El Defensor del Pueblo expresó su profunda preocupación e indignación por "la pasividad y silencio" de las autoridades prefecturales del país, frente a los recurrentes hechos de violencia que afectan a niños y adolescentes.
"De acuerdo al seguimiento que se realiza, La Defensoría del Pueblo observa con mucha preocupación el considerable incremento de hechos de violencia sexual perpetrada a niñas y adolescentes en Centros de Acogida de Gestión Social de las Prefecturas", señala la declaración oficial 002/2010, divulgada por esta institución.
La declaración recuerda que la misión de los Servicios Departamentales de Gestión Social es prestar atención, protección, y defensa socio jurídica de la familia, mujer, niños, niñas y adolescentes y desarrollar planes y programas integrales dentro su respectiva jurisdicción, en el marco de las disposiciones legales vigentes.
"Sin embargo, incumplen sus funciones mostrando una debilidad en sus servicios, argumentando la falta de asignación de recursos", remarca la declaración oficial.
En ese marco, el Defensor del Pueblo, en aplicación de las leyes vigentes, recomendó "aplicar debidamente las normas vigentes señaladas en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo ratificados por Bolivia, el Código, Niño, Niña y Adolescente, el Código Penal y otros instrumentos legales".
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