02/07/2012.- Les presentamos el Pronunciamiento de la IX Marcha
Indígena en razón de la segunda intervención perpretada por el Gobierno
Nacional al Movimiento Indígena, la madrugada del domingo 1 de julio en
las instalaciones del monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA).
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LA IX MARCHA INDÍGENA ORIGINARIA
LA SEGUNDA INTERVENCIÓN PERPETRADA POR EL GOBIERNO NACIONAL AL MOVIMIENTO INDÍGENA ORIGINARIO
Denunciamos intento de secuestro de los compañeros del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM).
Como parte de la estrategia de división y desmovilización de la IX Marcha Indígena Originaria, el Gobierno Nacional a través del Ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, se reunió en horas de la tarde del día sábado 30 de junio del año con ex autoridades del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM) que forma parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), para firmar un “acuerdo programático” en temas de salud, educación y telecomunicaciones. No obstante, el objetivo era desmovilizar alrededor de 4 decenas de hermanos indígenas t’simanes y mosetenes que participan de la movilización, y para ello, se habilitaron 3 buses con capacidad para 20 personas, 4 camionetas de las cuales 3 pertenecen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 7 vagonetas cuyos tripulantes dirigían el operativo.
El operativo estaba supervisado en persona por Magaly Espinoza, Jefa de
Gabinete del Ministro Romero, que se encontraba en cercanías de la UMSA
para coordinar las acciones con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero,
y el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. A esto hay que
sumar la lamentable actuación de los Fiscales Claudia Pastén y Tomás
Monasterios quienes, además de rehusarse a recepcionar la denuncia que
quisieron interponer los dirigentes indígenas, acudieron a las
instalaciones del monoblock de la UMSA para sacar a los funcionarios
públicos detenidos y actuaron en complicidad con el Ministro Romero y el
Viceministro Pérez con el fin de desalojar a los hermanos del CRTM.
Por otro lado, es importante señalar que este acuerdo no fue autorizado
ni consultado con las regionales que forman parte de la columna de la
IX Marcha Indígena Originaria y menos aún con el Comité de Marcha que
dirige la movilización. Por lo tanto, el acuerdo suscrito por el
dirigente desconocido Juan Carlos Nate (CRTM) fue producto, según sus
propias declaraciones, del soborno y la presión a los que fue sometido
durante la reunión con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Relación de los Hechos.
Al promediar las 22:00 horas del 30 de junio, aprovechando que la mayor
parte de la Columna de la IX Marcha Indígena se encuentra en vigilia en
puertas de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y sobre la calle
Ayacucho hasta donde se encuentra el cerco policial que impide el paso
de las y los marchistas a la Plaza Murillo, funcionarios del Ministerio
de Gobierno, agentes de inteligencia y policías perpetraron un intento
de intervención a la otra parte de la Columna de la IX Marcha Indígena
que se encuentra en el monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), específicamente a los hermanos indígenas del Consejo Regional
T’simane-Mosetén (CRTM) provenientes de Pilón Lajas.
La responsable de la Comisión de Logística de la IX Marcha Indígena,
Matilde Noza, informó que se sorprendió in fraganti a tres personas con
tufo alcohólico – funcionarios del Ministerio de Gobierno – que
ingresaron al monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
para trasladar a los hermanos t’simanes y mosetenes y sus enseres,
vituallas y sacos de ropa en la Camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB.
Además, estos sujetos hacían de interlocutores con el Ministro de
Gobierno, Carlos Romero, y el Viceministro de Régimen Interior, Jorge
Pérez.
Sus datos son los siguientes:
Edgar Juan Quispe Zacaca con C.I.: 4887614 LP
Sabino Mendoza Quispe con C.I.: 6081362 LP
Funcionario de nombre desconocido (N/N)
A horas 23:00, los mencionados funcionarios de gobierno fueron
detenidos preventivamente por la seguridad de la IX Marcha Indígena en
el interior del monoblock de la UMSA, esperando que lleguen los fiscales
de turno para interponerles una demanda por intento de secuestro.
