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3.7.12

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA IX MARCHA INDÍGENA ORIGINARIA ANTE LA SEGUNDA INTERVENCIÓN PERPETRADA POR EL GOBIERNO NACIONAL AL MOVIMIENTO INDÍGENA ORIGINARIO

02/07/2012.- Les presentamos el Pronunciamiento de la IX Marcha Indígena en razón de la segunda intervención perpretada por el Gobierno Nacional al Movimiento Indígena, la madrugada del domingo 1 de julio en las instalaciones del monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA IX MARCHA INDÍGENA ORIGINARIA
LA SEGUNDA INTERVENCIÓN PERPETRADA POR EL GOBIERNO NACIONAL AL MOVIMIENTO INDÍGENA ORIGINARIO
Denunciamos intento de secuestro de los compañeros del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM).
 
Como parte de la estrategia de división y desmovilización de la IX Marcha Indígena Originaria, el Gobierno Nacional a través del Ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, se reunió en horas de la tarde del día sábado 30 de junio del año con ex autoridades del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM) que forma parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), para firmar un “acuerdo programático” en temas de salud, educación y telecomunicaciones. No obstante, el objetivo era desmovilizar alrededor de 4 decenas de hermanos indígenas t’simanes y mosetenes que participan de la movilización, y para ello, se habilitaron 3 buses con capacidad para 20 personas, 4 camionetas de las cuales 3 pertenecen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 7 vagonetas cuyos tripulantes dirigían el operativo.
El operativo estaba supervisado en persona por Magaly Espinoza, Jefa de Gabinete del Ministro Romero, que se encontraba en cercanías de la UMSA para coordinar las acciones con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. A esto hay que sumar la lamentable actuación de los Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios quienes, además de rehusarse a recepcionar la denuncia que quisieron interponer los dirigentes indígenas, acudieron a las instalaciones del monoblock de la UMSA para sacar a los funcionarios públicos detenidos y actuaron en complicidad con el Ministro Romero y el Viceministro Pérez con el fin de desalojar a los hermanos del CRTM.
Por otro lado, es importante señalar que este acuerdo no fue autorizado ni consultado con las regionales que forman parte de la columna de la IX Marcha Indígena Originaria y menos aún con el Comité de Marcha que dirige la movilización. Por lo tanto, el acuerdo suscrito por el dirigente desconocido Juan Carlos Nate (CRTM) fue producto, según sus propias declaraciones, del soborno y la presión a los que fue sometido durante la reunión con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Relación de los Hechos.
Al promediar las 22:00 horas del 30 de junio, aprovechando que la mayor parte de la Columna de la IX Marcha Indígena se encuentra en vigilia en puertas de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y sobre la calle Ayacucho hasta donde se encuentra el cerco policial que impide el paso de las y los marchistas a la Plaza Murillo, funcionarios del Ministerio de Gobierno, agentes de inteligencia y policías perpetraron un intento de intervención a la otra parte de la Columna de la IX Marcha Indígena que se encuentra en el monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), específicamente a los hermanos indígenas del Consejo Regional T’simane-Mosetén (CRTM) provenientes de Pilón Lajas.
La responsable de la Comisión de Logística de la IX Marcha Indígena, Matilde Noza, informó que se sorprendió in fraganti a tres personas con tufo alcohólico – funcionarios del Ministerio de Gobierno – que ingresaron al monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para trasladar a los hermanos t’simanes y mosetenes y sus enseres, vituallas y sacos de ropa en la Camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB. Además, estos sujetos hacían de interlocutores con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Sus datos son los siguientes: 
Edgar Juan Quispe Zacaca con C.I.: 4887614 LP
Sabino Mendoza Quispe con C.I.: 6081362 LP
Funcionario de nombre desconocido (N/N)
A horas 23:00, los mencionados funcionarios de gobierno fueron detenidos preventivamente por la seguridad de la IX Marcha Indígena en el interior del monoblock de la UMSA, esperando que lleguen los fiscales de turno para interponerles una demanda por intento de secuestro.
A horas 23:30, la seguridad de la IX Marcha Indígena constató la presencia de vagonetas que participaban en el operativo, aparentemente al servicio del Gobierno Nacional y que estaban ubicadas en las proximidades del monoblock de la UMSA; en el Nudo Villazón, la calle J.J. Pérez y la Av. del Poeta.
Responden a las siguientes características:
Vagoneta Nissan Terrano blanca con placa PNL 099
Vagoneta Hummer H3 roja con placa 2230 HNY
Vagoneta Toyota Land Cruiser blanca con placa 1149 YBL
Vagoneta Suzuki Grand Vitara ploma con placa 2486 UUC
Vagoneta Toyota 4 Runner blanca con placa 2481 RFH
Vagoneta Nissan Patrol azul con placa no identificada
Vagoneta Nissan Patrol ploma con placa no identificada
A horas 24:00, una comisión de la IX Marcha Indígena se dirigió hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para sentar la respectiva denunciar. Sin embargo, su solicitud no fue aceptada.
A horas 00:30 del 1 de julio, llegaron los fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios a las inmediaciones del monoblock de la UMSA para supuestamente conocer el caso, tomar declaraciones a las y los marchistas, y actuar de acuerdo a ley. Sin embargo, ambos fiscales actuaron en coordinación con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y por lo tanto, solo procedieron a liberar a los funcionarios de gobierno detenidos porque, según sus versiones, se los estaba secuestrando.
