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26.6.12

LA IX MARCHA INDÍGENA NO ES PARTE DE UN PLAN GOLPISTA

Foto CEJIS
FOTO CEJIS
26/06/2012 (CEJIS).- La “IX Marcha Indígena por la Defensa de la Vida y la Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente y las Áreas Protegidas, Cumplimiento de la C.P.E. y el Respeto de la Democracia” partió el 27 de abril desde la ciudad de Trinidad – Beni con destino a la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, en procura de que el Estado revierta su decisión de atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos. En ese sentido, lo que se exige es el “cumplimiento y vigencia plena de la Ley Nº 180” (Punto 1.1 de la Plataforma de Demandas IX Marcha Indígena) que declara al TIPNIS “patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Tsimane’, Yuracaré y Mojeño Trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia” (Artículo 1 de la Ley Nº 180) y establece que “la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos, como cualquier otra, no atravesará el TIPNIS” (Artículo 3 de la Ley Nº 180).
Del mismo modo, la Plataforma de Demandas de la IX Marcha Indígena en el Punto 1.4 exige la “abrogación de la Ley Nº 222 de Consulta al TIPNIS” porque ésta no ha sido consensuada con los pueblos indígenas Mojeño Trinitario, Yuracaré y Tsimane’ que viven dentro del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ni con las organizaciones que representan a dichos pueblos indígenas, es más, dicha ley transgrede las estructuras orgánicas, las normas y procedimientos propios, la integralidad del territorio, y no reconoce la propiedad colectiva del TIPNIS que tiene como titular del derecho a la Subcentral TIPNIS.
A esto se suma la millonaria campaña que viene realizando hasta el día de hoy el Gobierno Nacional, liderada por el Presidente Evo Morales Ayma, sus ministros y las fuerzas armadas, a través de  propagandas en favor de la carretera y prebendalizando la Consulta; ingresando a cada una de las comunidades del TIPNIS, ofreciendo ayuda material, documentos de identidad, dotación de infraestructura, paneles solares y motores fuera de borda.
Todo esto, por supuesto, para que los pobladores del TIPNIS apoyen la construcción de la carretera por medio de su territorio. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ha impulsado sistemáticamente la creación de organizaciones indígenas paralelas a las legalmente reconocidas con la clara intención de debilitar al movimiento indígena de Bolivia, valiéndose para este propósito de sectores sociales que constituyen hoy en día el núcleo de su base social, es decir, interculturales (colonos), cocaleros, campesinos, además de indígenas que viven fuera del TIPNIS y habitantes de San Ignacio de Mojos que tienen en común el hecho de ser promotores de la “Consulta” en el TIPNIS siempre que dé como resultado la construcción de la carretera.
De esta manera, se han violado abiertamente normativas jurídicas nacionales e internacionales que garantizan, entre otros derechos, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a una Consulta Previa, Libre e Informada, y a la protección de sus territorios para la preservación de sus vidas, sus culturas y sus prácticas sociales, económicas, políticas y jurídicas.
En 60 días de movilización, la IX Marcha Indígena ha invitado al diálogo al Gobierno Nacional en tres oportunidades; San Borja, Chaparina y Caranavi, sin embargo, ni el Presidente Morales ni sus Ministros han asistido a dichas invitaciones argumentando una serie de excusas que, en definitiva, no aportan nada en la búsqueda de soluciones al conflicto.
Al contrario, el Gobierno Nacional en su afán de descalificar y debilitar la  IX  Marcha que se apronta a ingresar a la ciudad de La Paz, ha lanzado acusaciones  en torno a las acciones realizadas por los Policías, quienes se encuentran movilizados en ocho de los nueve departamentos del país.
Este sector, bajo la consigna de “Liberación”, desde el pasado jueves 21 de junio, demanda un salario justo, similar al de las Fuerzas Armadas de Bolivia, una jubilación de 100% de sus haberes, la creación de la Defensoría del Policía y la modificación de la Ley 101: Ley de Régimen Disciplinario de la Policía boliviana, a través de marchas, toma de instituciones y quema de documentación.
En este contexto, ágilmente se hicieron públicas las aseveraciones vertidas por el Vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, y el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, entre otros funcionarios públicos, que señalaron el domingo 24 de junio y el lunes 25 de junio que habrían recibido “informes de inteligencia” que daban cuenta que el amotinamiento de los suboficiales, sargentos, clases y policías – y los destrozos que vienen ocasionando en diferentes unidades policiales – sería parte de un “Plan TIPNIS” que consistiría en una conspiración, digitada por los policías amotinados en coordinación con la IX Marcha Indígena, con el propósito de dar un Golpe de Estado al Presidente Morales.
No obstante, nada puede estar más alejado de la verdad, más aún si se toma en cuenta la luctuosa represión y masacre que sufrió la VIII Marcha Indígena por parte de la Policía Boliviana, el 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina. Además, hasta el momento no hay ningún responsable de la masacre de Chaparina, la justicia boliviana parece no tener prioridad al respecto, y el Gobierno Nacional ha nombrado como Comandante General interino de la Policía al Cnl. Víctor Santos Maldonado, uno de los presuntos implicados en ese hecho.
Por lo tanto, los vínculos que forzadamente pretende establecer el Gobierno Nacional entre los policías amotinados y la IX Marcha Indígena no responden a la verdad ni tienen asidero alguno, al contrario, la novena movilización indígena ha sido una movilización absolutamente pacífica al igual que las anteriores ocho movilizaciones, en su plataforma de demandas no se señala en ninguna parte sobre la posibilidad de un Golpe de Estado, y el accionar del movimiento indígena ha estado regido históricamente por el respeto a la democracia y a la institucionalidad democrática.
A pesar de las vicisitudes que afrontó la IX Marcha Indígena en los más de 600 kilómetros recorridos hasta Urujara, a 15 kilómetros de la Plaza Murillo de La Paz, la columna de marchistas ha decidido permanecer en esta localidad un día más, en tanto se de solución al conflicto con la Policía, asimismo han realzado por cuarta vez la invitación al diálogo al Presidente Morales, para este martes 26 de junio en procura de establecer un “diálogo sincero y de cara al pueblo boliviano” en dicha localidad.
Esta demostración de humildad y el férreo interés de la IX Marcha Indígena para encontrar soluciones al conflicto a través de un diálogo con el Gobierno Nacional, dejan sin efecto las inoportunas intervenciones del Vicepresidente García Linera y el Ministro Romero las cuales responden a la desgastada estrategia que viene desarrollando el Gobierno Nacional para descalificar y deslegitimar a como dé lugar, ahora, asociándolos y acusándolos de tener alianzas entre Policías y la IX Marcha con las intenciones de digitar un “Plan TIPNIS”  para un golpe de Estado.


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