Los pueblos indígenas del oriente y la CSUTCB están en estado de emergencia y le exigen respeto al Órgano Electoral.
Las organizaciones sociales le dan plazo para que viabilice la votación de más de 400 mil personas en riesgo de exclusión.
El titular del OEP considera que las personas observadas no podrán sufragar si no cumplen “los requisitos”.
Los indigenas del oriente, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones coincidieron en la defensa del derecho democrático al voto de los 400.671 ciudadanos que fueron observados por el Órgano Electroral Plurinacional (OEP).
La COnfederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) sostuvo que los más afectados y discriminados por la posición del OEP serán los más pobres e indígenas; mientras que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) dio un plazo al ente electoral para que revise su decisión. La Defensoría pidió que se permita el voto.
Por su lado el jefe del OEP, Antonio Costas, ratificó la decisión de evitar que los observados sufraguen si no presentan su certificado de nacimiento. Esta actitud fue calificada como "aberración" por el viceministro Walter Chávez.
En ese contexto ayer se formaron largas filas de personas que pretendían saber si fueron observados. Hubo quejas y protestas. Hasta el mediodía la página web del OEP, www.cne.org.bo estaba colapsada y los teléfonos de consulta, saturados.
"No podemos tolerarlo, quieren inhabilitar a la gran mayoría de los pueblos indígenas de las tierras bajas con toda seguridad", señaló Pedro Nuni, dirigente de la Cidob.
"No nos vamos a quedar con las manos atadas por que no nos van a quitar el derecho a emitir nuestro voto", dijo Nuni; mientras que Adolfo Chávez, presidente de la misma entidad, aseveró que el pueblo Araona (La Paz-Prov. Iturralde), que ejercería su derecho al voto por primera vez, quedaría excluido.
A su turno, la interina Defensora del Pueblo, Patricia Flores, recordó que desde 2002 hasta el moemnto la Defensoría apoya en las tareas carnetización gratuita, junto al S ervicio Nacional de Identificaciones de la Policía y el OEP, el el marco de "promover el derecho a la identidad de las personas".
Flores confirmó que en la carnetización muchas personas del área rural no contaban con los certificados correspondientes, pero se hicieron los esfuerzos para documentarlos en el marco de lo que establecen las normas. "Confiamos en que la Corte hará su trabajo para cruzar la información y permitir que estas personas ejerzan su derecho a la identidad y al voto".
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