Ajuste: El Gobierno anuncia una reforma o nueva Ley de Tierras, que definirá competencias institucionales y nuevas formas de saneamiento.
Víctor Camacho, desde el Viceministerio de Tierras, plantea impulsar una reterritorialización de las comunidades indígenas originarias y campesinas para garantizar su seguridad jurídica. Además, una reforma a la actual Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria o, en su defecto, una nueva Ley de Tierras. Desde su nuevo cargo, asegura que hubo un importante avance, en un 49 por ciento, en el saneamiento de la tierra.
Sin embargo, considera que el uso productivo de la propiedad debe entenderse como un aporte a la seguridad alimentaria y un elemento para verificar el cumplimiento de la función económica social (FES). Además, se plantea incluir como tarea del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la administración de la tierra.
—¿Habrá cambios en la modalidad de saneamiento?
—El problema de tenencia de la tierra tiene que ver mucho con los procesos históricos que se han venido dando en Bolivia. A mi juicio, hay dos aspectos que falta ajustar, el primero es la priorización de áreas de saneamiento, eso implica qué criterios, la institución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y el Viceministerio (de Tierras), conjuntamente, toman para dar prioridad a las áreas donde vamos a actuar.
—¿Y qué modalidades se están analizando?
Puede haber un criterio de hectáreas, es decir, no tomó en cuenta la participación de las organizaciones sociales o sus aspiraciones. Otro criterio puede ser por provincias, que no está presente actualmente. Puede ser por el grado de conflicto, hay áreas de sumo conflicto donde se debería intervenir, quiero verificar si aún ese criterio se mantiene, porque debería ser uno de los elementos que nos guíe, si bien no vamos a tener muchos resultados en hectáreas, vamos a resolver conflictos sociales fuertes. También se puede sanear en función de las prioridades del Gobierno nacional. En materia de la tenencia de la tierra, vamos a reterritorializar las comunidades indígenas originarias y las comunidades campesinas para que éstas puedan tener claramente establecido cuál es su territorio, cuál es su parcela, y tengan seguridad en la tenencia de la tierra.
—¿Y qué dicen sobre esto los campesinos?
—Hemos planteado que se declare la década productiva. En ese marco, los campesinos plantean la consolidación de la tenencia de la tierra de comunidades campesinas e indígenas, eso implica cambiar el enfoque. El Viceministerio y el INRA deben cambiarlo; si es que no están en la línea, vamos a dar prioridad a las áreas de comunidades indígenas sin desmerecer el derecho de particulares a titular sus tierras.
—¿Esto implica un cambio en la normativa?
—Primero, debemos adecuar la Ley INRA a la actual Constitución Política del Estado (CPE), esa tarea implica o reformar la actual Ley INRA o tener una nueva Ley de Tierras, porque la orientación y las bases fundamentales de la Ley de Tierras y los procedimientos tienen que ser ajustados en esa reformulación, que va a ser una línea de trabajo del Viceministerio. Lo estamos planteando como un proceso participativo entre organizaciones sociales, gremiales, empresariales e instituciones, queremos discutir varios temas de fondo.
—¿Se trata de cambiar la norma en su totalidad? ¿Cuál será entonces el nuevo esquema?
—La primera es redimensionar las bases fundamentales del derecho agrario, esto implica que debemos introducir en la Ley de Tierras los derechos de la Pachamama, no debe ser un discurso, sino debe ser una base de procedimiento agrario. Entonces, por ejemplo, hay una propuesta de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) que dice que una de las bases fundamentales tiene que ser el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
—¿Esta visión cómo cambiará el proceso de reforma agraria?
—Como base fundamental se van a establecer cuáles son los derechos de la Madre Tierra que estamos obligados a respetar. Por ejemplo, tiene que haber una adecuación a prácticas buenas (del uso de la tierra), o lo contrario es el no cumplimiento de la función económico social (FES). Un elemento que debemos discutir con las organizaciones sociales y con los empresarios privados es ver si verdaderamente estamos en condiciones de aplicar esto, desde pensar que la tierra es un ser vivo, que implica que debo tener prácticas equilibradas que resguarden el medio ambiente, por ejemplo. Desde ahí hemos sacado el principio de que la tierra es de quien la trabaja, que ha sido en una etapa histórica; pero ahora estamos en otro momento de decir la tierra es de quien la trabaja, pero también de quien la respeta y la cuida, y de quien utiliza adecuadamente los recursos naturales y de quien aporta a la seguridad y la soberanía alimentaria del país.
