Finalizó la séptima marcha indígena por el territorio la autonomía y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El jueves pasado concluyó la séptima marcha indígena tras la entrega de la Ley Marco de Autonomías por el senador oficialista Adolfo Mendoza, pero sin alcanzar los acuerdos con los representantes del poder ejecutivo.
La movilización inició el 21 de junio en Trinidad, capital del departamento del Beni y es considerada como una victoria por el movimiento indígena de tierras bajas por haber logrado la reapertura del proyecto de la Ley Marco y la inclusión de sus propuestas y observaciones sobre las autonomías indígenas.
Los dirigentes estaban analizando la pertinencia del levantamiento de la movilización después de la negociación entre las autoridades estatales y los indígenas, trabajo que inició el 17 de julio en las instalaciones de la CIDOB, Santa Cruz.
En la reunión participaron el Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, el Viceministro de Tierras, el Director Nacional del INRA y el Director Departamental del Ministerio de Autonomía.
Una de las demandas más importantes que reivindicaba la CIDOB fue la asignación del monto de 20 millones de dólares para la implementación de la Gestión Territorial Indígena en todos los territorios titulados, como medio para ir avanzando hacia las autonomías indígenas. Cómo parte de los preacuerdos establecidos con la organización, el gobierno se comprometió a estructurar un equipo de trabajo compuesto por la Dirección de GTI del Viceministerio de Tierras, el GTI CIDOB, en coordinación con personal del Ministerio de Planificación, con la finalidad de contar con el documento estratégico que promueva el cumplimiento de la demanda de la marcha.
Aunque tras el debate sobre este y los otros 12 puntos de la plataforma reivindicativa se logró consensuar varias demandas, al final de la reunión no hubo voluntad política por parte del poder ejecutivo para firmar el documento y el convenio con los preacuerdos fue destruido por el técnico del Ministerio de Autonomías Freddy Siles, gesto que provocó molestia de los indígenas. Los representantes de la comisión no estaban de acuerdo con el pedido de los pueblos indígenas quienes exigían de que se les asigne la Dirección de Administración de Bosques. El gobierno en varias ocasiones acusó a la CIDOB de impulsar la séptima marcha indígena con el objetivo de obtener cargos de alto perfil en las estructuras del Estado. Sin embargo, los marchistas afirmaron que pedían la destitución del director de ABT Cliver Rocha a quién responsabilizaban de ordenar en 2009 el desalojó de la comunidad La Selva de sus tierras, ubicadas en el departamento de Pando; donde se entregó una concesión forestal.
La comisión de la CIDOB decidió retornar a la localidad de San Ramón donde permanecían los alrededor de 400 marchistas para informarlos sobre la ruptura del diálogo con el poder ejecutivo y participar en el acto de entrega de la Ley Marco de Autonomías por el senador del MAS Adolfo Mendoza.
Sorprendentemente, al final del evento recibieron un fax de La Paz que contenía el acta de acuerdos firmado por la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, el viceministro de Medio Ambiente Juan Pablo Ramos y el ministro de Autonomías Carlos Romero. Al encontrar la firma del ministro Romero los marchistas desconocieron la carta.

La VII marcha abre una nueva etapa en la relación entre el movimiento indígena y el gobierno de Evo Morales

Los pueblos indígenas iniciaron su marcha bajo la consigna general del territorio, la autonomía y la defensa de los derechos indígenas que luego se cristalizó en una plataforma que contenía sus 13 demandas principales. Los marchistas estaban pidiendo la conclusión de los procesos de saneamiento y el desalojo de los terceros de sus territorios, así como la inmediata reversión y expropiación de tierras y la dotación de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas del lugar, que no tienen tierra y los que las tienen insuficientemente, sin ánimo de perjudicar y deslegitimizar las demandas territoriales de los otros sectores. Por otro lado, estaban exigiendo el respeto al derecho a la consulta en el marco de los instrumentos internacionales aprobados por Bolivia y la incorporación de la propuesta de los pueblos indígenas sobre la autonomía indígena trabajada en las instancias orgánicas de la CIDOB, enfatizando en la necesidad de garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la autonomía sin límites y requisitos que imposibilitarían el ejercicio de este derecho. Uno de los obstáculos más importantes en este sentido sería la imposición del referéndum como medio de decisión para la aprobación de los estatutos autonómicos y otras normas orgánicas. Es de ahí que la reapertura del debate sobre el proyecto de la Ley Marco y la demanda de inclusión de las medidas orientadas a garantizar la implementación de verdaderas autonomías indígenas se convirtió en el hilo conductor de la movilización.
