La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), suscrita el año 2000 por 12 presidentes, entre ellos de Bolivia, es la que más impactos negativos ha tenido contra los pueblos indígenas en los últimos diez años.
El consultor del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ciadesc), Enrique Laats, llegó a esa conclusión luego de realizar un monitoreo al proceso de la ejecución de 514 proyectos del IIRSA, cuya inversión llega a los 70 mil millones de dólares.
De diez ejes de integración caminera, seis pasan por Bolivia: andino, sur, Hidrovía Paraguay-Paraná, interoceánico central, Bolivia y MERCOSUR.
Santa Cruz-Puerto Suárez
La Organización Indígena Chiquitana (OICH) vigiló desde octubre de 2006 el proceso de construcción de la carretera bioceánica Santa Cruz-Puerto Suárez y comprobó los impactos de esta carretera en varias zonas y comunidades, específicamente entre el Tinto y Roboré.
“La construcción e la carretera ha causado impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los impactos son causados por una falta de participación de la población afectada, por no respetar las leyes nacionales y convenios internacionales. La mala formulación e implementación el plan de mitigación de impactos socio ambientales de la carretera ha permitido que la carretera cruce ecosistemas extremadamente frágiles”, se lee en un informe de la OICH.
Entre los impactos que se encontraron se destacan: deforestación, contaminación y disminución de fuentes de agua, atentados a las culturas locales, aumento de deuda externa, conflictos por tierra, problemas de salud, acoso sexual, pérdidas de flora y fauna y malas condiciones laborales.
La carretera bioceánica tiene una distancia de 585 kilómetros, en ese tramo se encuentran asentadas 45 comunidades indígenas y su costo estuvo calculado inicialmente en 245 millones de dólares; sin embargo, aumentó en más de 500 millones de dólares.
De acuerdo al testimonio de periodistas de Santa Cruz y Puerto Suárez, la construcción de la carretera generó hasta problemas sociales. “En dos años que duró la primera fase de la obra se instalaron prostíbulos móviles en los campamentos de la empresa constructora. Se contrataban a niñas indígenas”, señaló el reconocido periodista de Radio Santa Cruz, Carlos Salazar.
La incidencia del Sida entre ayoreos y chiquitanos aumentó considerablemente al igual que la prostitución, “los datos están en el Defensor del Pueblo”, de acuerdo a la versión del investigador del Ceadesc, Miguel Suárez.
CACHUELA ESPERANZA
El proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza forma parte del Complejo Río Madera, considerado el proyecto más polémico de IIRSA. Consiste en dos proyectos hidroeléctricos en Brasil (San Antonio y Jirao), un proyecto binacional Bolivia-Brasil (Ribeirao) y un proyecto en Bolivia (Cachuela Esperanza).
Éste último tendrá una superficie de 690 kilómetros cuadrados, tres veces más que cada una de las represas brasileñas. Tomando en cuenta que la cantidad de energía es tres veces mayor que la energía generada en Brasil 990 megavatios frente a 3300 y 3150 megavatios, lo que implica que el impacto de Cachuela Esperanza en temas como la emisión de gases con efecto invernadero será diez veces más grave que por cada megavatio producido.
“El río Madera es el río más biodiverso del mundo, además de ser el río amazónico con más sedimentos. En su cuenca viven muchos pueblos indígenas de los cuales algunos no han sido contactados o viven en aislamiento voluntario. Características que implican que los impactos de los proyectos hidroeléctricos en el Río Madera serán más grave que en cualquier otro río”, se lee en un artículo de Henkjan Laats, director e la Fundación Puente Entre Culturas.
La ejecución de este proyecto trae consecuencias a la biodiversidad, afecta a pueblos indígenas, se registró una deforestación masiva y la muerte entre 11 a 60 toneladas de peces.
INTEROCEANICA SUR
De acuerdo al estudio efectuado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), IIRSA implica intensos y duraderos impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que afectan a los derechos humanos de los pueblos indígenas originarios campesinos del Perú reconocidos por el Convenio 169 y la OIT.
“El proyecto de hidroeléctrica de Inambari implica el desplazamiento forzoso de miles de pobladores en su mayor parte quechuas y aymaras el altiplano andino y sus descendientes, la destrucción de tierras, territorios, economías, servicios, identidades e infraestructuras de dicha población; afectación del derecho a la salud humana y ambiental mediante una gigantesca inundación del bosque tropical con contaminación de emisiones de gas metano que aumentará la deglaciación de nevados cercanos”, indica el informe de la CAOI.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) realizó análisis críticos de los proyectos IIRSA en diferentes foros efectuados en Cochabamba (2006), La Paz (enero 2008) y Lima (junio 2008), en los cuales se consideró la importancia de un análisis más detenido y en profundidad del Proyecto Interoceánico Sur que recorre desde Porto Velho (Brasil) hasta Ilo (Perú) y en particular los impactos negativos sobre los pueblos y comunidades ubicadas en las regiones de Madre de Dios, Puno y Cusco.
http://cedla.org/obie/content/7750