A horas 23:30, la seguridad de la IX Marcha Indígena constató la
presencia de vagonetas que participaban en el operativo, aparentemente
al servicio del Gobierno Nacional y que estaban ubicadas en las
proximidades del monoblock de la UMSA; en el Nudo Villazón, la calle
J.J. Pérez y la Av. del Poeta.
Responden a las siguientes características:
Vagoneta Nissan Terrano blanca con placa PNL 099
Vagoneta Hummer H3 roja con placa 2230 HNY
Vagoneta Toyota Land Cruiser blanca con placa 1149 YBL
Vagoneta Suzuki Grand Vitara ploma con placa 2486 UUC
Vagoneta Toyota 4 Runner blanca con placa 2481 RFH
Vagoneta Nissan Patrol azul con placa no identificada
Vagoneta Nissan Patrol ploma con placa no identificada
A horas 24:00, una comisión de la IX Marcha Indígena se dirigió hacia
la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para sentar la
respectiva denunciar. Sin embargo, su solicitud no fue aceptada.
A horas 00:30 del 1 de julio, llegaron los fiscales Claudia Pastén y
Tomás Monasterios a las inmediaciones del monoblock de la UMSA para
supuestamente conocer el caso, tomar declaraciones a las y los
marchistas, y actuar de acuerdo a ley. Sin embargo, ambos fiscales
actuaron en coordinación con el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, y
el Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y por lo tanto, solo
procedieron a liberar a los funcionarios de gobierno detenidos porque,
según sus versiones, se los estaba secuestrando.
A horas 01:30 del 1 de julio, los fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios entregaron las llaves de la Camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB a los funcionarios del Ministerio de Gobierno, Edgar Juan Quispe Zacaca y Sabino Mendoza Quispe, para que se retiraran del lugar una vez fueron puestos en libertad.
A las 02:30 del 1 de julio, luego de reunirse con el Ministro de
Gobierno Carlos Romero y el Viceministro de Régimen Interior Jorge
Pérez, los Fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios retornaron a las
inmediaciones del monoblock de la UMSA con el ya desconocido Presidente
del CRTM Juan Carlos Nate, sin informar ningún dirigente de la IX
Marcha Indígena, que estaba presente, sobre sus intenciones de sacar y
trasladar a 40 hermanos y hermanas indígenas del CRTM a sus comunidades
de origen vía área. Ante esta situación los dirigentes que encabezan la
IX Marcha Indígena intervinieron defendiendo a las y los hermanos
indígenas del CRTM e interpelando el accionar de los Fiscales Claudia
Pastén y Tomás Monasterios.
A horas 03:30 del 1 de julio, luego de haber retirado a los Fiscales
Claudia Pastén y Tomás Monasterios de las inmediaciones del monoblock de
la UMSA, la seguridad de la IX Marcha Indígena constató la presencia de
3 camionetas, parqueadas en la Av. del Ejército y que participaban del
operativo.
Responden a las siguientes características:
Camioneta Nissan Frontier blanca de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) con placa 2823 ABN. Logotipo de ANH tapado con
papel.
Camioneta Nissan Frontier blanca de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) con placa 2823 ASP. Logotipo de ANH tapado con
papel.
Camioneta Nissan Frontier ploma de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) con placa 2822 ZYX. Logotipo de ANH tapado con
papel.
