Las denuncias sobre torturas, humillaciones y actos de racismo contra 60 campesinos de Chuquisaca –ocurridas el 24 de mayo de 2008– bloquean la posesión del candidato electo a alcalde de Sucre, Jaime Barrón, quien es uno de los acusados por la Fiscalía de haber cometido 10 delitos.
Barrón –según radio Erbol– “no podrá asumir sus funciones debido a que fue acusado por el Ministerio Público de ser uno de los responsables de los vejámenes y humillación a campesinos de Chuquisaca el 24 de mayo de 2008, informó el fiscal Dante Romay”.
Al respecto, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex prefecto de Chuquisaca David Sánchez dijo que Barrón dirigió las acciones racistas e ilegales en contra de campesinos y, por ello, debe renunciar a la Alcaldía sucrense “por ética y por moral”.
“Él debe dar un paso al costado por el bien colectivo. Hubo un ultraje y vejámenes a indígenas, y eso tuvo repercusión nacional e internacional”, dijo el senador.
El fiscal añadió ayer que “este caso engloba los hechos que tienen que ver con el 24 de mayo, los hechos suscitados en el Estadio, en la carretera al aeropuerto y; finalmente, los hechos de la plaza 25 de Mayo”.
Por otro lado, el abogado Édgar Arraya aseguró que “una vez que esté ejecutoriado el auto de procesamiento, inmediatamente Barrón no puede asumir una u otra función, y no puede jurar como Alcalde electo el 30 de mayo”, apuntó en la emisora.
Arraya anticipó que si hasta el 30 de mayo la acusación está comprobada, Barrón no podrá asumir y el Gobierno podría elegir un nuevo Alcalde transitorio con la venia de la Asamblea Legislativa.
El 24 de mayo de 2008, 60 campesinos de las provincias de Chuquisaca fueron golpeados, vejados y humillados en la plaza principal de la ciudad de Sucre. Varios fueron desnudados, obligados a arrodillarse y besar la bandera de esa ciudad y quemar sus banderas wiphalas por grupos de personas que rechazaban la presencia del presidente Evo Morales en esa urbe.
Una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dirigida por la entonces parlamentaria Elizabeth Salguero, determinó, entre otros aspectos, que esas acciones fueron planificadas. La Comisión acusó a dirigentes sucrenses, entre ellos a la prefecta de Chuquisaca Savina Cuéllar y a Jaime Barrón, entonces dirigente del desaparecido Comité Cívico Interinstitucional.
El sábado, el fiscal Romay informó que entre los delitos por los que se acusa a Barrón y otros ex dirigentes están: sedición, asociación delictuosa, tortura y vejaciones, e instigación a delinquir.
“Sobre la base que en su momento emitió la Comisión de Derechos Humanos, asimismo, un informe que emite la Defensoría del Pueblo se llega a establecer la vulneración de una serie de derechos y garantías fundamentales”, dijo.
Cuéllar: “Me tienen que probar, no estuve ahí”
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar Leaños, y el ex presidente del Comité Cívico de ese departamento Jhon Cava coincidieron en denunciar que son víctimas de una presunta persecución política de parte del Gobierno. En respuesta, el senador del MAS David Sánchez negó que haya dicha persecución.
Cuéllar, Cava, el ex rector Jaime Barrón, así como Aydée Nava (ex alcaldesa de Sucre), Epifania Terrazas, Yamil Pilco, Roberto Lenín Sandóval, Christian Flores, José Paniagua, Juan Carlos Zambrana, Franz Quispe, Iván Álvaro Ríos, Antonio Aguilar y otros, fueron acusados por el fiscal Dante Romay por haber cometido los delitos de sedición, asociación delictuosa, tortura, vejaciones e instigación a delinquir, entre otros, durante las agresiones a 60 campesinos de Chuquisaca el 24 de mayo de 2008.
La prefecta Cuellar, según informó radio Fides en su portal www.radiofides.com, en una comunicación desde las provincias pidió pruebas de su participación en la violencia que afectó a los campesinos.
“Me tienen que probar porque yo no he estado ahí”, dijo el sábado.
Por su lado, el ex dirigente cívico Jhon Cava también pidió pruebas. “Que ya no mientan, que presentes pruebas, yo no he estado en el lugar”, reiteró.
La agrupación política Pacto de Integración Social (PAIS), que apoya a Barrón, aseguró a esa radio que las acusaciones del Fiscal forman parte de una estrategia política ante la derrota que sufrió el MAS el 4 de abril.
El jefe departamental de PAIS, Edwin Gonzales Aparicio, dijo en esa radio que “es una persecución sin sentido, porque son inocentes las autoridades”.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-04-27&idn=18089
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