A horas 01:30 del 1 de julio, los fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios entregaron las llaves de la Camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB  a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Edgar Juan Quispe Zacaca  y Sabino Mendoza Quispe, para que se retiraran del lugar una vez fueron puestos en libertad.
A las 02:30 del 1 de julio, luego de reunirse con el Ministro de Gobierno Carlos Romero y el Viceministro de  Régimen Interior Jorge Pérez, los Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios retornaron a las inmediaciones del monoblock de la UMSA con el ya desconocido  Presidente del CRTM Juan Carlos Nate, sin informar  ningún dirigente de la IX Marcha Indígena, que estaba presente, sobre sus intenciones de sacar y trasladar a 40 hermanos y hermanas indígenas del CRTM a sus comunidades de origen vía área. Ante esta situación los dirigentes que encabezan la IX Marcha Indígena intervinieron defendiendo a las y los hermanos indígenas del CRTM e interpelando el accionar de los Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios.
A horas 03:30 del 1 de julio, luego de haber retirado a los Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios de las inmediaciones del monoblock de la UMSA, la seguridad de la IX Marcha Indígena constató la presencia de 3 camionetas, parqueadas en la Av. del Ejército y que participaban del operativo.
Responden a las siguientes características:
Camioneta Nissan Frontier blanca de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con placa 2823 ABN. Logotipo de ANH tapado con papel.
Camioneta Nissan Frontier blanca de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con placa 2823 ASP. Logotipo de ANH tapado con papel.
Camioneta Nissan Frontier ploma de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con placa 2822 ZYX. Logotipo de ANH tapado con papel.
A la misma hora, se constató la presencia de las siguientes flotas que esperaban en la Av. del Poeta la llegada de los hermanos indígenas t’simanes y mosetenes para trasladarlos al aeropuerto. Responden a las siguientes características:
Flota empresa TUR BUS con placa 404 IRN
Flota empresa Tecno BUS con placa 946 HGG
Flota empresa Pie Pequeño con placa 797 ZSD
Hasta las 04:00 del 1 de julio, luego de que se retiraran las tres camionetas y las tres flotas que participaban del operativo de desmovilización montado por el Ministerio de Gobierno, vagonetas de la fiscalía y del Ministerio de Gobierno seguían rondando por el lugar al mismo tiempo que  lo hacían una decena de policías de civil y agentes de inteligencia que constantemente informaban lo que sucedía en el lugar, sacando fotos y realizando llamadas telefónicas.
Posicionamiento de la IX Marcha Indígena Originaria.
A pesar de este nuevo intento de intervención, secuestro y desmovilización por parte del Gobierno Nacional a la IX Marcha Indígena, a través de operadores que perciben salarios para cometer este tipo de atentados, que no son otra cosa que “terrorismo de Estado”, la columna de la Marcha ha determinado:
PRIMERO.Apoyar a los hermanos del CRTM quienes se quedaron y se mantienen firmes en la ciudad de La Paz para presionar al gobierno en el cumplimiento de la Plataforma de Demandas, donde se inserta otro convenio programático que el gobierno nacional deberá responder con cara al pueblo boliviano.
SEGUNDO.Desmentimos categóricamente que se trate de una firma de convenio voluntario, pues los hechos demuestran que los hermanos del CRTM fueron presionados, sobornados y obligados a adoptar esta decisión, a cambio de llevarlos de vuelta a sus comunidades y otras prebendas ofrecidas. Esto tal como ha aclarado el Vicepresidente del CRTM y el CPILAP en su conjunto.
TERCERO. Este hecho se ha valido de las condiciones y la situación de la IX Marcha, donde algunos marchistas están en vigilia en puertas de la Vicepresidencia y sobre la calle Ayacucho, por esa razón los funcionarios de gobierno desplegaron el operativo en los alrededores del monoblock de la UMSA donde se encuentran recibiendo atención médica nuestras mujeres, niñas, niños y ancianos.
CUARTO.Denunciamos que el grupo de funcionarios del Ministerio Público que acompañaba a los Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios tuvieron un comportamiento muy prepotente y alevoso, con el propósito de generar reacciones de nuestros hermanos indígenas. La Fiscal Pastén intentó sacar a las y los marchistas del CRTM sin consultar nada, ni informando de sus intenciones, haciendo mal uso de sus atribuciones y cometiendo los delitos de instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes, agresiones y otros que están definidos en el ordenamiento jurídico.
QUINTO.Denunciamos que este hecho ocurrido, además implicó la violación a la Autonomía Universitaria, pues ningún gobierno puede utilizar los bienes de la Universidad para acciones que atenten los derechos humanos y la dignidad de toda la población universitaria. Pedimos en este caso respaldo de la FUL, de los docentes y facultades comprometidas con nuestra lucha reivindicativa, además de que sean nuestros hermanos universitarios quienes nos brinden protección necesaria en caso de sufrir nuevos atentados.
SEXTO.Aclaramos que la noche del 30 de junio ningún marchista abandonó las instalaciones del monoblock de la UMSA y mucho menos desertaron de la lucha vigente del movimiento indígena.
SÉPTIMO. Desmentimos las notas de prensa de algunos medios que han señalado que de 457 marchistas casi 250 se habrían ido, pues el número de la columna de la Marcha asciende a más de mil quinientas personas.
OCTAVO.Anunciamos que de hoy en adelante realizaremos un control estricto en todos los puntos de la columna de la Marcha a fin de identificar a los infiltrados y enemigos del movimiento indígena, a quienes juzgaremos con nuestras normas y procedimientos propios por sus actos.
POR LA IX MARCHA INDÍGENA ORIGINARIA

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