Texto: Javier Méndez Vedia / fotos: Promsex y archivos
Ni bien se conocieron, Julio César y Marvin se enamoraron. Después de un tiempo de salir juntos, decidieron compartir el mismo techo. Hablaron con su familia y, a diferencia de muchas que no aceptan esa situación, les brindaron todo el apoyo. Ambos viven hace siete años en un departamento, con la madre de Julio César. Ambos trabajan y aportan. En los lugares de trabajo de ambos todos saben que son gays, pero lo que se desconoce es que la ley trata de cerrar los ojos ante una realidad que se repite con lesbianas, trans y bisexuales. Y no sólo ocurre en Bolivia, sino también con miles de parejas en toda Latinoamérica. Sin embargo, quienes se han unido para hacer un frente común y exigir que se legisle a favor de las uniones civiles, son asociaciones de Perú, Chile y Bolivia. Instituciones de los tres países estuvieron, a finales del año pasado, en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington.
El problema con la ley boliviana consiste en que ha negado la posibilidad de que dos personas del mismo sexo que se cuidan, viven juntas y se asisten hasta el último de sus días, no puedan dejar ningún tipo de herencia. El artículo 63 de la nueva Constitución Política del Estado dice:
I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.
II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas.
Afirma la Fundación Igualdad LGBT: “En una primera versión consensuada de la nueva CPE, el artículo 63 no hacía alusión al sexo de los cónyuges; sólo incluía la categoría de ‘personas’. Poco después, dentro de la Comisión de Concordancia y Estilo y bajo la presión de la Iglesia católica y de las evangélicas, se modificó arbitrariamente el señalado artículo”. Un criterio similar tiene Manolo Forno, asociado del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú. Hace más de 30 años que Forno es activista. Recuerda que Perú no quiso firmar una propuesta planteada por Francia y Brasil ante la OEA, para reconocer la violencia contra las personas a causa de su orientación sexual. El argumento consistió en que esa propuesta entraría en contradicción con la jurisprudencia nacional. Pero el problema es otro: “La CPE de Perú plantea que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. La relación de convivencia también. Es la última constitución, aprobada en 1992 durante el gobierno de facto de Alberto Fujimori. Detrás de esto está la Iglesia católica, liderada por el Opus Dei, que tiene vínculos con el Gobierno y presiona con acciones de incidencia política, o en el Congreso para impedir que se aprueben leyes de inclusión”, afirma Forno.
Por eso están organizando una manifestación que se realizará en el Parque del Amor, en Lima. Será el 14 de febrero, y su lema principal será ‘El amor no discrimina, pero la ley sí’. El acto principal será un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y se planteará lo mismo que ya se hizo en la OEA; es decir, el reconocimiento de los derechos, para dejar de ser ciudadanos de segunda y poder disponer de sus bienes y tener el derecho de asegurar a sus compañeros o compañeras de vida.
Otra asociación que asistió a la reunión con la OEA fue Movilh, de Chile, siglas que identifican al Movimiento Chileno de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros y Transexuales. Su presidente, Rolando Jiménez, explica que la petición a la OEA se enmarca en una estrategia múltiple, que intenta usar todos los espacios posibles para instalar la agenda de derechos de la diversidad sexual; esto incluye partidos políticos, Parlamento, opinión pública y medios de comunicación. “La acción se inicia porque ya hemos logrado que otros organismos regionales como el Mercosur integren parcialmente en su agenda la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos de la diversidad sexual”, sostiene.
LA SEGUNDA PARTE
Después de esta representación, las diferentes asociaciones presentarán casos de vulneración de derechos de parejas de gays y lesbianas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Este organismo tiene la posibilidad de imponer a los gobiernos determinados estándares de respeto a los derechos humanos”, explica Jiménez.
Respecto de la posicion de la opinion pública en Chile, según el director de Movilh, “está mayoritariamente a favor de reconocer la igualdad jurídica a las relaciones de parejas del mismo sexo; sólo baja el apoyo en cuanto a la adopción de hijos por parte de homosexuales”, sostiene. “Los partidos políticos en Chile, tanto de izquierda como de derecha, son profundamente conservadores y no han asumido los cambios culturales y éticos de la población”, asegura. En la oficina de Movilh se han recibido numerosas cartas, llamadas y correos electrónicos que felicitaban la iniciativa de la reunión con la OEA.
La Fundación Igualdad se sumará a las acciones con una estrategia que se dará a conocer en abril. En Santa Cruz hubo ya un matrimonio simbólico en una discoteca y en La Paz hubo como 20 bodas también simbólicas. “Las parejas quieren reconocer socialmente que están juntos y presentar su amor ante la sociedad. La gente se casa en el entorno de sus amigos, ante los ojos de alguien, pero hasta el momento, lo que ninguno hizo fue presentar un amparo a la justicia. Esto se hará. Se pedirá en base a la Constitución. Se trata de la igualdad del matrimonio o unión civil para hombres y mujeres”, dice Álex Bernabé, presidente de la Fundación Igualdad.
Resulta interesante que en Bolivia haya elementos legales recientes que favorecen a la población LGBT. Por ejemplo: un decreto supremo estableció en 2008 al día 17 de mayo como Día de la No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en Bolivia y el 28 de junio como Día de la Visibilización de los Derechos Humanos de la Población Gay, Lésbica, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero y Transformista de Bolivia.
Otro decreto de junio del año pasado resalta que la Constitución Política del Estado en su artículo 14.2 establece la prohibición de todas las formas de discriminación fundada en sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosofía, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
Por todo esto, la situación se ve clara a los ojos de las tres organizaciones que participaron en la audiencia con el Alto Comisionado. No es extraño que se haya considerado pedir a los tres estados una carta de información, para que éstos informen cómo está la situación de este tema.
“La OEA urge a los estados a legislar a favor. Ésa fue la respuesta. No existe un sistema de derecho para proteger la diversidad sexual a escala internacional, así que se urge a los estados promover politicas antidiscriminatorias”, explica Bernabé. Mientras ese ‘lobby’ sigue su curso, Julio César y Marvin están decididos a ser los primeros en manifestar públicamente los sentimientos que los unen. Pronto se verá de qué manera lo harán.
http://www.eldeber.com.bo/extra/2010-01-31/nota.php?id=100131222034