CEADESC: Organismos financiadores no consideran la realidad indígena en megaproyectos

Los organismos internacionales de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Unión Europea (UE), tienen diferentes grados de responsabilidad en la ejecución de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que provocaron más daños a los pueblos indígenas.
IIRSA es un acuerdo suscrito el año 2000 por 12 presidentes, que ha tenido más impactos negativos contra los pueblos indígenas en los últimos diez años. Comprende la ejecución de 514 proyectos en América Latina, establece diez ejes de integración caminera (seis pasan por Bolivia). La inversión llega a los 70 mil millones de dólares.
Un informe del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos y Culturales (CEADESC), y la Organización Indígena Chiquitana (OICH), señala que estos organismos no consideraron la realidad histórica y cultural de las comunidades chuiquitanas y ayoreas en la ejecución de la primera fase de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, obra que forma parte de los megaproyectos IIRSA.
“El BID sólo financia proyectos desarrollistas (sólo le interesa incrementar las cifras macroeconómicas) que no toman en cuenta el desarrollo integral de los afectados, la prueba es que en el Proyecto BO-0036 (referente a mitigación ambiental y social) para la construcción de esta carretera, nos se ha preocupado por implementar caminos de acceso para las comunidades aledañas a la carretera”, señala el informe del CEADESC.
En el caso de la CAF, “no asume responsabilidad alguna sobre los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por sus mismos fundadores”.
Mientras que la Unión Europea, “utiliza el dinero de la cooperación europea para el desarrollo en fines no sostenibles y con impactos negativos permanentes tanto a nivel social como ambiental en una importante región sudamericana con ecosistemas diversos que benefician a la humanidad en su integridad”.
En otro acápite del informe del CEADESC, señala que el Estado boliviano no ha realizado el seguimiento y fiscalización adecuados a la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, para controlar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección ambiental.
“El Estado boliviano no se ha preocupado porque se realice una adecuada consulta y reposición a las poblaciones indígenas afectadas por la construcción de la carretera de acuerdo a lo comprometido en el Convenio 169 de la OIT. El Estado ha traspasado la responsabilidad de la implementación y fiscalización del proyecto de mitigación a la Prefectura de Santa Cruz, convirtiéndose ésta en juez y parte del caso”.
http://www.indigena.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483927538