—¿El tener que cumplir ahora los derechos de la tierra cómo se lo va a aplicar?
—Son cuatro elementos que deben conjuncionar en el tema de la tenencia de la tierra, y eso es de fondo, eso es plantear una perspectiva agraria hacia el futuro, es decir, señores, no basta con que yo trabaje la tierra, la explote a la tierra y con eso titule, porque lo que hace el saneamiento generalmente es verificar que yo esté trabajando la tierra; ahora hace falta verificar que la esté trabajando bien, que estoy tomando acciones de conservación de la tierra, del futuro. Pero también estamos obligados a que la tenencia de la tierra debe estar condicionada a que estoy aportando a la soberanía y seguridad alimentaria del país, eso es estratégico.
Otro elemento que estamos pensando es el tema institucional. Ahí vamos a realizar una discusión, así como están las instituciones agrarias, ¿responden o no ahora a las necesidades de transformación de la temática agraria? Hay que discutir muchos temas: primero, las comisiones agrarias departamentales (CAD), la Comisión Agraria Nacional (CAN) funcionan o no funcionan; ¿se han constituido en instancia institucional capaz de aportar en los pactos de los actores agrarios? Tenemos serias dudas si aún esas instancias pueden aportar a los procedimientos agrarios, tenemos que discutir, ver cuáles son las instancias que puedan garantizar los pactos territoriales que puedan garantizar procesos de asentamiento mucho más concertados.
Tenemos que ver la institucionalidad de la CAD. Por ejemplo, en la propuesta de los campesinos hay la necesidad de constituir los consejos territoriales que puedan tener una representatividad desde la comunidad, las provincias y los departamentos, y hay un consejo nacional, esos consejos deberían aglutinar a todos esos actores sociales que en las provincias puedan tener su propia valoración de lo que es su temática de tierras. El interés fundamental en esto debería ser la participación social y los acuerdos territoriales.
Otro tema que hay que repensar seriamente es ver cuál es el grado de descentralización administrativa de los INRA departamentales, cómo está funcionando a ese nivel. Tenemos que hacer una evaluación si pueden cada vez asumir mayores responsabilidades, que la nacional se convierta en un mecanismo de articulación, pero que las departamentales se fortalezcan. Tengo mis serias dudas en ese aspecto, creo que todavía no hemos superado una gestión cada vez más descentralizada, cada vez más concreta de las departamentales.
Tenemos que redimensionar la función que tiene el INRA en ese aspecto, ver qué ha funcionado positivo, pero ver qué tenemos que ajustar, y fortalecer las direcciones departamentales, y éstas se conviertan en un instrumento descentralizado con facultades fuertes que coordinen con los consejos territoriales.
—¿Cuál puede ser el cambio para el INRA, tomando en cuenta que ahora es una institución que hace sólo saneamiento?
—El INRA no solamente es una institución para sanear, debemos introducir el tema de administración de la tierra, puede ser que en 2013 terminemos con el proceso de saneamiento bien o mal y que se hayan hecho todos los esfuerzos, de ahí que uno de los fuertes en el tema agrario es la administración de las tierras. Hasta ahora, a mi juicio, todavía no se ha dado ese paso, en el concepto de qué es la administración de tierras. Esto implica cómo voy a ejercer mi derecho propietario, derecho de la tenencia de la tierra, y lo voy a vincular al uso de los recursos naturales, que a su vez me vincula al tema productivo; entonces, ahí damos un salto en decir que el tema agrario implica seguridad, tenencia de la tierra, implica fundamentalmente la forma de uso de la tierra y los aspectos productivos.
