La eliminación de medidas sustitutivas para los delincuentes reincidentes, que se propone en el proyecto de ley para apoyar a la seguridad ciudadana, vulnera el principio de presunción de inocencia y, con ellos, principios universales sobre los derechos humanos, alertaron juristas.
El documento, al que tuvo acceso La Razón el jueves, prevé que los delincuentes reincidentes no podrán beneficiarse de medidas sustitutivas a la detención y sus bienes podrán ser anotados preventivamente con sólo una orden del fiscal del caso.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, aseguró que este aspecto puntual de la propuesta de ley no persigue el sentido de justicia que debe prevalecer en las leyes.
“Hay delincuencia reincidente en aquella persona que tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y cuando no la hay, estamos violando el principio de presunción de inocencia de la persona y que está establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución”, recordó.
Este criterio compartieron los jueces Williams Dávila y Róger Valverde, quien también representa a la asociación de jueces. Valverde consideró que “esa crudeza en las penas no combatirá la delincuencia”, porque el problema es estructural.
Para Dávila, “si las leyes no se hacen de acuerdo a la Constitución, vamos a estar perdidos”.
Amnistía Internacional (AI) recomendó a la Asamblea Legislativa boliviana que las leyes que analiza para reformar el Órgano Judicial se enmarquen en el respeto a los derechos humanos y garanticen la independencia de poderes, informó esa organización, según reportó EFE.
AI señaló en un comunicado que envió una carta a los parlamentarios pidiéndoles “que los derechos humanos estén en el centro de toda discusión” de las propuestas legislativas para la reforma del sistema de justicia.
La propuesta de ley también endurece condenas para jueces, por delitos de prevaricato y cohecho. Las condenas van de 4 a 8 años, de tal forma de que los acusados no puedan burlar a la justicia con el perdón judicial, de recibir una condena de tres años.
“No se ataca el tronco del problema, que es el sistema judicial. Eso pasa por mejorar la independencia”, sostuvo Wayar.
http://www.la-razon.com/versiones/20100227_007016/nota_247_960265.htm