La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) analiza visitar Bolivia para evidenciar las denuncias presentadas por la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) y la Coordinadora de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Cipiaci), durante la 141 sesión ordinaria de ese organismo.
“Lo que va a hacer la comisión es considerar la información que hemos proporcionado, elaborar un informe temático y muy posible establecer una visita a los países donde se encuentran los pueblos indígenas en situación de aislamiento y que son vulnerados”, informó a Cambio el director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), Leonardo Tamburini, quien acompañó a la representación boliviana para brindar asistencia técnica.
Indicó que la visita será coordinada con la Cancillería de Bolivia, que no se hizo presente en la audiencia.
Tamburini señaló que durante la audiencia realizada el 25 de marzo en Washington, la CIDH recibió los antecedentes presentados por la diputada ayorea Teresa Nominé (MAS) y el presidente de la Cipiaci, Jaime Corisepa, y sólo espera la denuncia formal sobre la violación de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos referida a los pueblos indígenas.
La audiencia temática fue solicitada por la Cipiaci, cuyo representante hizo una panorámica general sobre la situación de los pueblos indígenas en aislamiento, en contacto inicial o no contactados en Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia y Ecuador.
Corisepa señaló que la defensa y protección de los pueblos en aislamiento resulta cada vez más difícil debido al incremento de la presión sobre sus territorios y al aumento de los hostigamientos a las organizaciones que hablan en defensa de los pueblos en aislamiento. El Cipiaci informó a la comisión que existen en los Estados de la región patrones comunes de comportamiento, los cuales facilitan la vulneración e indefensión de los indígenas en estado de aislamiento.
La diputada Nominé ilustró cómo los grupos de ayoreos en aislamiento están privados de medidas especiales de protección hacia su territorio.
Afirmó que se rechazó la firma de un decreto supremo consensuado, pese a que éste tiene como base el artículo 31 de la Constitución Política del Estado.
El decreto preveía el establecimiento de una “zona intangible” situada en la frontera boliviano-paraguaya, que asciende a 3,4 millones de hectáreas, gran parte en el Parque Nacional Kaa Yya, en la zona del chaco.
El Gobierno observó que la zona de inmovilización solicitada incluye áreas de explotación petrolífera, de responsabilidad del Estado y de propiedad de todos los bolivianos.
PARA TOMAR EN CUENTA
Audiencia ante la OEA: de la Canob de Bolivia y Cipiaci, que agrupa a los pueblos en aislamiento de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Visita: la OEA analiza visitar Bolivia para verificar las denuncias sobre desprotección a los pueblos indígenas en situación de aislamiento.
Seguimiento: la presidenta de la CIDH invitó a los denunciantes a mantener contacto permanente para dar seguimiento especial al caso de Bolivia.
Contrariedad: Canob pidió inmovilizar 3,4 millones de hectáreas de tierra para los pueblos ayoreos. El Gobierno observa que se trata de área hidrocarburífera.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-03-31&idn=42052
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