Representantes de los 52 países que participaron en la presentación del Reporte de Bolivia sobre el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos ante Naciones Unidas, realizada el 10 de febrero en Ginebra (Suiza), recomendaron al gobierno boliviano profundizar acciones y políticas para el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Tras la exposición boliviana, que estuvo a cargo de la ministra de Trasparencia y Lucha contra la Corrupción Nardi Suxo, las y los delegados de la Comisión de Derechos Humanos reconocieron los avances del gobierno boliviano en materia de derechos de las mujeres, tales como el Plan de Igualdad de Oportunidades, la inclusión de 50% de mujeres en el gabinete ministerial y el que haya un 45% de mujeres en el Senado y 23% en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los representantes de países como Brasil, Chile, México, España, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Noruega, India, Libia, Eslovenia, Francia, Kjirstan, Eslovenia, Egipto, Suecia, Suiza, Guatemala y Costa Rica puntualizaron la necesidad de que Bolivia avance en los esfuerzos para la aprobación de leyes, normas y políticas que garanticen la inclusión y reconocimiento de los derechos y no discriminación e igualdad de las mujeres, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.
Entre las principales recomendaciones realizadas en este sentido figuran:
• Trabajar para modificar las prácticas que reproducen y vulneran los derechos de las mujeres en Bolivia, particularmente, los de las mujeres indígenas campesinas, garantizando la protección y ejercicio de sus derechos.
• Dar cumplimiento a las recomendaciones al Estado Boliviano respecto a los compromisos asumidos con la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres” – CEDAW por sus siglas en inglés.
• Garantizar la transversalidad de políticas de género en todas las instituciones y la implementación y fortalecimiento de un mecanismo para responder a las políticas referidas al adelanto de las mujeres.
• Profundizar en políticas para reducir la mortalidad materna, vinculadas a complicaciones en el embarazo, abortos y parto y post parto.
• Diseñar políticas específicas para enfrentar los elevados índices de violencia contra las mujeres y establecer un registro único nacional de atención de casos de violencia.
• Que la nueva normativa legal, incluido el nuevo Código penal, tipifique, incluya, reconozca y sancione el feminicidio como un delito contra las mujeres.
• Contar con mecanismos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la información para la anticoncepción y Aprobación de Ley especifica.
• Promover la aprobación de la Ley de Acoso Político contra las mujeres.
• Mecanismos que garanticen el rechazo, sanción y eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, identidades genéricas y opciones sexuales, su inclusión y visualización en la Ley contra racismo y discriminación que n el gobierno boliviano se encuentra elaborando.
En la presentación, en la que participó también la ministra de Justicia Nilda Copa, se hizo una relación de los avances del gobierno boliviano en materia de Analfabetismo, el Programa Desnutrición “0”, Renta Dignidad, bono “Juancito Pinto”, bono “Juana Azurduy”, el Seguro Universal de Salud, servicios básicos, mejora de infraestructura en escuelas públicas, calidad educativa, titulación de tierras, entre otros. La Comisión consideró que estas acciones estuvieron sustentadas en una política de redistribución sobre la cual se ha ampliado el ejercicio de los derechos de la mayoría de la población, en particular, de la mayoría indígena campesina, originaria.
Otros esfuerzos del Estado boliviano fueron altamente resaltados, felicitados y valorados en las intervenciones de los países que hicieron uso de la palabra para realizar preguntas y recomendaciones a los delegados de Bolivia. Entre los aspectos más ponderados figuran la conformación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Plan de Igualdad de Oportunidades, la constitución de un Ministerio y propuestas de leyes para alcanzar la trasparencia y lucha contra la corrupción y contra la discriminación y racismo y la permanente disposición e invitación para recibir comisiones de procedimientos especiales del Consejo de las Naciones Unidas.
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