¿Resarcimiento a las víctimas?

El Estado tiene una deuda histórica y moral con las víctimas de las dictaduras, que desataron las más atroces formas de la represión indiscriminada contra los bolivianos. Los torturadores están impunes y no certificaron los crímenes que cometieron.

Aquellos que estuvieron presos, sufrieron torturas o tuvieron el infortunio de perder a un familiar, tienen que probarlo con papeles notariados.

Calificar a las víctimas de violencia política no ha debido ser una tarea sencilla, por lo menos eso es lo que parece. Todo hace suponer que se debió requerir de algo más que saber leer la ley o, en su caso, interpretarla tal cual manda la letra fría. En el último tiempo se ha criticado hasta la saciedad las formas tradicionales —coloniales— de hacer justicia, de aplicar las normas sin tomar en cuenta el contexto histórico, la realidad concreta en la que ocurren determinados acontecimientos. Esto ha llevado a acuñar la triste, pero cierta, frasecilla de que la “justicia es ciega”. Quienes asumieron la tarea de calificar a las víctimas de violencia política debieron, se supone, revisar los antecedentes y las características que tuvieron lo que tibiamente la Ley Nº 2640, de Resarcimiento Excepcional a Víctimas aprobada en 2004, llama “gobiernos inconstitucionales”, aquellos que la historia y la memoria del pueblo los ha caracterizado tal y como fueron: dictaduras sangrientas.

Una revisión somera de lo que ocurrió en otras latitudes donde, por ejemplo, se establecieron comisiones de la verdad para esclarecer la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por dictaduras muestra que se conformaron verdaderos equipos de juristas, muchos de ellos internacionales y con el acompañamiento de entidades conocedoras de temáticas tan sensibles como la prisión política, la tortura y la desaparición forzada como Amnistía Internacional o la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El tema reviste tal gravedad que supera cualquier trámite burocrático a los que el Estado estuvo acostumbrado, y más aún cuando la tarea que se impuso a partir de la mencionada ley tiene que ver con la vida íntima de seres humanos, con su memoria, con su dignidad, en definitiva.

MUCHAS INTERROGANTES

¿Se habrá percatado el Comité de Calificación de las connotaciones morales y psicológicas que implica el encierro, más allá del daño físico que de hecho hiere la conciencia humana? ¿Habrá magnificado, en algún momento, el tamaño de la difamación pública, la persecución y el chantaje a los que fueron sometidos miles de presos en manos de sus torturadores? ¿Se habrá hecho una revisión seria y especializada de las publicaciones de prensa digitadas entonces por el Ministerio del Interior, que por ejemplo calificaba a todo boliviano de izquierda como “delincuentes subversivos” y cuanto calificativo hallaba la dictadura para degradar a las personas?

¿Se habrán percatado, por ejemplo, de la represión indiscriminada y los abusos —no certificados— que cometían los agentes de la Dirección de Orden Político? ¿Qué saben de la violación de mujeres presas en las cárceles de las dictaduras? ¿Se podrá calificar o, peor, resarcir aquella afrenta?

¿Alguno de los calificadores habrá leído con detenimiento y con el bagaje histórico suficiente los testimonios que llegaron a sus manos? Todo indica que no y que sólo se limitaron a verificar si las víctimas tenían o no un certificado original de haber sufrido torturas o violaciones o si contaban con un testigo de “infortunio” que cite la “fecha exacta”. Algo vergonzoso y ridículo.

El Estado boliviano, como muchos que fueron copados por el terror político para desatar la más horrenda represión sobre ciudadanos que pensaban diferente, tiene sin duda una deuda histórica, una deuda moral con quienes sufrieron en carne propia aquella ignominia, aquella degradación humana que los llevó al filo de la muerte bajo “gobiernos inconstitucionales”.

La reparación o el resarcimiento, en el caso planteado en Bolivia a través del pago de una determinada suma de dinero, no deja de ser otra forma velada —cínica— de aliviar las culpas de quienes estuvieron involucrados con los crímenes que se cometieron desde el propio Estado. Para nadie es un secreto que muchos torturadores, agentes de las dictaduras de Hugo Banzer y Luis García Meza, caminan por las calles en la más completa impunidad.

¿Quién podrá resarcir o, mejor, reparar a las miles de familias que fueron desarticuladas y humilladas? ¿Habrá resarcimiento posible para aquellos compatriotas que quedaron lisiados de por vida o que sufren las secuelas de la cruenta tortura? ¿Un pago hará que nuestros desaparecidos, vuelvan?

Múltiples interrogantes surgen al conocer y ser parte de este proceso bochornoso de exigir el resarcimiento y tener que “certificar” un hecho que ocurrió y que hoy, por arte de magia de una ley y un bufete, se pretende borrar de un plumazo. Está claro que nada resarcirá el dolor.

¿HUBO DICTADURAS?

La comisión técnica dependiente del Ministerio de Justicia se ha encargado de calificar y sus calificaciones sorprendieron y despertaron con justificada razón gran indignación en quienes sufrieron los vejámenes en las cárceles de la dictadura. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) dio a conocer, el miércoles 14 de julio, un dato que muy bien podría ser bandera oportunista de quienes lideraron esos regímenes de odio para liberarse de pena y culpa; podrían decir acaso que en Bolivia nunca hubo dictadura, menos presos y torturados, y que los desaparecidos ‘se inventaron los extremistas de izquierdista’. Qué papelón el de la comisión.

Según los datos que hizo públicos la Asamblea, de más de 6.000 compatriotas que declararon haber sido víctimas de violencia política, sólo 218 fueron calificados conforme a la Ley Nº 2640 de Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en periodos de Gobierno Inconstitucionales.

Los datos no corresponden a una elaboración de la Asamblea de Derechos Humanos sino a los arrojados por la Comisión Técnica de Calificación creada mediante Resolución Ministerial 122/09 de 19 de agosto de 2009.

NOTARÍAS REPLETAS

Resulta también indignante ver a compatriotas que fueron víctimas de prisión y torturas —que hoy sufren las secuelas de aquellas prácticas indecibles—, buscar algún testigo para que declare a su favor; que certifique que fue visto en condición de despojo y que efectivamente estuvo al borde de la muerte a causa de las golpizas que se le infligieron. A esto, los abogados de la comisión han denominado “testigos de infortunio”.

Es por de más doloroso ver a cientos de compatriotas, de héroes silenciosos de la democracia que hoy gozamos todos corriendo apresurados hacia las notarías que, por cierto, están haciendo su agosto a costa de la necesidad de cientos de ex presos políticos y víctimas de las dictaduras.

Un apunte final. Un asunto de la trascendencia humana e histórica, como es el resarcimiento a las víctimas de violencia, debiera merecer la intervención de organismos especializados en la materia, que sepan de lo que se trata, porque está visto que el comité técnico calificador que trabajó este tiempo no sólo se aplazó, sino que hizo escarnio y victimizó aún más a las víctimas de violencia política, cosa muy común en la justicia ordinaria. Nunca más apropiada la calificación última.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-07-23&idn=23837