“Frente a las publicaciones de prensa que destacan casos recientes de violación y abuso sexual de niños en el país, Unicef se manifiesta consternado (...) y propone una revisión de la normativa existente para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores”, indicó este organismo en un comunicado.
Unicef instó a las autoridades a eliminar toda forma de explotación y abuso sexual de niños con “un compromiso en lo administrativo y legislativo en pro del enjuiciamiento y criminalización efectivos” de los violadores. “Se requiere de sistemas legales operativos que aseguren un apropiado seguimiento a los casos de abuso y que garanticen la protección y asistencia a las víctimas”, indica el comunicado que considera que en Bolivia “puede hacerse mucho más para enfrentar la vulnerabilidad manifiesta” de los menores de edad en estos casos.
El máximo representante de este organismo en Bolivia, Gordon Jonathan Lewis, invitó “a la sociedad boliviana a hacer una evaluación introspectiva y autocrítica sobre esta problemática, preguntándose si éste es el futuro que se quiere garantizar a la niñez y adolescencia del país”.
Rossy Valencia, directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Santa Cruz, señaló estar de acuerdo con endurecer las penas de cárcel contra los abusadores sexuales, porque considera que la actual ley es altamente ‘garantista y protectora’ de los delincuentes. “Nosotros hemos caminado muchísimo en fortalecer el sistema de protección a los niños, niñas y adolescentes sin la ayuda de nadie e incluso contra la voluntad de los padres. Invitamos a las ONG que se sumen a nuestra labor, que no se limiten a hablar”, dijo.
El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, reveló que hace un mes y medio solicitó a Unicef apoyo para combatir este flagelo, pero este organismo se negó. “Le pedimos que nos presten técnicos y peritos para estudiar la sociología del problema y para enfrentarlo. El tema no es sólo con leyes, sino hacer más efectivo el sistema con más respaldo al Ministerio Público, más policías, más dureza en la norma legislativa y mayor decisión judicial en los fallos. Unicef no nos apoyó, nos envió una respuesta en la que dice que acudamos al Estado. Cada niño violado es una esperanza que se trunca, porque surge a la sociedad con una gran desventaja”, subrayó Soliz.
Proyecto de ley con castración no convence
La Comisión de Política Social del Congreso y el Ministerio de Justicia analizarán hoy cinco proyectos de ley para fortalecer los castigos de quienes abusen sexualmente contra menores de edad, informó el diputado Guillermo Mendoza (UN), que en mayo impulsó un debate con las instituciones involucradas a fin de elaborar un proyecto legislativo para endurecer las penas para estos delitos.
Entre las opciones barajadas está la castración química o quirúrgica y el aumento de las penas de cárcel a 30 años. El parlamentario dijo que la sociedad civil está de acuerdo con la drástica medida, no así las instituciones que velan por los derechos humanos.
“Grandes intelectuales consideran que el endurecimiento penal no es la solución a los delitos de agresión sexual a los niños y adolescentes, apuestan por la prevención y que se establezcan penas como formas mínimas de convivencia social; el dilema es qué hacer cuando el derecho humano del violador colisiona con el derecho humano de la víctima; la jurisprudencia tiende a velar por el mayor bien social y en este caso es el de la niñez”, señaló el parlamentario.
Mendoza indicó que el proyecto ‘duerme’ desde hace meses en el Ministerio de Justicia, que no se ha pronunciado al respecto, lo cual impide que la propuesta ingrese al pleno camaral, pero confía en que se apruebe en esta legislatura.
Trabajo en favor de las víctimas
- La Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de la Fiscalía de Santa Cruz se fundó en octubre de 2007, siendo la primera institución en Bolivia equipada para combatir abusos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y mujeres adultas.
- Desde el funcionamiento de la UVE, las denuncias de violación aumentaron considerablemente en Santa Cruz y sus alrededores; dicho fenómeno es atribuido a que el servicio es ágil, gratuito y protege a las víctimas.
- De enero a fines de octubre, la UVE atendió 733 denuncias de violación a menores, casi el doble con respecto a 2008, cuando se procesaron 400.
- Un proyecto de ley, además de la castración química y quirúrgica y el endurecimiento de las penas de cárcel, propone que los condenados por violaciones no trabajen en ningún tipo de escuela ni parques, tampoco convivir al lado de niños, aunque sean sus hijos.
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-11-17/vernotaahora.php?id=091116210528