A partir de los acuerdos alcanzados en la Ascensión de Guarayos con los representantes del poder legislativo, la marcha cobró mayor relevancia. Posteriormente, los senadores oficialistas, representantes de la comisión mixta de Organización Territorial del Estado y Autonomías de las Cámaras de Senadores y Diputados Gabriela Montaño, Freddy Bersatti y Adolfo Mendoza realizaron un proceso de incidencia política en colaboración con la bancada indígena, con la finalidad de incorporar las propuestas de los pueblos indígenas en la norma. Mientras tanto, la marcha permanecía en un cuarto intermedio. Según Adolfo Mendoza, la pausa en la movilización fue una expresión de la confianza que la CIDOB depositó en la comisión y reafirmó la legitimidad de los legisladores para continuar su trabajo en el congreso y para defender los consensos. “Aunque no había una propuesta global desde las organizaciones sociales sobre la LMAD, el resultado es histórico. Se logró la reapertura del debate al interior de la bancada del MAS y la incorporación de otros temas más allá del ámbito indígena”, afirmó el parlamentario.
Según Pedro Nuny, el diputado indígena, los acuerdos alcanzados en torno a la LMAD se constituyeron en una gran victoria de la marcha frente a la guerra mediática declarada a los pueblos indígenas por el gobierno. “Tenemos una ley que garantiza la autonomía indígena. Si no fuera por la marcha no hubiesen sido tomadas en cuenta nuestras demandas. Siempre nos hemos caracterizado por ser propositivos”.
Angela Nasapeyura, la secretaria de tierra y territorio de la CPEMB (1) lamentó la forma en la que el gobierno trató de manipular la opinión pública respecto a los motivos y los impulsores de la marcha. “Nos tildaban de ser unos cuantos dirigentes manejados por otras organizaciones. Nos decían que somos pocos, que no tenemos voz y voto. Este gobierno no es de nuestros usos y costumbres, de aquí en adelante nosotros no vamos a ser conformistas. Nuestras demandas están en la Constitución y estas leyes hay que cumplirlas, no estamos en contra del presidente, pero tiene que reconocer que nosotros hemos sido parte de este proceso. Para eso hemos marchado y estamos contentos de recibir el documento de la Ley Marco de Autonomías, ahora hay que hacerle seguimiento para su efectivo cumplimiento”.
Desde el principió de la marcha el gobierno de Evo Morales trató de distorsionar su imagen en los medios de comunicación, afirmando que la movilización fue impulsada desde las ONGs, financiadas por USAID (2). A través de los spots televisivos se presentó a los pueblos indígenas como un sector que pretende apropiarse de las tierras fiscales del país, desprestigiando y perjudicando las demandas de otras fuerzas sociales. El pronunciamiento del CONALCAM (3) en el que los movimientos afinos al MAS acusan a los marchistas de ser parte de la oposición y de estar en contra del verdadero proceso de cambio da lugar a la interpretación que el sector oficialista se asignó el mandato único para controlar el desarrollo de este proceso y definir su contenido programático.
Según José Bailaba, quien presidió la comisión política de la marcha, el movimiento indígena de tierras bajas no tiene la intención de dejar de apoyar el proceso de cambio. “No estamos rechazando el proceso de cambio, pero creemos que está mal dirigido. A los pueblos indígenas nos corresponde hacerlo notar”.
Por otro lado, destacan las fallas éticas cometidas por algunos funcionarios del gobierno, que provocaron el desconocimiento de los mismos como interlocutores válidos por sus irrespetuosas conductas durante los procesos de negociación. Estas fueron reflejadas en dos casos concretos: la destrucción de los preacuerdos por el funcionario del Ministerio de Autonomías, Freddy Siles y la ruptura del diálogo con la CIDOB por el ministro Romero quien anunció su decisión primero a la prensa y en el segundo lugar a los sorprendidos representantes de los pueblos indígenas.
“Carlos Romero ha sido nuestro maestro en el tema de liderazgo. Ahora lo vamos a apuntar con el dedo, nosotros quienes hemos sido alumnos de él”, afirmó Angela Nasapeyura de la CPEMB. En el mismo tono, Maria Saravia, la secretaria de comunicación de la CIDOB, manifestó su decepción por la falta de voluntad del poder ejecutivo para atender los reclamos del movimiento indígena, y remarcó los vínculos que desde hace muchos años ha mantenido su sector con el actual ministro de autonomías. “Hemos venido presionando pacíficamente pero el poder ejecutivo no nos ha querido escuchar. En la marcha hemos pedido la destitución de Carlos Romero, él no tuvo la voluntad de escuchar nuestras demandas. Nunca reconoció que su escuela fue con los pueblos indígenas”.
