Una comisión multidisciplinaria del Gobierno evaluará la próxima semana el caso de la desclasificación de documentos de la dictadura de 1980 para responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió una explicación de las investigaciones sobre los desaparecidos.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Nilda Copa, señaló que toda información en el país debe ser transparente, de frente al pueblo, y por ello la comisión analizará el caso de los archivos militares.
“La próxima semana tenemos una reunión para ver este tema, porque no puede haber archivos cerrados, no puede haber privacidad de información (ni de las Fuerzas Armadas), cuando en nuestra Constitución Política del Estado se garantiza el acceso a toda información para la población, por eso hasta ahora hemos insistido en que se abran los archivos”, dijo.
La autoridad, según la red Erbol, explicó que tras la evaluación de la comisión gubernamental, en su momento, se elevará un informe sobre el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
“Sabemos que la (Comisión) Interamericana muchas veces actúa en base a la información que le dan, por eso nosotros como Estado boliviano daremos nuestra posición en su debido momento después de la reunión de evaluación”, afirmó.
Mientras tanto, el juez Róger Valverde indicó que ya presentó un informe ante el Ministerio de Justicia porque mediante esta cartera de Estado se responderá a la solicitud de la CIDH. “El Estado boliviano está respondiendo (a la CIDH) mediante el Ministerio de Justicia, entonces (esta cartera de Estado) ha pedido a la Corte Superior para que a su vez yo informe respecto de los pormenores del proceso”, señaló Valverde.
La CIDH conminó al Estado boliviano a presentar una explicación sobre las investigaciones que emprendió en torno a la desaparición de Carlos durante la dictadura de Luis García Meza.
Olga Flores, hermana del desaparecido Flores Bedregal, manifestó que el Gobierno de Evo Morales conoció la solicitud el 26 de enero y que hasta el 26 de febrero tenía plazo para entregar el informe; sin embargo, incumplió.
“Hay plazos por cumplir, el Gobierno (de Evo Morales) está incumpliendo el plazo, lo que significa que no hay disponibilidad de resolver el problema”, sostuvo Flores.
De acuerdo con la denunciante, después de la admisión de la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno boliviano tenía la oportunidad para llegar a una negociación amistosa, pero esto no sucedió y puede ocasionar una sanción al Estado, por incumplimiento y trabas en la investigación.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-03-09&idn=15700