A la misma hora, se constató la presencia de las siguientes flotas que
esperaban en la Av. del Poeta la llegada de los hermanos indígenas
t’simanes y mosetenes para trasladarlos al aeropuerto. Responden a las
siguientes características:
Flota empresa TUR BUS con placa 404 IRN
Flota empresa Tecno BUS con placa 946 HGG
Flota empresa Pie Pequeño con placa 797 ZSD
Hasta las 04:00 del 1 de julio, luego de que se retiraran las tres
camionetas y las tres flotas que participaban del operativo de
desmovilización montado por el Ministerio de Gobierno, vagonetas de la
fiscalía y del Ministerio de Gobierno seguían rondando por el lugar al
mismo tiempo que lo hacían una decena de policías de civil y agentes de
inteligencia que constantemente informaban lo que sucedía en el lugar,
sacando fotos y realizando llamadas telefónicas.
Posicionamiento de la IX Marcha Indígena Originaria.
A pesar de este nuevo intento de intervención, secuestro y
desmovilización por parte del Gobierno Nacional a la IX Marcha Indígena,
a través de operadores que perciben salarios para cometer este tipo de
atentados, que no son otra cosa que “terrorismo de Estado”, la columna
de la Marcha ha determinado:
PRIMERO.Apoyar a los hermanos del CRTM quienes se
quedaron y se mantienen firmes en la ciudad de La Paz para presionar al
gobierno en el cumplimiento de la Plataforma de Demandas, donde se
inserta otro convenio programático que el gobierno nacional deberá
responder con cara al pueblo boliviano.
SEGUNDO.Desmentimos categóricamente que se trate de
una firma de convenio voluntario, pues los hechos demuestran que los
hermanos del CRTM fueron presionados, sobornados y obligados a adoptar
esta decisión, a cambio de llevarlos de vuelta a sus comunidades y otras
prebendas ofrecidas. Esto tal como ha aclarado el Vicepresidente del
CRTM y el CPILAP en su conjunto.
TERCERO. Este hecho se ha valido de las condiciones y
la situación de la IX Marcha, donde algunos marchistas están en vigilia
en puertas de la Vicepresidencia y sobre la calle Ayacucho, por esa
razón los funcionarios de gobierno desplegaron el operativo en los
alrededores del monoblock de la UMSA donde se encuentran recibiendo
atención médica nuestras mujeres, niñas, niños y ancianos.
CUARTO.Denunciamos que el grupo de funcionarios del
Ministerio Público que acompañaba a los Fiscales Claudia Pastén y Tomás
Monasterios tuvieron un comportamiento muy prepotente y alevoso, con el
propósito de generar reacciones de nuestros hermanos indígenas. La
Fiscal Pastén intentó sacar a las y los marchistas del CRTM sin
consultar nada, ni informando de sus intenciones, haciendo mal uso de
sus atribuciones y cometiendo los delitos de instigación pública a
delinquir, incumplimiento de deberes, agresiones y otros que están
definidos en el ordenamiento jurídico.
QUINTO.Denunciamos que este hecho ocurrido, además
implicó la violación a la Autonomía Universitaria, pues ningún gobierno
puede utilizar los bienes de la Universidad para acciones que atenten
los derechos humanos y la dignidad de toda la población universitaria.
Pedimos en este caso respaldo de la FUL, de los docentes y facultades
comprometidas con nuestra lucha reivindicativa, además de que sean
nuestros hermanos universitarios quienes nos brinden protección
necesaria en caso de sufrir nuevos atentados.
SEXTO.Aclaramos que la noche del 30 de junio ningún
marchista abandonó las instalaciones del monoblock de la UMSA y mucho
menos desertaron de la lucha vigente del movimiento indígena.
SÉPTIMO. Desmentimos las notas de prensa de algunos
medios que han señalado que de 457 marchistas casi 250 se habrían ido,
pues el número de la columna de la Marcha asciende a más de mil
quinientas personas.
OCTAVO.Anunciamos que de hoy en adelante realizaremos
un control estricto en todos los puntos de la columna de la Marcha a fin
de identificar a los infiltrados y enemigos del movimiento indígena, a
quienes juzgaremos con nuestras normas y procedimientos propios por sus
actos.
POR LA IX MARCHA INDÍGENA ORIGINARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario