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21.4.10

El Gobierno confirma que Nor Lípez pierde agua

Un informe del Gobierno confirma que, debido a las operaciones de explotación a cielo abierto de la Compañía Minera San Cristóbal (MSC), existe pérdida en las reservas de agua de la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.
El estudio de impacto ambiental “Minando el agua”, elaborado por el hidrogeólogo Robert Moran y publicado en diciembre, señala que “las tasas extremas de extracción de agua” para las operaciones de esta empresa minera “aseguran que grandes áreas de los acuíferos locales van a ser desabastecidas por varias décadas después que MSC concluya sus actividades”.
Las operaciones de esta empresa generan “impactos negativos prioritarios significativos” como “alteración de la calidad de aire, pérdida de cantidad y calidad de agua (superficial como subterránea)”, entre otros, señala el informe técnico de resultados de la revisión del informe de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) del segundo semestre del 2009 de MSC.
Por su parte, la empresa minera informó, mediante una solitcitada de prensa, que las aguas que utiliza en su planta de concentración son aguas subterráneas localizadas a gran profundidad y tienen un alto grado de salinidad y un alto contenido de sedimentos. “Se trata de agua de muy mala calidad y no apta para el riego o el consumo humano o animal. El único uso económico y técnicamente factible de estas aguas es su uso industrial”, sostiene.
El estudio de Robert Moran revela que “la recarga efectiva de los acuíferos mediante la lluvia o proveniente de nevadas es casi nula (en la región). Por lo tanto, extraer tales volúmenes de agua (50 mil metros cúbicos día) no constituye un desarrollo sostenible en ningún sentido realista. Esto representa una explotación minera de agua”.
AGUA. El Código Minero, en su Artículo 36, establece que “los concesionarios mineros pueden usar y aprovechar las aguas de dominio público y las que se alumbren o discurran por sus concesiones, con la obligación de protegerlas y restituirlas a su cauce o cuenca natural”.
El área del proyecto MSC se encuentra en tres microcuencas Jaukihua, Toldos y Huaylla Khara. “La cantidad de agua que se perderá en el acuífero Jaukihua es un impacto irreversible en un período de tiempo de (100 años aproximadamente)”, puntualiza el informe del MMAyA.
El marco legal vigente no exige a ningún operador minero pagar por el uso de este recurso. El pliego petitorio de los comunarios de Nor Lípez establece la creación de un impuesto directo al uso de aguas y la intervención del Estado en la contaminación del medio ambiente por parte de MSC.
El informe del MMAyA sostiene que en el período de estudio no se han reportado cuatro puntos de monitoreo de aguas y no se ha remitido la información respecto a la incineración de residuos peligrosos en el área de disposición de residuos.
Aduana de Abaroa está paralizada
El presidente del Comité Cívico de Nor Lípez, Mario Mamani, aseguró que no tomaron la aduana de la estación Abaroa y que les informaron a los funcionarios aduaneros que no vayan a las oficinas para evitar la intervención de las mismas.
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, confirmó que las oficinas aduaneras de la estación Abaroa están paralizadas. “De suceder algo con las instalaciones de la Aduana (de Abaroa) vamos a iniciar (a los responsables) los procesos legales que correspondan”, enfatizó.
Ambas partes condicionan la negociación
El diálogo en Nor Lípez está sujeto al cumplimiento de las condiciones fijadas tanto por los dirigentes cívicos de la provincia como por las autoridades del departamento de Potosí.
“La Prefectura aceptó el diálogo en el lugar del bloqueo (el puesto fronterizo de Abaroa), pero ha solicitado como condición de que hagamos que las movilidades cargadas de nitrato y las cisternas con diesel (paradas) ingresen por el hito fronterizo”, manifestó el presidente del Comité Cívico, Mario Mamani.
El dirigente indicó que esas condiciones fueron aceptadas, pero que “todo depende de las gestiones de la Prefectura para asegurar la presencia de algunos personeros en la reunión”.
Se refirió al gerente de la Minera San Cristóbal (MSC) y a las autoridades de los ministerios de Minería, Medio Ambiente y Aguas, Planificación, Obras Públicas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
El prefecto potosino, Mario Virreyra, condicionó el lunes la negociación a que los responsables de los daños a la mina San Cristóbal se presenten en la Fiscalía, asuman su responsabilidad y paguen por los daños.
Los pobladores quemaron el viernes una de las oficinas de la MSC y a la fecha volcaron ocho de sus contenedores de mineral concentrado. Según Mamani, el sector realiza asambleas diarias para analizar sus acciones.
http://www.la-razon.com/versiones/20100421_007069/nota_248_992024.htm

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