Crece la tensión en estación Abaroa —que es el punto de bloqueo caminero y ferroviario en la frontera con Chile— debido a la falta de predisposición de las autoridades nacionales y de la Prefectura para negociar con comunarios del sudoeste que piden beneficios de la actividad productiva de minera San Cristóbal y otros temas incluidos en un pliego de 12 peticiones.
El anuncio del viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, quien indicó que no se puede permitir que se bloquee la producción y por ello se podría recurrir a la fuerza pública sólo calentó más el ambiente en la gélida zona potosina.
Como parte de una estrategia destinada a defenderse en caso de que fuerzas del ejército y la policía intervengan el bloqueo, los campesinos tomaron los camiones varados de la empresa minera y se apropiaron de 150 toneladas de nitrato de amonio, material más conocido como “anfo”, que le da una fuerza mucho mayor a la explosión de la dinamita.
La empresa minera utiliza ese potenciador de las explosiones para la voladura de roca en la zona en la que saca el mineral por el sistema “open pit” o “a rajo abierto”.
La información fue proporcionada por el vicepresidente del Comité de huelga, Cliver Mamani, quien dejó en claro que los bloqueadores no se dejarán sorprender por los uniformados y responderán a la agresión con todo el potencial que tengan a mano.
En una carta enviada por correo electrónico, el dirigente señala que “los campesinos de la provincia Nor Lípez, Enrique Baldivieso y la comunidad de Yonza de la Provincia Daniel Campos siguen firmes después de 7 días de bloqueo en la frontera Abaroa por la reivindicación de sus derechos y la defensa de sus recursos naturales”.
Detalla que hasta la fecha no hay diálogo y sólo reciben amenazas como la de una posible intervención militar ante lo cual los pobladores resolvieron masificar las medidas de presión y radicalizar las acciones.
El plazo para que el gobierno y la Prefectura respondan terminó a las 14:00 de ayer y, como prueba de su decisión, voltearon la carga de otro contenedor que lleva concentrados de minerales para la exportación.
Un total de 130 de esos contenedores están varados en la zona pues los comunarios frenaron el tren que los transporta y sacaron las líneas del ferrocarril así que no hay forma de sacar esos recursos.
En Potosí existe preocupación entre las organizaciones sociales ante la posibilidad de una intervención de fuerzas combinadas ya que el uso de la fuerza siempre trajo luto y muerte a la familia potosina.
Exigen diálogo
El gerente de la Mancomunidad de los Lípez, Juan Pablo Álvarez, dio a conocer que los pobladores de toda esa zona están preocupados por los acontecimientos que se producen en proximidades al proyecto San Cristóbal pues involucra a comunarios de tres municipios que son parte de esta entidad.
La gente de Colcha K, San Pedro de Quemes y San Agustín se encuentra involucrada en el bloqueo que busca mejorar las condiciones de vida en la zona.
Con el fin de evitar enfrentamientos, desde la Mancomunidad de los Lípez enviaron notas al prefecto Mario Virreira a quien se le dice que los movilizados están dispuestos a dialogar en otra comunidad de Nor Lípez y no aceptan ir a Uyuni.
Asimismo, se solicita la intervención del Defensor del Pueblo, Misael Zabala, para que a través de la Cruz Roja y otras instancias pueda evitar daños fatales entre los pobladores que enfrentan inadecuadas condiciones así como las bajas temperaturas que dejan un saldo de muchos enfermos con infecciones respiratorias.
La tercera nota es para los asambleístas de la zona, Estanis Condori, la senadora Carmen García y el presidente de la Brigada Parlamentaria Benito Ramos quienes debieran gestionar el inicio del diálogo antes que las autoridades prioricen la vía de la confrontación.
Mientras tanto, se mantiene la decisión prefectural de no dialogar en la zona de conflicto aunque no se dio otra alternativa al margen de Uyuni, zona a la que viajó Mario Virreira pero los dirigentes del movimiento social no asistieron a la cita.
La autoridad dijo que los proyectos de electrificación están avanzando y que falta poco para su conclusión aunque en el caso del Lípez III se tardará un poco debido a la magnitud del mismo.
Nacionalización
En algunos sectores de la sociedad potosina se comienza a hablar de la nacionalización de San Cristóbal pero para el gobernador electo, Félix Gonzáles, es necesario efectuar una auditoria a esa actividad.
Sostiene que se debe verificar si son ciertas las denuncias en sentido que, al margen de los concentrados de plomo-plaza y zinc, la empresa exporta otros recursos como el oro, el indio y que no paga impuestos por ello. En caso de probarse el saqueo de nuestros recursos naturales, se podría ver la alternativa de la nacionalización para que la actividad productiva de la zona beneficie a los pobladores.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcio), Celestino Condori, indica que, en caso de que los comunarios del sudoeste asuman esa decisión, se tendrá que consultar a las organizaciones en consejo consultivo y establecer su conveniencia o no.
Dice que por el momento no se puede pronunciar sobre el tema pues ni siquiera está en el pliego de 12 puntos de los comunarios.
Millones de ahorro en agua
En los puntos de bloqueo se comenta respecto a la cantidad de recursos que ahorra la empresa Minera San Cristóbal solamente por no pagar por el agua fósil que utiliza para sus operaciones.
Se detalla que lo que la empresa debería pagar por 20 años de uso del agua subterránea de la zona supera los 1.800 millones de dólares por lo cual se trata de un muy buen negocio.
Los cálculos resultarían lógicos tomando en cuenta que a nivel mundial por lo menos se debe pagar cinco dólares por metro cúbico y la mencionada empresa usa entre 42.000 a 50 mil metros cúbicos de agua por día.
Los cálculos efectuados sobre esa base dan cuenta que San Cristóbal debería pagar 250 mil dólares por día; o sea, 7.5 millones de dólares por mes y 91.2 millones en un año, por lo cual durante 20 años de vida del proyecto la suma que debería pagar sólo por el agua es de 1.825.000.000 dólares.
Luto en Amayapampa
Entre el 19 y 20 de diciembre de 1996, fuerzas combinadas del ejército y la policía intervinieron los yacimientos mineros de Amayapampa y Capacirca ubicados en el norte potosino.
La intervención de los uniformados terminó con el saldo lamentable de diez personas muertas. Nueve eran de la población civil y el décimo un coronel .
La intervención civil de la mina se produjo tras negociados del yacimiento pues Raúl Garáfulic Gutiérrez aprovechó que Estanislao Radic le dejó al cuidado de la mina para venderla a la transnacional Da Capo Resources.
En noviembre de 1996, los obreros y comunarios de la zona tomaron la mina con la finalidad de frenar los planes de explotación masiva del yacimiento pues consideraban que ello les dejaría al margen de esa actividad.
En aquel entonces, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada respondió con el envío de efectivos y desató enfrentamientos. Actualmente, el viceministro de Gobierno, Gustavo Torrico, dijo que se enviaría efectivos para levantar el bloqueo en San Cristóbal.
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