El fiscal Milton Mendoza informó ayer que notificó al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) para que el próximo miércoles se cumpla la orden judicial para el acceso y la entrega de los archivos clasificados de las dictaduras que se presume están en el Estado Mayor de Miraflores y otras reparticiones militares.
El operador de justicia señaló que fijó la fecha puesto que las autoridades de las FFAA no dieron hasta el momento una respuesta oficial a una nota que les mandó el pasado mes para darles a conocer que el juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Róger Valverde, ordenó la desclasificación de los documentos militares.
El representante del Ministerio Público explicó que sólo recibió en los últimos días una misiva del ministro de Defensa, Rubén Saavedra, quien expresó su predisposición para colaborar con la aplicación de la instructiva judicial.
De acuerdo con Mendoza, el acto de solicitud de ingreso al área de documentos clasificados será efectuado el 17 de febrero, a las 09.30, puesto que el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas no se pronunció sobre la disposición de fecha y momento para la tarea.
“No iremos a pedir un favor, sino a exigir el cumplimiento de la decisión judicial establecida en el empeño de cumplir nuestras funciones públicas”, aseveró el fiscal.
Por otro lado, recordó que quienes se opongan a la instrucción del juez Octavo de Instrucción en lo Penal podrían ser procesados por resistir a órdenes de una autoridad legalmente establecida y obstaculizar la averiguación de la verdad en un proceso judicial.
La investigación del Ministerio Público tiene como principal objetivo encontrar los restos del principal dirigente político del Partido Socialista 1 (PS-1), Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona, quienes fueron asesinados durante la dictadura de Luis García Meza en la década de los años 80. Varias pesquisas anteriores fracasaron porque las autoridades militares se rehusaron a desclasificar los archivos de aquella época, pese a que allí puede haber información sobre el destino de los desaparecidos y otras personas.
El acceso a los documentos hará posible contar con datos más sólidos y analizables para establecer lo sucedido con los dirigentes políticos, en el marco del cumplimiento de las normas legales nacionales.
El Ministerio Público teme que parte o toda la información recopilada de las dictaduras haya sido destruida o sustraída de las dependencias militares en las últimas décadas.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-02-12&idn=14683