Numerosos efectivos policiales frustraron el intento de un grupo de personas con discapacidad que ayer por la tarde intentó tomar las oficinas de la Dirección Departamental del Trabajo para iniciar una huelga de hambre en el lugar y exigir al Gobierno el pago de un bono anual de Bs 3.000.
A las 15:30, un grupo de personas con discapacidad pretendió instalarse en esta entidad estatal; sin embargo, hubo un desalojo rápido y violento ejecutado por policías. Hubo un momento en que la situación se puso tensa, debido a la presencia de dos niños con parálisis cerebral que se encontraban en medio del forcejeo.
La presencia de los menores de edad hizo que funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervengan y pidan a las madres de estos pequeños retirarlos del conflicto, ya que, además de estar enfermos, debían soportar el calor, los gritos y la tensión generada por la presión que ejercían las personas con discapacidad para ingresar en la oficina del Trabajo. No obstante, las madres se rehusaron a sacar a sus hijos del medio del conflicto.
La situación se mantuvo durante toda la tarde y las actividades de la Dirección Departamental del Trabajo se interrumpieron. Varios ciudadanos llegaron hasta el lugar para realizar sus trámites, pero se tuvieron que marchar porque no había atención. Funcionarios de esta repartición explicaron que las actividades quedaban suspendidas hasta que las personas con discapacidad se retiren.
Verónica Pinto, en representación del grupo de manifestantes, aseguró que ellos no se moverán del lugar, pues aseguran haber sido maltratados por los policías y ‘lo único que buscaban era iniciar una huelga de hambre’.
Javier Salguero, director nacional de discapacidad del Ministerio de Justicia, que hasta principios de este mes fue el nexo entre el Gobierno y los discapacitados, ayer sostuvo que ya no tiene ninguna instrucción para ocuparse del tema.
La protesta comenzó en septiembre y no hay salida
Las personas con discapacidad de Santa Cruz iniciaron sus movilizaciones en septiembre de este año, primero se colgaron en sus sillas de ruedas en el puente del Urubó, arriesgando su vida. Posteriormente se instalaron en las oficinas de la Defensoría del Pueblo, donde continúan sus protestas, evitando que los funcionarios de esta institución realicen sus actividades con normalidad.
Las gestiones ante el Gobierno, realizadas por la Defensoría del Pueblo, y las negociaciones con las autoridades gubernamentales, no tuvieron resultado.
El 6 de noviembre, el mismo grupo intentó tomar como rehenes a tres funcionarios gubernamentales, entre ellos a Javier Salguero. Para lograr salir, las autoridades firmaron un documento en el que se comprometían a buscar una salida al problema. Sin embargo, hasta la fecha no hubo ninguna respuesta.
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