidos hacia los pueblos indígenas vulnerables y a afrobolivianos dentro de las instituciones de educación en todos los niveles. La discriminación también persiste en cuanto al acceso a la educación. Tales manifestaciones de racismo deben ser erradicadas mediante la rigurosa aplicación de las medidas jurídicas y administrativas, así como la adopción y puesta en práctica dentro de las instituciones de educación de políticas y códigos de conducta internos destinados a luchar contra el racismo.

Se han realizado esfuerzos para hacer frente a la estigmatización y los estereotipos de los refugiados y los migrantes. Sin embargo, aún existen serias preocupaciones debido a la manera discriminatoria con que las fuerzas del orden tratan a ciertos grupos de migrantes, lo cual debe abordarse a través de la capacitación de los funcionarios pertinentes, la educación pública, y campañas de sensibilización.

Como se ha puesto de manifiesto en la Declaración de Durban, los medios pueden aportar una contribución positiva a la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia. No obstante, es preocupante constatar que algunos medios de comunicación en Bolivia hayan difundido en algunas ocasiones mensajes de superioridad racial que incitan al odio racial, y que no hagan lo suficiente para proporcionar una cobertura equilibrada que incluya la voz de las comunidades y grupos discriminados. Es importante que los medios de comunicación asuman una mayor responsabilidad en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

Acojo con satisfacción la aprobación de la Ley 045 la cual da cumplimiento a los requisitos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), así como a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y a la Declaración y el Plan de Acción de Durban sobre la necesidad de promulgar legislación antirracista.

En términos más concretos, la recomendación general 7 del Comité Internacional prevé que la obligación de promulgar leyes para erradicar el racismo es de carácter vinculante. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) también exige que toda apología del odio racial que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia debe quedar prohibida en virtud de la ley. Observo que hay preocupaciones sobre la compatibilidad de dicha ley con respecto a la protección de la libertad de expresión.
Cabe mencionar, no obstante, que de conformidad con lo dispuesto por el Comité Internacional y lo establecido por el derecho internacional, la prohibición de la promoción de ideas de superioridad racial y la propaganda racista es compatible con la obligación de proteger y respetar la libertad de expresión y de opinión. En última instancia, compete al poder judicial de Bolivia pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de la compatibilidad entre la Ley 045 y la obligación de proteger la libertad de expresión, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política del Estado y las obligaciones contraídas por Bolivia con apego a las normas internacionales de los derechos humanos.

Me complace que, en términos generales, Bolivia ha logrado avances considerables en el tratamiento de los problemas del racismo y la discriminación racial, y ofrece ejemplos importantes sobre las medidas que otros Estados puedan adoptar en sus esfuerzos por combatir el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, como ya he observado, persisten importantes retos. En particular, todos estos esfuerzos deben consolidarse para lograr un resultado eficaz en beneficio de las comunidades y grupos más vulnerables.