El juicio contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández no tiene ningún valor legal en los juzgados de La Paz, porque el fiscal general anunció la investigación en la Corte Suprema por delitos cometidos en su condición de autoridad, con una proposición acusatoria de los familiares de las víctimas de Pando, según sostiene José Luis Baptista, magistrado del máximo tribunal.
Baptista, en su condición de titular de la Sala Penal Segunda, en septiembre de 2008 conoció la imputación del fiscal en contra del entonces prefecto, el senador Abraham Cuéllar y el alcalde de Cobija, Miguel Becerra.
El ministro sostiene que el juzgamiento al ex prefecto le corresponde a este tribunal, porque así lo estableció el mismo fiscal Mario Uribe, con el anuncio de investigación por el delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, en base a una proposición acusatoria planteada por las mismas víctimas en la Fiscalía de Pando; con esto se descarta que no había proposición acusatoria.
El magistrado explicó que Uribe no puede hacer conocer a la Suprema el anuncio de investigación si no hay proposición acusatoria, “si envió quiere decir que había proposición y desde el punto de vista legal es la Corte Suprema la que debe juzgar a Fernández”.
Poco después de iniciada la investigación en la Fiscalía General, un fiscal del Distrito de La Paz presentó un requerimiento acusatorio contra Fernández ante un juez cautelar, por el delito de terrorismo, situación que fue objetada por Leopoldo Fernández porque ya había en la Corte Suprema una imputación en su contra.
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