En su discurso durante el acto de entrega de la LMAD a los regionales de la CIDOB, el senador Adolfo Mendoza se refirió a las conquistas políticas logradas por los pueblos indígenas mediante las marchas. “La primera victoria fue en la marcha por el territorio y la dignidad. Gracias a esa victoria jamás vamos a permitir la construcción de un país sin los pueblos indígenas. La segunda marcha dio un salto en el reconocimiento de una nueva forma de la propiedad colectiva. Luego de las marchas del 2000 y del 2002 se realizó la Asamblea Constituyente en nuestro país. Después se realizaron las marchas de 2006 por la reconducción comunitaria de la reforma agraria y la marcha del año 2008. Y ahora tenemos otra marcha histórica por la implementación de la CPE y por la incorporación de los acuerdos con los pueblos indígenas en la LMAD”.
El parlamentario remarcó la confianza recibida del presidente Evo Morales que permitió a los senadores establecer el dialogo con la CIDOB en la Ascensión de Guarayos y afirmó que la marcha posibilitó la aprobación de la ley en su versión actual. “Si no hubiera sido por la marcha indígena, la Ley Marco no hubiera sido la misma que aprobó la Asamblea Plurinacional. Ahora les entregamos el documento con los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas. Esperamos con esto haber cumplido los compromisos en nombre de la comisión de senadores, la Asamblea Plurinacional Legislativa y gracias a la voluntad del Presidente Evo Morales”.
Por su parte, Adolfo Chávez, la máxima autoridad de la CIDOB exigió del gobierno los recursos económicos para la implementación de las autonomías indígenas, fondos que posibilitarían la independencia de las agencias financiadoras externas. “Que se nos respete la autonomía con recursos económicos para no ser mendigos de ninguna cooperación internacional”. Señaló también, que la nueva etapa en el relacionamiento con el oficialismo será marcada por la deuda pendiente que tiene el Estado con los pueblos indígenas: el reconocimiento efectivo de los derechos constitucionales que tienen los pueblos indígenas de tierras bajas mediante el incremento de los escaños para la mayor representación de estas etnias y la verdadera plasmación del Estado Plurinacional. Vale recordar que según el parágrafo VII del art. 146 de la CPE se establecerán circunscrpciones especiales indígenas “ …en aquellos departamentos en los que estos pueblos y naciones indígena originario campesinos constituyan una minoría poblacional.”
Tal vez una de las repercusiones más importantes de la séptima marcha indígena tiene que ver con el cambio de la imagen del presidente Evo Morales en el escenario internacional. La movilización visibilizó las contradicciones del proceso de cambio e inició una nueva etapa en la relación entre el gobierno del MAS y el sector que hasta ahora ha sido una de las fuentes principales de su poder electoral. Según el coordinador departamental de la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM), Gustavo Pedraza “(…) este conflicto y la forma que el gobierno lo ha atendido ha causado serios daños de imagen del gobierno nacional y ya no es lo mismo hablar de un presidente indígena (Evo Morales) antes del 21 de junio (día que se inicio la marcha) y después del 21 de junio, al menos en el escenario internacional” (4).
Llama la atención la ambigua e incoherente postura del gobierno de Evo Morales respecto a los reclamos de los marchistas que refleja la división interna del sector oficialista. En la primera etapa de la marcha las demandas de los pueblos indígenas fueron calificadas como inconstitucionales e imposibles de atender para luego ser incorporadas en la nueva Ley Marco de Autonomías. Las afirmaciones del gobierno provocaron los mensajes de solidaridad con el movimiento indígena entre las cuales destaca la posición del ex Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz quién manifestó que la contrariedad entre las demandas de los pueblos indígenas y el texto constitucional es muy dudosa y discutible y es en cambio incontrovertible que el propio gobierno es responsable de la flagrante violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas.
La experiencia de la marcha indígena lleva a la conclusión que el discurso descolonizador del sector oficialista está reservado para las oportunidades de las campañas electorales y las batallas políticas con la oposición. La promulgación de las normas que traen consigo las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas como es el caso de la Ley del Régimen Electoral, así como el accionar del poder ejecutivo respecto a la atención de las demandas de estos pueblos manda señales preocupantes a los movimientos sociales que apoyaron al primer mandatario en su ascenso al poder. Señales que indican que el gobierno que antes avanzaba en la dirección del socialismo comunitario va perdiendo poco a poco su capacidad de implementar los verdaderos cambios sociales.

(1)Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni.
(2)United States Agency for International Development.
(3)Coordinadora Nacional para el Cambio.
(4)Analista dice que marcha indígena desgastó imagen internacional de Evo Morales, Red Erbol, 23 de julio 2010, tomado del sitio web: http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483931880.

Por: Aleksandra Bergier, Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socioambientales