Entonces, la administración de la tierra tiene que definirse o irse proyectando en cuanto a cómo vamos a administrar, quiénes administran, quiénes son los actores fundamentales, cuál va a ser la función del INRA, del Viceministerio y otras instituciones. Estamos apostando a la consolidación de las autonomías indígenas campesinas, porque voy a reconocer la territorialidad de esa tierra, que es un concepto de administración política de ese espacio.
—¿Sólo el INRA se encargará de estas nuevas tareas?
—El INRA tiene que pasar de su especialidad de sanear tierras a hacer administración junto con las organizaciones. En la actualidad, el INRA tiene todos los instrumentos como para hacer un proceso ágil y contundente. La mayor dificultad es la herencia que quedó de los anteriores gobiernos: burocrática, de procesos de saneamiento con serias dudas. El Observatorio Agroambiental debería ser un instrumento técnico-científico al servicio del Viceministerio. En su estructura, que pueda hacer un monitoreo sobre la tenencia de la tierra o el uso de la tierra y recomendar procesos agrarios. Con el Tribunal Agroambiental vamos a tener que hacer el deslinde jurisdiccional, quién sanciona cuando se daña la tierra, quién resuelve los conflictos de tenencias y propiedades.
—¿Está definido que se va a crear el Tribunal Agroambiental?
—Está definido como propuesta del Viceministerio, lo difícil es hallar las bases para que se haga realidad, ordenaré que se haga el proyecto, ahí hay que definir cuál es su base legal y económica para conseguir el financiamiento necesario para poner en práctica el Tribunal.
—¿Eso implica la desaparición del Tribunal Agrario Nacional (TAN)?
—No; hasta ahora, todas las instancias se mantienen; cuando modifiquemos la Ley de Tierras, posiblemente las instancias se consoliden. El TAN tiene respaldo de la CPE, pero se convertirá en Tribunal Agroambiental.
—¿El Tribunal ahora tiene más funciones de las que tenía?
—El Tribunal Agrario hace poco conocía todas las apelaciones agrarias, titulación y otros, pero la Constitución Política del Estado (CPE) ahora dice que conocerá también la función agroambiental de las propiedades.
El Viceministerio y el INRA deben cambiar el enfoque de sanear.
Vamos a crear los derechos de la Madre Tierra, de la Pachamama.
Tenemos que evaluar si funcionaron las oficinas.
Se crearán el Observatorio y el Tribunal Agroambiental.
Transparencia en la titulación
El viceministro de Tierras, Víctor Camacho Gonzales, aseguró que el proceso de titulación de tierras será transparente hacia adelante.
Uno de los pilares de esta tarea es la implementación de oficinas anticorrupción, porque se requiere que los procesos que se inicien a partir de denuncias de la población se concluyan sin que nadie tenga que pagar para esto.
—¿Se conocen denuncias concretas sobre este tipo de hechos que hayan sucedido en la anterior gestión, o de dónde nace la necesidad de implementar estas oficinas?
—No conozco denuncias directas, he conocido el caso del Mutún, pero en la experiencia agraria que tengo en anteriores gestiones, se han detectado serios casos de corrupción, en el tema Marinkovic, Yasminka, Monasterios y en otros. Para el saneamiento, en lugar de 50 se ponía 500, en eso actuó bien el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), y ahora hay que profundizar los procesos. Habrá una oficina especializada en la que la gente pueda denunciar casos de corrupción.
Necesitamos una oficina especializada para garantizar la gestión y procedimiento. Si hubiera denuncias, nosotros lo denunciaríamos.
He conocido que en años anteriores, a este Gobierno han quedado varios hechos dudosos. El tema tierra es complicado porque hay diferentes actores, hay técnicos, directores, gente de campo, entre otros. Nadie puede meter las manos, y la intención también es prevenir, es un desafío; cuando se previene, cerramos las puertas a la corrupción y recibimos las denuncias.
Vamos a ver con el Ministerio de Transparencia la implementación de las competencias y los procedimientos para garantizar que una denuncia pueda terminar en una sanción.
PERFIL
La persona: Víctor Camacho Gonzales nació el 17 de junio de 1965 en Cochabamba. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Cursó la maestría en Municipios y Desarrollo Local, mención en Planificación Estratégica, en el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU-UMSS). Fue asesor de Tierra y Territorio en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
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